Los magistrados han resuelto por unanimidad confirmar la sentencia de la Audiencia de A Coruña que ordenaba a la familia del dictador la devolución
La familia Franco pierde y el Pazo de Meirás pertenece desde ahora definitivamente a todos los españoles tras el fallo del Tribunal Supremo. Los jueces han decidido por unanimidad ratificar la sentencia de la Audiencia de A Coruña que requería a la familia del dictador la entrega del Pazo de Meirás al Estado.
El Pazo de Meirás, ubicado en el Concello de Sada y vinculado a la escritora gallega Emilia Pardo Bazán, quien encargó su construcción, fue utilizado como residencia de verano de la Jefatura del Estado entre 1938 y 1975. Según el BOE, es “símbolo representativo de la dictadura franquista, centro de poder y, a la vez, manifestación del expolio de su nuevo dueño”. Tras la muerte del dictador, la familia siguió utilizándolo hasta que el Gobierno reclamó su incorporación al patrimonio público en una demanda apoyada por los ayuntamientos de A Coruña y Sada, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.
El 2 de septiembre de 2020, el Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, tras una demanda promovida por Abogacía del Estado, dictaminó que el Pazo pertenecía al Estado, anulando la donación personal realizada por Franco a su familia. Dos meses más tarde, la sentencia se hizo efectiva y, desde el 10 de diciembre de 2020, la propiedad dejó de estar en manos de los Franco y pasó al patrimonio estatal. La resolución fue confirmada por la Audiencia Provincial de A Coruña el 12 de febrero de 2021 y por el Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que el 7 de noviembre de 2024 concedió a la Administración General del Estado la totalidad de los bienes solicitados. Finalmente, el Tribunal Supremo ha respaldado esta decisión.
Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.
Cómo llegó el Pazo a manos de Franco
El 5 de diciembre de 1938, luego de la creación de la llamada Junta Pro-Pazo del Caudillo, compuesta por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que tenía como objetivo comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, la finca fue entregada al dictador. El BOE señala que durante las obras de acondicionamiento del pazo se ampliaron los terrenos “empleando métodos represivos y coactivos”, con los que se despojaba a los propietarios legítimos de las fincas adyacentes. Además, se realizaron “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas hasta pilas bautismales, tapices, entre otros”.
En este contexto, más de veinte organizaciones, lideradas por la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña, solicitan que este hecho represente “el comienzo del fin de la impunidad del franquismo”. Carlos Babío, presidente del colectivo y cuyo abuelo fue desposeído para ampliar los terrenos donados al dictador, reclamaba una sentencia “ejemplar que marque la senda para romper con la impunidad sobre otros expolios llevados a cabo por Franco y su régimen”. En A Coruña, la Casa Cornide —un palacio del siglo XVIII ubicado en el casco histórico— permanece aún en manos de los herederos.