La directora general actual protegió su puesto mediante sobornos
A finales de 2023, la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, Marta Gómez Palenque, publicó en su perfil de LinkedIn el siguiente mensaje: «Gracias, Eugenio, por este casi año de enseñanza y trabajo, hoy me siento aún más orgullosa y convencida del trabajo que realizamos #evaluacionambiental».
Casi tres años después, con él detenido acusado de recibir sobornos según una investigación de la Guardia Civil y ambos imputados en otro procedimiento por decisiones adoptadas en aquel período, el mensaje sigue visible en internet. Junto a este, aparece una fotografía muy cercana de ambos: aparentan estar recién duchados, saludables y llevando una vida tranquila, imagen común en funcionarios de alto rango -la foto no se reproduce al ser de carácter privado, aunque accesible públicamente-.
Eugenio Domínguez acababa entonces de abandonar el Ministerio, adonde había ingresado a principios de siglo como técnico, alcanzando en 2017, todavía con el PP en el Gobierno, el cargo de subdirector, justo un escalón por debajo de la posición que luego ocuparía Gómez Palenque. Ella, por su parte, fue nombrada directora general en 2022 por Teresa Ribera, quien se incorporó a la Comisión Europea en noviembre de 2024.
El periodo de un año y medio en que Domínguez y Gómez Palenque estuvieron al frente de Calidad y Evaluación Ambiental fue decisivo en varios sentidos: para sus propias carreras, para numerosas investigaciones judiciales en curso y para decenas, casi cientos, de proyectos de energías renovables por todo el país, principalmente en la España vaciada. Estas zonas, con extensas llanuras o escarpadas sierras, son idóneas para instalar aerogeneradores o paneles solares, habitualmente en entornos apartados y despoblados, con el fin de abastecer de electricidad a grandes urbes situadas a cientos de kilómetros.
La fiebre por las renovables, impulsada por cuantiosas subvenciones (también fondos europeos), se convirtió en los años anteriores en el objetivo más codiciado para el empresariado español más agresivo tras la burbuja inmobiliaria, especialmente tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Mientras que el PP de Rajoy impuso restricciones en este ámbito, reduciendo primas e implementando el conocido «impuesto al sol», Sánchez mostró una clara apuesta cambiando el nombre del Ministerio de Medio Ambiente por el de Transición Ecológica. De inmediato, se desató una lluvia de proyectos, financiación millonaria tanto privada como pública, y un creciente interés por aprovechar estas oportunidades.
El propio Eugenio Domínguez explicó a EL MUNDO en noviembre pasado, tras salir a la luz el nombre de Forestalia en el caso Leire, que decenas de sus subordinados denunciaron presiones para aprobar proyectos: «España había apostado fuerte por las renovables, y no podía permitirse que por la lentitud en la tramitación los proyectos no prosperaran». Poco después, la Guardia Civil comenzó a investigarle.
En un negocio donde cada paso –la obtención de licencias, compra de terrenos o modificaciones de planes generales– se traduce en dinero, y los proyectos cambian de manos con grandes plusvalías, se establecieron límites temporales «para evitar que los expedientes se prolongaran indefinidamente».
El volumen de documentación e iniciativas para acceder a la llamada “quimera del oro verde” –previa autorización ministerial– era tan elevado que Domínguez, gracias a su experiencia previa como técnico y después responsable, se convirtió en una figura popular entre las empresas que intentaban introducir sus proyectos. El sector llegó a apreciarlo.
Más tarde admitió ante la UCOMA (Unidad Central Operativa de Medio Ambiente) de la Guardia Civil, la semana pasada, cómo Forestalia intentó sobornarle a través del empresario Ignacio López-Galiacho, para quien realizaba trabajos “por las tardes” tras su jornada laboral en el Ministerio.
El papel destacado de Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar y protagonista en numerosas tramas corruptas del PSOE en los últimos años, vuelve a aparecer aquí. Antxon conocía a López-Galiacho y, a través de él, buscó acercarse a Eugenio, mencionándole en la primera reunión a unos empresarios aragoneses interesados en conocerle.
Probablemente, en ese momento Domínguez ya conocía a otras personas, aunque estos nuevos contactos le prometieron algo que le resultó muy atractivo: «arreglarle la jubilación», según confesó a los agentes. Cercano al momento de retirarse, aceptó sin reservas.
