El Ejecutivo justifica el veto a las enmiendas del PP, dirigidas a reforzar el control sobre la regularización de inmigrantes y a exigir antecedentes penales, por supuestas limitaciones presupuestarias.
Abogados del Senado consideran que los motivos económicos esgrimidos por el Gobierno carecen de fundamento, ya que las partidas presupuestarias indicadas no figuran en los Presupuestos actuales.
Se acusa al Ejecutivo de emplear criterios distintos, aprobando enmiendas similares presentadas por ERC en el Congreso, pero rechazándolas en el Senado cuando las firma el PP.
Este veto impediría que los controles adicionales aprobados en el Senado sean debatidos y votados en el Congreso, lo que debilitaría la función legislativa de la Cámara Alta.
Este miércoles, el Senado dio luz verde a enmiendas del PP a la Ley de Multirreincidencia con el fin de detener el «coladero de delincuentes» mediante la regularización masiva de inmigrantes promovida por el Gobierno.
Sin embargo, Moncloa busca vetarlas «inventando» fundamentos «sin base», según los letrados de la Cámara Alta.
El Gobierno justifica que las disposiciones propuestas, que impondrían la exigencia de antecedentes penales para conceder permisos de residencia y fortalecerían la Fiscalía, implicarían «un aumento del gasto público».
No obstante, la Secretaría General del Senado califica dichos argumentos como «meras suposiciones» que carecen de sustento.
Incluso, el informe técnico fechado el 16 de marzo y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, recomienda a la Mesa del Senado rechazar el veto del Ejecutivo, argumentando que «no cumple los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional» ni su jurisprudencia.
Los letrados concluyen que la posición del Gobierno respecto a las enmiendas número 8 y 10 es «claramente infundada».
Por su parte, este miércoles el PP celebró otra victoria simbólica en el Congreso, con la aprobación de una moción que insta al Gobierno a «renunciar de manera inmediata» a la regularización de inmigrantes.
Los votos del partido popular se unieron a los de Junts, UPN y Vox, alcanzando una mayoría absoluta de 176 a favor, 172 en contra y ninguna abstención. La iniciativa fue aprobada sin incorporar enmiendas de Vox, que endurecían el texto, ni las de Junts, que pedían la delegación de competencias de inmigración a Cataluña.
«Partidas inventadas»
La enmienda número 8 del PP a la Ley de Multirreincidencia propuesta por Junts planteaba fortalecer el Ministerio Fiscal mediante la creación de nuevas plazas para garantizar la lucha contra la delincuencia reincidente.
En su veto, el Gobierno estimó un coste anual de implantación de 53,7 millones de euros, fundamentando su cálculo en la creación de 491 plazas de «fiscales de segunda categoría».
Los letrados advierten que esta cifra es una «mera conjetura» no respaldada por el Ejecutivo, ya que ni la cantidad de plazas ni su categoría se desprenden del texto de la enmienda.
Además, la propia enmienda contempla un «plazo de dos años» para su implementación con dotación progresiva, lo que implica que no impacta directamente en el Presupuesto vigente (prorrogado desde 2023). El efecto presupuestario podría surgir incluso en 2028.
Un dato que resaltan especialmente los letrados es que la partida presupuestaria 13.06.112A.12X, que el Gobierno señala como afectada, «no figura en los Presupuestos vigentes». En el mejor de los casos, sería «de futura creación» en proyectos presupuestarios posteriores.
En otras palabras, creada actualmente para justificar el veto. Fuentes vinculadas a la presidencia del Senado son claras: el Gobierno «fabrica partidas presupuestarias que no existen» para impedir las enmiendas del PP.
«Interpretación errónea»
En cuanto a la enmienda número 10, el argumento del Gobierno es más débil aún, según los letrados del Senado.
Esta propuesta exigía a los aspirantes a residencia demostrar la ausencia de antecedentes penales. El Ejecutivo alegó que, según Interior, esto implicaría la creación de 400 plazas adicionales de policías nacionales con un coste aproximado de 16,7 millones de euros.
No obstante, los letrados puntualizan que la enmienda no pide «en absoluto» un incremento en los efectivos policiales. Acusan al Gobierno de «atribuir a la enmienda lo que no dice» para justificar el veto.
Fuentes internas de la Secretaría General del Senado son tajantes al afirmar que «se han cruzado todas las líneas rojas«.
Añaden que, si esta interpretación prosperara, el Ejecutivo debería vetar casi cualquier enmienda, ya que toda medida conllevaría un coste indirecto en personal. Recuerdan además que el Tribunal Constitucional exige impactos «efectivos y reales», no «hipotéticos» ni de segunda orden.
Doble rasero
El dictamen de los letrados también evidencia un doble rasero calificado como una «discriminación injustificada» entre grupos parlamentarios y cámaras.
Por ejemplo, el Grupo Parlamentario Republicano (ERC) presentó en el Congreso una enmienda con contenido «muy similar» a la número 8 del PP en el Senado – que proponía la creación de plazas judiciales en Cataluña en un plazo de tres años– y el Gobierno no la vetó.
Fuentes próximas a la presidencia del Senado explican con precisión: el Ejecutivo «bloquea enmiendas parecidas en el Senado, pero permite su debate y votación en el Congreso cuando proceden de grupos afines al Gobierno o firmantes del pacto de investidura«.
Incluso, fuentes de la Secretaría General alertan que en esta ocasión el Gobierno ha ido «un paso más allá».
No se limita a presentar argumentos de impactos presupuestarios «imprecisos o plurianuales» –que el TC ha corregido en varias sentencias–, sino que directamente «forma el veto de manera arbitraria y ficticia», discriminando entre grupos (PP y ERC) y cámaras (Congreso y Senado).
Estas fuentes sostienen que el objetivo es que las enmiendas aprobadas este miércoles en la Cámara Alta no lleguen al Congreso tras su «segunda lectura» y así queden fuera del orden del día antes de ser debatidas y votadas, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Privar al legislativo de su función
El resultado práctico sería que la ley perdería las dos salvaguardas introducidas por el PP en el Senado frente a la regularización «sin control» de inmigrantes con antecedentes penales.
Fuentes vinculadas a la presidencia del Senado son firmes: «Quien legisla realmente es el Gobierno junto a la Mesa del Congreso», ya que el Ejecutivo, añaden, «usurpa la función de una parte del legislativo», el Senado, con la presunción de Francina Armengol, que actúa «milimétricamente bajo sus órdenes».
Los letrados también recuerdan que España lleva tres años consecutivos sin aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado.
Esta «anomalía» tiene implicaciones directas en el debate: el Ejecutivo utiliza una especie de ley del embudo, aplicando criterios amplios para sí mismo y restrictivos para la oposición.
Moncloa se ampara en su facultad constitucional de veto presupuestario, invocando unas cuentas prorrogadas desde 2023, pero calcula impactos en «magnitudes correspondientes a años futuros».
Para los juristas del Senado, «quien no cumple una obligación constitucional no puede aprovechar ese incumplimiento» para bloquear iniciativas legislativas del Parlamento.