Anticorrupción sostiene que fueron afectadas por la malversación de casi 44.000 euros, derivada de la colocación de Jéssica Rodríguez en ambas empresas.
El Tribunal Supremo desea conocer si las compañías públicas Ineco y Tragsatec pretenden personarse en el proceso judicial del caso Koldo para reclamar indemnizaciones económicas a José Luis Ábalos y Koldo García.
Ambas sociedades estatales sirvieron para que el entonces ministro de Transportes ubicara a su novia de aquel momento, Jéssica Rodríguez, a quien además la trama investigada financiaba un apartamento de lujo en la Torre de Madrid. La ayuda otorgada a la joven estudiante de odontología no se limitó únicamente a su inserción laboral en las empresas públicas. El favorecimiento fue más allá y, conforme a la Fiscalía Anticorrupción, se llegó a cometer un delito de malversación de fondos públicos, ya que Jéssica Rodríguez ni siquiera tuvo que acudir a trabajar.
Tanto en Ineco inicialmente como posteriormente en Tragsatec, no desempeñó tarea alguna, pese a ello recibió 43.978 euros provenientes de fondos públicos. Lo que busca el tribunal encargado del juicio al ex ministro es consultar a las dos compañías si desean reclamar ese importe desembolsado sin contraprestación entre 2019 y 2021.
Las gestiones para ubicar a la novia de su superior estuvieron a cargo de su entonces asesor y mano derecha, Koldo García. Primero, le obtuvo un contrato en Ineco, sociedad dedicada a ingeniería y consultoría dependiente de Adif, por ende, del Ministerio de Transportes.
Según un informe de la UCO, los intercambios de mensajes interceptados «permiten inferir que Koldo se valió de su vínculo con Ábalos para que [la entonces presidenta de Adif] Isabel Pardo de Vera llevara a cabo la contratación de Jéssica en Ineco. Una solicitud que habría recibido del entonces ministro, con quien Jéssica mantenía una relación en ese periodo». En su declaración ante el Supremo, la mujer admitió que jamás acudió a trabajar.
Cuando no fue factible renovar su contrato en Ineco, Koldo García facilitó su traslado a Tragsatec, que se enfoca en actividades de ingeniería dentro del desarrollo rural. Esta sociedad es una filial de Tragsa, perteneciente a la Sepi y bajo la jurisdicción del Ministerio de Agricultura.
De esta manera, las entidades dependientes del ministro de Transportes, Óscar Puente; y del de Agricultura, Luis Planas, deberán informar al Supremo si desean participar en el juicio para solicitar la recuperación de fondos de los dos acusados, «en la medida en que pudieran considerarse afectadas por el delito de malversación».
La acción adoptada por el Supremo responde a la propuesta presentada por el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, durante la vista preliminar del juicio realizada el pasado 12 de febrero.
Por otro lado, el tribunal ha establecido un plazo de tres días para que la Fiscalía y la acusación popular unificada se pronuncien sobre la última solicitud de libertad presentada por Ábalos y su exasesor.