Las personas entre 28 y 61 años reciben en promedio un 18% menos en transferencias públicas de lo que aportan en renta, mientras que los menores de 28 y los mayores de 62 son beneficiarios netos del sistema, según Fedea
Si posee nietos, es probable que haya conversado con ellos acerca de cómo han cambiado las circunstancias de vida y los gastos. En cambio, si aún convive con sus abuelos, notará que sus finanzas difieren notablemente de las de ellos, quienes lograron comprar una casa y un coche, casarse y tener hijos antes de cumplir 30 años (¡vaya diferencia!). Aunque los jubilados reclaman —y con razón— que sus pensiones son bajas, los salarios de la juventud no alcanzan siquiera para cubrir un alquiler. La confrontación intergeneracional, tenga fundamento o no (no es el objetivo de este texto), es un tema recurrente.
En medio de este debate, una investigación reciente de Fedea analiza quién sostiene realmente el peso del Estado del bienestar en España. Las personas nacidas entre 1965 y 1998 —adultos hoy con edades comprendidas entre 28 y 61 años— contribuyen más de lo que reciben. El estudio, basado en las Cuentas Nacionales de Transferencia de 2022, refleja cómo este grupo absorbe la mayor parte de la financiación pública, mientras que los jóvenes y los mayores reciben más recursos públicos de los que generan individualmente. No obstante, en última instancia, la dependencia entre generaciones es mutua. El ciclo de la vida.
Las prestaciones económicas benefician principalmente a las personas de mayor edad, lo cual resulta lógico, pues ellos son los que perciben las pensiones tras haber cotizado durante su etapa laboral. Sin embargo, también abarcan a quienes no superan los 30 años, quienes aprovechan principalmente la educación pública. En el ámbito sanitario sucede algo similar: “Se observa un máximo al inicio de la vida y, luego, un crecimiento moderado hasta los 55 años, momento en el que comienza un aumento más marcado”, explican los autores. En resumen, “los beneficios de las prestaciones sociales se distribuyen de manera relativamente equilibrada a lo largo del ciclo vital”.
La edad determina el esfuerzo fiscal
La investigación, realizada por Julio López Laborda, Carmen Marín González, Jorge Onrubia y Ángel de la Fuente, cuantifica con un nivel de detalle sin precedentes cómo circulan los recursos intergeneracionales, desvelando un patrón común en la mayoría de las economías desarrolladas: la edad condiciona tanto los déficits como los superávits fiscales durante toda la vida.
El origen del fenómeno radica en la diferencia entre lo que cada tramo de edad entrega al Estado en impuestos y cotizaciones y lo que recibe en prestaciones, servicios públicos y transferencias. Según los datos de Fedea, las personas ubicadas entre los 28 y los 61 años reciben, en promedio, un 18% menos en transferencias públicas de lo que aportan en renta, mientras que los menores de 28 años y los mayores de 62 constituyen beneficiarios netos del sistema. Este saldo negativo para los adultos en edad laboral refleja la función clave que cumple este grupo como soporte financiero del Estado del bienestar.
“Durante los años que comprenden desde la plena incorporación al trabajo hasta el retiro laboral, la mayoría de la población sostiene con sus impuestos y cotizaciones el gasto público necesario para garantizar la educación, la salud y las pensiones de las generaciones más jóvenes y mayores. El saldo fiscal se invierte en los extremos del ciclo de vida: tanto niños y adolescentes como personas mayores de 62 años reciben, por medio de transferencias públicas y servicios, mucho más de lo que serían capaces de cubrir con sus ingresos propios”, puntualiza el informe.
El ciclo vital y el saldo fiscal: quién entrega y quién recibe
El análisis de las Cuentas Nacionales de Transferencia de 2022 permite observar claramente cómo varía la relación con el Estado según la edad. Fedea detalla que aquellos con menos de 28 años, que todavía se encuentran en formación o en estadios iniciales en el empleo, reciben más recursos públicos —tales como educación, sanidad y ayudas familiares— de los que aportan a través de su trabajo o consumo. Esta situación se modifica progresivamente con la adultez.
