Un concejal del PSOE en Palencia legalizó su cambio de sexo para acceder a ayudas que están reservadas para mujeres, provocando una controversia interna en el partido.
La Alianza contra el Borrado de las Mujeres y feministas dentro del PSOE critican la Ley Trans por facilitar posibles abusos en la autodeterminación de género.
El colectivo feminista ha identificado más de 100 situaciones en España donde hombres han modificado su género en el registro para beneficiarse de ayudas, empleos o espacios destinados a mujeres.
Entre estos casos se encuentran funcionarios, presos y hombres registrados en sistemas de protección a mujeres que han recurrido al cambio de género para obtener ventajas legales o administrativas.
El concejal del PSOE en Carrión de los Condes (Palencia), Manuel Garrido, ha provocado sin quererlo una crisis en el seno del partido.
Garrido, dueño de una empresa apícola, realizó un cambio legal de sexo —de hombre a mujer— para solicitar ayudas dirigidas específicamente a mujeres apicultoras.
A pesar de que el PSOE decidió expulsarlo del grupo municipal, la controversia no terminó ahí. Su acción ha sido la excusa para que feministas se posicionen en contra de la Ley Trans.
Este caso ha aumentado las tensiones dentro del partido. La Alianza contra el Borrado de las Mujeres advierte sobre el peligro de que la ley de autodeterminación de género sea empleada con fines oportunistas.
Esta organización, que incluye a feministas relevantes del PSOE como la exdiputada Ángeles Álvarez —actual portavoz—, afirma que este episodio «demuestra» que «los cambios en el registro de sexo basados únicamente en la autoidentificación abren la puerta a distorsionar el objetivo de las acciones afirmativas destinadas a corregir discriminaciones por sexo».
En un comunicado, el colectivo manifiesta que «es la autodeterminación del sexo registral la que genera incertidumbre interpretativa, falta de seguridad en su aplicación administrativa y riesgo de un uso oportunista del marco jurídico».
Las feministas critican «la baja calidad» de la Ley Trans, promovida por Irene Montero durante su ministerio, y sostienen que «la responsabilidad recae en el legislador que ignoró la necesaria seguridad jurídica».
Esta norma fue aprobada con el apoyo no solo de Unidas Podemos, sino también del PSOE, a pesar de ciertas críticas internas encabezadas por la exvicepresidenta Carmen Calvo.
La Alianza contra el Borrado incluso cuestiona al PSOE señalando que, en situaciones como esta, el problema «trasciende la ética interna; debería implicar coherencia política» y pregunta «cuánto tiempo más se seguirá banalizando la política de igualdad permitiendo la gran cantidad de casos en que se usa esta ley jurídicamente insegura».
Más de cien casos
El colectivo feminista ha registrado más de 100 casos, organizados en un mapa de impactos de la autodeterminación del sexo registral divididos en cinco áreas: violencia machista, espacios para mujeres, oposiciones, custodia de menores y prisiones, entre otros.
En todos estos casos, y fundamentados en noticias de distintos medios, varios hombres modificaron legalmente su género sin necesidad de cirugía, con el único objetivo de acceder a puestos o espacios exclusivamente designados para mujeres.
El caso más notable hasta el momento sucedió en 2024, cuando 37 funcionarios de cuerpos de seguridad y militares destacados en Ceuta se declararon mujeres, sin modificar su sexo ni situación personal, para intentar obtener ascensos internos.
Otro ejemplo corresponde a seis hombres madrileños inscritos en el sistema VioGen de protección a víctimas de violencia machista, que cambiaron su género para intentar ingresar en el mismo centro de acogida y residencia para mujeres víctimas de maltrato donde estaba su expareja.
También fue mediático el caso de seis presos en Asturias que solicitaron acogerse a la Ley Trans para cambiarse al módulo femenino; sin embargo, sólo uno continuó con el proceso.
El último caso documentado corresponde al concejal socialista de Carrión de los Condes.
No es el único en este mes: otro ocurrió en Ceuta, cuando una agente de la Policía Local solicitó anular el proceso por malos tratos contra su expareja, alegando que ahora ambos son mujeres y que la condena de 11 meses de cárcel no debió gestionarse en un Juzgado de Violencia sobre la Mujer.