La investigación judicial, dirigida por un juzgado de Teruel que ha gestionado el caso con diligencia aunque pronto podría trasladarse a Madrid dada su relevancia ministerial, no tiene claro cuándo Domínguez declaró ante la UCOMA que Antxon Alonso se le acercó. No obstante, su nombre ya figuraba en la lista de objetivos de Santos Cerdán en 2018, cuando el hombre de confianza de Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa, remitió a Koldo García dos listas con cargos estratégicos para operar en actividades poco legales del grupo.
En la relación del Ministerio de Fomento aparecían cinco cargos, y en la de Medio Ambiente, identificada con el nombre «SANTI» en mayúsculas en la esquina superior derecha, tres: el director general del Agua, Rafael Romero; la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Lola Pascual; y Eugenio Domínguez, responsable de Evaluación Ambiental.
Koldo envió esta lista el 10 de junio de 2018 a Fernando Merino, alto cargo de Acciona –investigado por la UCO desde hace años– y Santos Cerdán escribió seis días después a García, apodado «Pequeñín»: «¿Todo bien? […]. Se han efectuado varios nombramientos; si no logramos colocar a alguno, nada será posible».
¿Qué no sería “posible” sin que Eugenio Domínguez permaneciera en Evaluación Ambiental? Lo que sí se logró, especialmente a partir de la llegada en julio de 2022 de Marta Gómez Palenque, procedente de la dirección general de Economía Circular de Castilla La Mancha, es que Domínguez se convirtió en una máquina para gestionar expedientes y emitir informes favorables para las Declaraciones de Impacto Ambiental. Prácticamente una barra libre.
Algunos empleados bajo su mando empezaron a abandonar el departamento, aterrados ante las posibles consecuencias. Otros presentaron quejas por las presiones «constantes y agobiantes» para aprobar permisos y expresaron sus sospechas ante la alta dirección. Domínguez, siempre respaldado por Gómez Palenque, con quien alcanzó buena sintonía según fuentes ministeriales, almacenaba en su ordenador –que incluso se llevaba a casa– decenas y hasta cientos de expedientes. Más que todo su equipo junto.
un pARQUE SÍ, OTRO NO
Y comenzaron las irregularidades. Por ejemplo, el subdirector aprobó un parque eólico con 54 aerogeneradores de Forestalia en Matarraña (Teruel) y rechazó otro proyecto bajo su competencia, el Clúster Cinco Villas, aunque ambos parques estaban prácticamente alineados, alternando aerogeneradores y compartiendo el mismo entorno ambiental –la Guardia Civil destaca este caso en sus informes como claro ejemplo de prevaricación y trato preferente–.
Algo parecido ocurrió en el Maestrazgo, zona boscosa, aislada y virgen en la montaña turolense, ubicada a medio camino entre puntos remotos y con otro parque eólico de gran tamaño al otro lado de la frontera con la Comunidad Valenciana, en Castellón, construido hace 20 años con gran pompa pero que acabó despoblando la comarca. Ese parque, cabe mencionar, fue impulsado y promocionado en su momento por Francisco Camps, ex presidente valenciano, con el polémico nombre de Eolic Lands.
En el Maestrazgo, declarado primer geoparque de Aragón por la Unesco, comenzaron a surgir ofertas de compra de terrenos y cantos de sirena a sus ayuntamientos, que vieron esto con entusiasmo. Sin embargo, cuando Teruel Existe denunció y la UCOMA inició sus pesquisas, la supuesta red de influencias de Fernando Samper, propietario de Forestalia en Aragón, se desmoronó rápidamente. La Guardia Civil reconoce posibles aspectos oscuros en las gestiones municipales, pero intenta limitar las investigaciones para evitar el desgaste judicial.
La estructura de Samper empezó a desmoronarse en el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), que concedía permisos hasta 50W –a partir de esa potencia debían tramitarse en Madrid– y cuyo director hasta 2012, Carlos Ontañón, fue contratado años después por Forestalia, figurando hoy como apoderado de 50 empresas del grupo. De forma general, Samper, ex empresario cárnico, diversificó su influencia, incorporando ex militantes del Partido Aragonés Regionalista, como al ex consejero de Medio Ambiente Alfredo Boné, y a un ex ministro del PP, José Manuel Soria.
