El Ejecutivo de Pedro Sánchez está diseñando medidas para mitigar el impacto económico de la guerra en Irán, enfrentándose a la incertidumbre sobre su duración y a la ausencia de apoyos parlamentarios.
Moncloa opta por implementar medidas progresivas y focalizadas en los sectores más afectados, como el agrícola, ganadero y el transporte, descartando ayudas generalizadas o reducciones en el IVA.
Sumar ejerce presión para la pronta aprobación de prohibiciones de despidos vinculados a la guerra, suspensión de desalojos y extensiones de contratos de alquiler, mientras el PSOE apuesta por acciones estructurales y temporales.
El Gobierno busca consensos parlamentarios y aprovecha la ocasión para restaurar algunas ayudas del anterior ‘escudo social’, centrando el debate en proteger a los colectivos más vulnerables y en fomentar las energías renovables.
El Gobierno de Pedro Sánchez está elaborando las acciones necesarias para afrontar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán.
Sin embargo, según informan fuentes gubernamentales, lo realiza con prudencia ante dos factores: la incertidumbre sobre la duración y el impacto del ataque estadounidense a Irán, y la falta de respaldo parlamentario que podría poner en riesgo su implementación.
Por ello, Moncloa se inclina por aprobar medidas restringidas a los sectores más vulnerables, evitando decisiones globales como la subvención masiva de hidrocarburos implementada durante la guerra de Ucrania.
Principalmente, Moncloa busca iniciativas que puedan ajustarse, ampliarse o adaptarse según evolucione la situación en Oriente Próximo.
Se explica que la intención es que el plan gubernamental «pueda ajustarse según las circunstancias. Dependiendo de la duración del conflicto, que aún es desconocida, y de su intensidad».
En un inicio, el sector socialista enfrenta la presión de Sumar, su socio en la coalición, que considera que el anuncio de las medidas se ha retrasado demasiado.
De hecho, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, declaró ayer que las aprobaciones comenzarían el próximo martes, aunque fuentes de Moncloa aseguran que dicha fecha aún no está fijada.
Según Moncloa, la aprobación dependerá del avance en el diseño del plan y de los acuerdos con aliados parlamentarios, y en cualquier caso, se adoptarán solo algunas medidas que se completarán en semanas posteriores.
Específicamente, la intención es iniciar con apoyos a agricultores, ganaderos y transportistas, considerados como los más afectados.
Se descartan ayudas generalizadas para consumidores y se mantienen reticencias a reducciones del IVA en alimentos, ya que la experiencia indica que grandes empresas podrían beneficiarse sin trasladar el descuento al consumidor final.
Moncloa recuerda que durante la guerra de Ucrania la aprobación del llamado escudo social tomó casi un mes.
Actualmente, el equipo de Yolanda Díaz presiona para que se establezca una prohibición de despidos relacionados con las consecuencias del conflicto, como el aumento en precios de combustibles y energía; la suspensión nuevamente de desalojos para personas vulnerables y, especialmente, extensiones automáticas de contratos de alquiler, similar a lo aplicado en crisis anteriores.
Sumar también expresa descontento por lo que considera inacción del Gobierno ante el alza en los precios del combustible incluso antes de que los efectos de la guerra se hagan sentir, atribuyéndolo a la especulación de grandes corporaciones.
El precedente del ‘escudo social’
El sector socialista, especialmente los ministros económicos, rechaza estas medidas por entender que la crisis actual posee características distintas. Además, no existe garantía de que Junts, PP y Vox respalden la convalidación del decreto, como ya ocurrió con el escudo social.
El Gobierno sí busca recuperar aspectos incluidos en ese fallido decreto de escudo social, como ciertas ayudas, por ejemplo, el bono social.
La intención máxima del Gobierno es implementar medidas estructurales que, más allá de la coyuntura provocada por la guerra en Irán, prevengan situaciones similares en el futuro, especialmente en materia de dependencia energética.
La vicepresidenta Sara Aagesen señaló este jueves en La Sexta que se planea presentar «medidas estructurales y medidas coyunturales».
Las medidas temporales incluirían elementos del escudo social para proteger «a quienes están más expuestos» y «a los más vulnerables», como la prohibición de cortes de suministro o la ampliación del bono social eléctrico, así como apoyos a sectores afectados como transporte, agricultura o pesca, severamente impactados por el aumento en los precios de combustible.
En el ámbito eléctrico, advirtió que se buscan implementar medidas para bajar la factura de los consumidores y luchar contra el fraude, asegurando que «el impacto final sea real para todos los consumidores».
Respecto a las medidas estructurales, destacó la «ventaja competitiva» que representa para España la apuesta por energías propias, especialmente renovables. «Es el momento de electrificar ese parque renovable y esa generación en nuestro país», añadió.
El Gobierno ha solicitado propuestas a los grupos parlamentarios y reconoce que las ideas van desde las de Podemos, que plantean la nacionalización de empresas energéticas, hasta las del PP, que se enfocan en reducciones fiscales. Necesita constituir una mayoría para poder aprobar los decretos, lo que resulta complicado en la situación actual.
Existe el riesgo de tropezar nuevamente si decide aprobar decretos generales que han sido repetidamente rechazados por los grupos parlamentarios.