La Fiscalía Europea investiga la posible malversación de fondos de la UE destinados a la actualización de la línea férrea Madrid-Sevilla, tras el accidente sucedido en Adamuz.
La hipótesis principal señala que una soldadura defectuosa en la vía fue la causa del siniestro, que resultó en 46 fallecimientos.
En 2024, la Comisión Europea asignó a España 111,6 millones de euros para modernizar esta línea, reconocida como obsoleta y que requería mejoras urgentes.
Tres eurodiputados han solicitado información sobre la administración de estos fondos y han subrayado que parte de las obras comprometidas no se llevaron a cabo.
La Fiscalía Europea examina la posible malversación de fondos de la UE en la renovación de la vía donde el 18 de enero tuvo lugar un accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).
Esta investigación, recientemente iniciada, se desarrollará de manera paralela a la que lleva a cabo un Juzgado en Montoro, localidad cordobesa.
Por ahora, una de las principales líneas de investigación de la Guardia Civil, responsable de las pesquisas bajo la dirección de la juez Cristina Pastor, apunta a que el accidente fue causado por una soldadura defectuosa en la vía, provocando su ruptura.
En 2024, la Comisión Europea autorizó la entrega a España de un total de 111,6 millones de euros para renovar la vía de Alta Velocidad Madrid-Sevilla, donde ocurrió el accidente que causó 46 muertos.
Estos fondos provienen del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y estaban específicamente asignados para modernizar dicha vía férrea.
En diciembre de 2023, Bruselas ya había calificado esta infraestructura como «obsoleta en comparación con el resto de la red española de alta velocidad».
La Comisión Europea destacó la necesidad urgente de modernización para cumplir con «las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria» y los «requisitos de la red transeuropea de transporte».
Por esta razón, el 25 de julio de 2024, la Unión Europea concedió esos 111,6 millones de euros destinados a la línea AVE Madrid-Sevilla.
Actualmente, como informó el diario El Mundo y confirmó EL ESPAÑOL, el Ministerio Público europeo investiga si dichos fondos fueron malversados.
Además, el 2 de febrero pasado, tres eurodiputados del PP (Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez Larraz y Esther Herranz) presentaron una pregunta parlamentaria dirigida a la Comisión Europea, solicitando detalles sobre la asignación y el empleo de los fondos para el AVE Madrid-Sevilla.
Estos políticos pidieron esclarecer cómo se utilizaron realmente los 111,6 millones de euros dado que, según denunciaron, no se llevó a cabo una parte clave —»la sustitución de las traviesas»— de los trabajos acordados.
Además, cuestionaron a la Comisión sobre si evaluó el impacto que la obsolescencia de la infraestructura podría tener en la seguridad operativa de la línea antes de aprobar la subvención.
Por último, los tres eurodiputados alegaron que una de las empresas involucradas en el proceso de renovación estaría implicada en una red de corrupción, aparentemente no relacionada con estos trabajos.
La línea Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992, fue diseñada para alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora y ha sido durante más de treinta años un eje principal del transporte en el suroeste europeo, lo que explica la relevancia otorgada por la Comisión.
Por su parte, la Fiscalía Europea (conocida también por sus siglas en inglés, EPPO) es una entidad independiente de la Unión Europea creada en 2021.
Su función es investigar, procesar y juzgar posibles delitos que afecten los intereses financieros de la UE.
Su mandato principal consiste en combatir el fraude contra el presupuesto comunitario, contando con la facultad de investigar delitos como la malversación de fondos derivados del uso inapropiado de subvenciones de la UE destinadas a proyectos específicos.