Los investigadores de UCOMA coincidieron con sus colegas de la UCO, que también investigan Forestalia en el marco del caso Koldo, en particular las acciones de la conocida fontanera del PSOE, Leire Díez, acusada de un presunto soborno de 200.000 euros para obtener 17,3 millones en financiación pública de una empresa vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Allí aparece nuevamente la figura de Antxon Alonso, quien tuvo como empleado en Servinabar a Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de SEPI detenido junto a Leire Díez. Servinabar resulta ser la proverbial caja de Pandora de todo este entramado, conectando ambas investigaciones a través de las redes de Antxon que vinculan a numerosos implicados.
En ambos grupos de la Guardia Civil ahora no dudan de que aún no disponen del cuadro completo de hechos y responsables. Surge la pregunta: ¿Por qué Koldo remitía a un alto directivo de Acciona la lista de cargos de Fomento y Medio Ambiente en nombre de Cerdán, aparentemente pidiendo apoyo? ¿Y por qué se volvió a contratar a Eugenio Domínguez en el Ministerio, tras su jubilación a mediados de 2023, seis meses como asesor a nivel funcionarial A1 desde la Secretaría de Estado de Hugo Morán, si era vox populi entre sus subordinados que hacía «cosas raras» con los permisos –según recogió textual EL MUNDO–?
Según fuentes reveladas a este diario, que hablaron bajo anonimato entre noviembre y diciembre y un grupo de alrededor de veinte personas declaró ante UCOMA, el papel de Marta Gómez Palenque, supervisora directa de Domínguez, fue fundamental. Una de esas fuentes ministeriales dice: «Hay mucha indignación por la protección que parece recibir la directora por parte de sus superiores, a pesar de que fue ella quien amparó a Eugenio».
Se refieren a esta medida como una maniobra para protegerse: el anuncio de una auditoría interna o cacería de brujas en el departamento «es un cortafuegos para que Eugenio asuma toda la responsabilidad y evitar que las sospechas lleguen a niveles superiores del Ministerio». A los guardias civiles les sorprendió la dedicación y honorabilidad de la veintena de funcionarios que denunciaron los hechos, quienes podrían haber pasado por alto la situación pero no lo hicieron, según las actuaciones.
Por lo pronto, UCOMA no ha hallado pruebas de enriquecimiento personal de Gómez Palenque, según ha podido saber este diario, y los declarantes creen que muchos expedientes solo pasaban por su despacho para una rápida firma, aunque con consecuencias a veces inesperadas. Actualmente, tanto Domínguez como Gómez Palenque están investigados por prevaricación en un juzgado de Madrid, por aprobar un megaparque fotovoltaico de Iberdrola en Alcántara (Cáceres) pasando por alto las normativas, tal como ha certificado la Fiscalía de Medio Ambiente. Ellos, encargados de proteger el Medio Ambiente, ignoraron todos los informes relacionados.
Sin embargo, la Fiscalía ha solicitado ahora el archivo de la causa apoyándose en una cuestión procesal: el plazo máximo para la instrucción habría expirado. Salvados por los plazos, aunque se interpuso un recurso y la cuestión de fondo, que tiene amplias interpretaciones, sigue sin resolverse.
No pasa desapercibido que la influencia que mantuvieron Gómez Palenque y Domínguez manejaba cientos de millones en inversiones en todo el territorio nacional, tanto privadas como públicas. En Alcántara, por ejemplo, hay 22 proyectos involucrados. En este oscuro mundo de las renovables, algunos señalan que el verdadero beneficio reside en las ayudas públicas, replicando un esquema muy parecido al de la burbuja inmobiliaria, donde las subvenciones alimentaron la burbuja hasta estallar.
Así, mientras Domínguez recibía cinco millones de Forestalia para arreglarse «la jubilación», participaba abiertamente en diversos eventos de la compañía y en vídeos aún accesibles en Youtube llamaba al sector a «acelerar los trámites» porque disponía de «muy poco tiempo» para «aprobar» los permisos, Gómez Palenque, a diferencia de él con su pasado político, lo protegía desde arriba.
Y le despidió con palabras afectuosas: «Gracias por liderar la Subdirección durante todos estos años y especialmente este difícil año [refiriéndose a 2023], y gracias por el legado que nos dejas; seguro que veremos hechos realidad todos los planes y trabajos que hemos diseñado juntos para el futuro […] Gracias por aceptar quedarte cerca y seguir remando, y enseñándome».
Finalmente, Teresa Ribera impulsó una decidida apuesta por las renovables y, en 2024, partió a la Comisión Europea con ese bagaje bajo el brazo.
Este diario envió distintas preguntas a Transición Ecológica sobre la actuación de Marta Gómez Palenque durante ese período, sin recibir respuesta.