El Gobierno recoge propuestas de los grupos para mitigar las consecuencias del conflicto. En el Congreso se perfilan dos bloques: uno apuesta por la reducción de impuestos; el otro, por la intervención en la economía.
Entre la polarización y las alianzas. Así se desarrollan las estrategias que se ejecutan en España respecto al conflicto en Oriente Próximo. El No a la guerra que incentivaba a la ciudadanía y movilizaba a las bases de izquierda da paso a los planes prácticos para afrontar el impacto que los ataques mutuos ya están causando en la economía doméstica.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha contactado con todas las formaciones parlamentarias —solo Vox ha rechazado responder— para recopilar sus iniciativas. El Ejecutivo no ha presentado propuestas concretas: afirma que estudiará todos los proyectos y preparará uno propio, probablemente similar al adoptado frente a la guerra en Ucrania, la próxima semana.
Mientras tanto, algunos partidos han adelantado sus medidas de forma pública. Así lo han hecho PP, Junts, Podemos y, de forma más puntual, el PNV. Los populares incluso ampliaron su plan, que inicialmente ya coincidía en gran parte con el de Junts, para atender también las demandas clave del PNV.
Se comienzan a distinguir dos bloques en el Congreso: por un lado, los grupos que defienden la reducción de impuestos para aliviar las facturas de ciudadanos y empresas; y, por otro, los que insisten en la regulación de los mercados para controlar suministros y precios.
En el primer bloque están PP, Junts y PNV; en el segundo, Sumar, Podemos, Compromís, EH Bildu, ERC… Los populares, en su acercamiento a los nacionalistas vascos, ya incluyen un conjunto de medidas destinadas a mitigar los efectos de la guerra en las empresas electrointensivas, además de bonificaciones para los usuarios de gasóleo agrícola y pesquero.
En esta adición al plan inicial, el PP propone eliminar el impuesto sobre el valor de la energía eléctrica, una medida también planteada por Junts; establecer una bonificación del 80% en los peajes que enfrentan las empresas electrointensivas y modificar su estatuto como consumidores para que puedan competir en igualdad, coincidiendo con el PNV, que ya presentó una proposición no de ley para fortalecer la resiliencia de la industria siderúrgica y de alto consumo eléctrico, afectada severamente por las tensiones en el Estrecho de Ormuz.
El PP sostiene que solo con eliminar el impuesto a la generación eléctrica, el recibo de la luz se reduciría entre un 3% y un 4%. Además, indica que si estas medidas se mantuvieran durante un año, un hogar medio podría ahorrar alrededor de 900 euros. Tanto el PP como Junts proponen reducir el IVA de los suministros energéticos: los populares sugieren bajarlo al 10%, mientras que Junts lo propone hasta el 5%.
PP, Junts y PNV forman así un bloque con coincidencias significativas en sus propuestas, al que podría sumarse Vox. De confirmarse, concentrarían el voto de la mayoría parlamentaria.
En el segundo grupo figura Sumar, alineado con sus socios situados a la izquierda del PSOE. Sus planes remarcan la intervención estatal y intentan reactivar medidas empleadas durante la guerra en Ucrania.
En concreto, Sumar propone congelar los alquileres, mantener la moratoria de desahucios, prohibir despidos en empresas beneficiarias de ayudas públicas e impulsar energías renovables. Podemos, más radical, pide topes en los precios de alimentación, medicamentos y electricidad, además de transporte público gratuito.
Las posturas enfrentadas anticipan un nuevo choque en el Congreso que podría complicar la aprobación del plan de ayuda, dado que las medidas que finalmente proponga el Gobierno deberán incluirse en un decreto sometido a ratificación parlamentaria.