En Bruselas, funcionarios y diplomáticos contemplan seriamente un escenario en el cual el veto de Viktor Orbán al préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania se prolongue hasta después de las elecciones húngaras del 12 de abril. Lo que ocurrirá tras eso permanece incierto.
¿Levantaría Viktor Orbán su veto al préstamo de 90 mil millones de euros para Ucrania antes o después de que los húngaros voten en las muy reñidas elecciones del 12 de abril?
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Esta es la cuestión crucial que funcionarios y diplomáticos en Bruselas discuten en privado, mientras la disputa por el gasoducto Druzhba toma protagonismo en la campaña electoral, donde el líder opositor Péter Magyar se ha consolidado como el rival más serio frente a casi 16 años continuos de poder de Orbán.
«Orbán sabe que constantemente está poniendo a prueba hasta dónde están dispuestos a llegar los otros Estados miembros», afirmó un diplomático de alto rango, bajo condición de anonimato. «Todas las miradas están puestas en las elecciones y sus posibles consecuencias».
Con encuestas que muestran al incumbente por detrás con doble dígito, el discurso de Orbán se ha vuelto cada vez más combativo e inflamatorio, impulsado por su áspera confrontación con el Presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, retratado en carteles de campaña como corrupto y codicioso.
Además, Orbán acusa a Zelenskyy de cerrar deliberadamente el gasoducto de la era soviética que transporta petróleo ruso barato, supuestamente por «razones políticas» para influir en el resultado electoral.
Zelenskyy, cuya paciencia con las provocaciones de Orbán parece estar llegando al límite, sostiene que el gasoducto fue dañado por un ataque con dron ruso el 27 de enero y que debe ser reparado antes de que las entregas de petróleo puedan reiniciarse eficazmente.
El líder ucraniano inicialmente se mostró reticente a dar un plazo concreto para la reparación, argumentando que los técnicos están en riesgo debido a los bombardeos rusos. Pero, luego de la presión de la Comisión Europea, que se encuentra incómodamente en medio de las facciones opuestas, Zelenskyy accedió a facilitar una fecha para la «posible reapertura» del tránsito.
Esta semana, la Comisión dio un paso relevante al solicitar formalmente a Kiev permiso para que un grupo de expertos externos inspeccione la sección dañada del gasoducto Druzhba.
Aunque el gobierno ucraniano aún no ha confirmado si permitirá la misión de investigación, este gesto ha levantado con cautela la esperanza de que se pueda encontrar un compromiso antes del 12 de abril, principalmente porque el propio Orbán ha impulsado esta iniciativa.
«Hungría aceptará los resultados de dicha misión», escribió en una carta el mes pasado.
Orbán viajará a Bruselas el próximo jueves para participar en una cumbre de la UE, siendo esta la primera ocasión en que se enfrentará a sus homólogos tras imponer el veto al préstamo de 90 mil millones de euros.
La reprimenda parece inevitable: los Estados miembros consideran que Orbán ha incumplido el principio de cooperación leal al retractarse de un acuerdo de alto nivel que los 27 líderes, incluido Orbán, respaldaron personalmente en diciembre.
Hungría y Eslovaquia negociaron una exención del préstamo de 90 mil millones, liberándose así de cualquier obligación financiera relacionada con dicho crédito, lo que agrava la tensión.
«No se puede operar correctamente si un acuerdo pactado por los propios líderes es de repente socavado por uno de ellos. Si ese es el modo en que funciona la UE, tenemos un problema serio», comentó un segundo diplomático, expresando su frustración.
«Un acuerdo es un acuerdo. Si Orbán persiste, estaría cruzando un umbral nunca antes traspasado».
Aunque hay acusaciones mutuas, numerosos funcionarios en Bruselas opinan que Orbán carece de incentivos para levantar su veto en la recta final de una cruenta campaña de reelección cuya base principal es la oposición a Zelenskyy.
Inicialmente, la prolongación del estancamiento hasta mediados de abril era vista con malos ojos en otras capitales, pues se suponía que Ucrania podría agotar su ayuda internacional a principios de abril y enfrentar un posible default. Sin embargo, esa previsión ha cambiado.
En privado, la Comisión ha concluido que Kiev podrá sostener sus gastos de guerra hasta finales de abril, quizá principios de mayo, gracias a los pagos pendientes de una línea de crédito del G7 y un nuevo programa del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Esta actualización abre la posibilidad de que tanto Orbán como Magyar puedan, en teoría, levantar el veto tras el 12 de abril sin causar un daño financiero significativo a Ucrania. (Sin embargo, Robert Fico de Eslovaquia ha advertido que podría heredar el veto si Orbán pierde).
En cualquier caso, funcionarios y diplomáticos coinciden en que la solución, sea antes, durante o después de las elecciones, pasa por Druzhba. Aparte de la misión de expertos, la Comisión estudia ayuda financiera para acelerar las reparaciones.
Las ganas de un Plan B prácticamente se han esfumado. Apelar a los tratados de la UE para diseñar soluciones creativas se considera inviable y poco deseable en esta etapa tardía del proceso legislativo. Mientras tanto, la propuesta del gasoducto Adriático ha perdido fuerza como ruta alternativa después de que Croacia se negara a transportar petróleo ruso debido a las sanciones occidentales.
El consenso en Bruselas mantiene que el préstamo de 90 mil millones de euros a Ucrania, tal como fue diseñado por los 27 líderes en diciembre, debe mantenerse.
Un alto funcionario de la UE afirmó: «Estamos completamente comprometidos con el Plan A».