Entre los 28 y 61 años, la renta derivada del trabajo y las contribuciones fiscales superan el monto de prestaciones y servicios obtenidos. En este intervalo, el saldo fiscal es negativo: por cada 100 euros pagados, el Estado devuelve en promedio 82 a través de prestaciones y servicios. Este desfase implica que la población adulta constituye el principal financiador del consumo público al nivel general.
Entre los 28 y 61 años, por cada 100 euros aportados, el Estado retorna en promedio 82 en prestaciones y servicios
Al superar los 62 años, el saldo se vuelve positivo para la persona: las prestaciones, especialmente pensiones y asistencia sanitaria, exceden ampliamente el valor de los impuestos abonados. Así, la curva del ciclo vital adopta forma de U, en donde únicamente la edad productiva soporta el esfuerzo de la redistribución intergeneracional.
Un elemento fundamental para interpretar este patrón es que el subsidio medio efectivo, entendido como la diferencia entre transferencias públicas netas y renta total, llega a alcanzar el 125% en mayores, mientras que para los adultos en actividad el tipo medio efectivo de gravamen se sitúa alrededor del 20%.
El consumo público y privado a lo largo de la vida
El estudio de Fedea muestra que el consumo privado en España aumenta de forma constante hasta los 75 años, cuando inicia una ligera caída. En el momento de la jubilación, disminuyen tanto las rentas laborales como los impuestos, y las pensiones se convierten en la fuente principal de ingresos. Aunque el ahorro promedio continúa siendo positivo, se detecta una disminución gradual debido a que muchas personas comienzan a utilizar activos acumulados —principalmente la vivienda— para financiar su consumo en la vejez.
El consumo público, que incluye servicios como educación, sanidad y protección social, presenta picos entre los más jóvenes —por el peso de la educación— y los mayores —por la sanidad y la dependencia—. Entre los 30 y 60 años, la suma del consumo público y privado alcanza su punto máximo, reflejando así el mayor poder adquisitivo y las responsabilidades familiares propias de este colectivo.
La importancia de la familia y el ahorro
No es únicamente el Estado quien distribuye recursos. El informe resalta la relevancia de las transferencias privadas, especialmente dentro de los hogares. Es decir, el papel que cumplen los padres al mantener a sus hijos al menos hasta los 30 años y sostener su consumo privado. Según Fedea, las transferencias intrafamiliares constituyen una fuente esencial para el respaldo de los jóvenes, dado que sus ingresos aún son insuficientes para cubrir todos sus gastos.
La vivienda principal en propiedad también contribuye como mecanismo redistributivo: los adultos que poseen la vivienda financian el consumo de todos los miembros del hogar, fortaleciendo la función de la familia como “institución aseguradora” frente a la insuficiencia de ingresos en las etapas iniciales de la vida.
Las personas nacidas en las décadas de los 80 y 90 enfrentan salarios más bajos, menor capacidad de ahorro y acceso restringido a la vivienda. A los 42 años, acumulan hasta un tercio de la riqueza que poseían generaciones precedentes a su edad.
Aunque el informe de Fedea presenta resultados agregados, indica que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en patrones de ingresos laborales, prestaciones y ahorro, así como en la composición familiar. Por ejemplo, las mujeres suelen atravesar etapas de desahorro a edades más avanzadas que los hombres, lo que influye en la redistribución de recursos.
Otro punto relevante es el perfil del ahorro según la edad. En España, la acumulación de riqueza neta crece con la edad, aunque se estabiliza a partir de los 65 años. El 20% de la población muestra ahorro negativo, especialmente jóvenes, en parte por la tardía emancipación con respecto a la media europea. Y el obstáculo recurrente para ahorrar sigue siendo la vivienda. Quienes tienen una o varias propiedades fortalecen la transferencia intergeneracional de recursos. El valor de las herencias.