El Gobierno justifica el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre alegando una solicitud directa por parte del Gobierno chipriota, desvinculando esta operación del conflicto bélico entre EE.UU., Israel e Irán.
De acuerdo con la Ley de Defensa Nacional, si la misión no está vinculada de forma directa con la defensa de España, es necesaria la autorización del Congreso, lo cual el Gobierno no ha solicitado.
La misión original de la fragata en el Mar Báltico concluyó antes del inicio del conflicto, y su actual despliegue en Chipre responde a una nueva operación de defensa y disuasión en una zona afectada por tensiones.
El PP exige a Sánchez que cumpla con la ley y someta la decisión al Congreso, cuestionando la ausencia de respaldo parlamentario y la falta de transparencia del Gobierno en esta actuación militar.
El Gobierno de Pedro Sánchez argumenta que el despliegue de la fragata Cristóbal Colón en Chipre responde a una «solicitud expresa» del Ejecutivo chipriota.
Este argumento es fundamental para separar esta operación del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y para mantener el discurso de «no a la guerra» que el presidente proclamó durante su intervención institucional del miércoles por la mañana.
Sin embargo, esa misma razón genera un obstáculo legal que Moncloa podría no haber anticipado. El artículo 19 de la Ley Orgánica 5/2005, de Defensa Nacional, establece que para que las Fuerzas Armadas realicen misiones en el extranjero «que no estén directamente ligadas a la defensa de España o del interés nacional», deben cumplirse tres requisitos.
El primero de ellos: «Que se realicen por solicitud expresa del Gobierno del Estado donde se desarrollen o estén autorizadas por resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o acordadas por organizaciones internacionales de las que España forme parte».
Esto significa, «particularmente la Unión Europea o la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), dentro de sus competencias respectivas».
Por lo tanto, si Sánchez reconoce que actúa a petición de Chipre, acepta implícitamente que la misión no está «directamente vinculada con la defensa de España». En ese caso, según esa misma ley —como informó EL ESPAÑOL el jueves— se requiere la «autorización» del Congreso.
La normativa es clara: si la misión responde a una petición de Chipre, no constituye defensa directa de España, y por ello el Congreso debe aprobarla. Sánchez ha quedado atrapado por su propio argumento. No obstante, no es la única cuestión problemática. Existe un segundo argumento por parte del Gobierno que también presenta inconsistencias.
A ocho días del conflicto
Con el fin de rechazar que se trate de una misión novedosa, los ministros Margarita Robles, Félix Bolaños y José Manuel Albares han sostenido que la fragata simplemente está «prolongando» la operación previa: la escolta al portaaviones francés Charles de Gaulle en el área del Báltico.
Sin embargo, los hechos contradicen esa versión de forma contundente.
La Armada Española difundió el 24 de febrero un comunicado oficial en el que informaba que el ejercicio Steadfast Dart 26, el mayor entrenamiento aliado del año, se había «desarrollado entre el 1 y el 20 de febrero» en las aguas del Báltico y el mar del Norte.
Ese mismo día, el Mando Marítimo de la OTAN confirmó en su sitio web que «el principal ejercicio conjunto de despliegue de la OTAN para 2026 había finalizado«.
Así, ocho días antes del estallido de la guerra contra Irán, la misión en la que participaba la Cristóbal Colón había concluido oficialmente. Ambos comunicados, el español y el de la alianza Atlántica, lo certifican de manera indudable.
Primero no, después sí
Fuentes internas de la Armada indicaron a EL ESPAÑOL que la fragata comenzó su regreso a la base naval de Ferrol el 23 de febrero. El entrenamiento había terminado y la tripulación se dirigía de regreso a casa cinco días antes del primer bombardeo sobre Teherán.
¿Qué sucedió después? En la noche del sábado 28 de febrero al domingo 1 de marzo, la base británica de Akrotiri, en Chipre, fue víctima del primer ataque con drones de fabricación iraní.
Al día siguiente, Francia decidió reorientar inmediatamente su portaaviones Charles de Gaulle para reforzar la defensa de este pequeño país insular de la Unión Europea.
El martes 3, París solicitó a los demás países cuyas embarcaciones habían escoltado al portaaviones durante el Steadfast Dart 26 que se unieran a esta nueva misión.
Según las mismas fuentes de la Armada, España inicialmente no tenía intención de participar. De hecho, la fragata habría llegado a la base de Ferrol durante la madrugada del miércoles al jueves.
Sin embargo, a las 3:30 de esa madrugada, la Cristóbal Colón estaba siendo abastecida de munición y su tripulación recibía órdenes para zarpar de nuevo y sumarse al barco francés rumbo a Chipre.
Para estas fuentes, la conclusión es clara: la misión de entrenamiento OTAN ya había finalizado y ahora se le asignaba una «nueva» misión para fortalecer la defensa de un país miembro de la UE en un contexto de conflicto.
No se trataba de una prolongación, sino de una operación diferente orientada a disuasión, defensa y rescate en una zona en conflicto activo.
El Gobierno despliega así la fragata con mayor tecnología de la Armada española en un área donde ya existen operaciones militares en marcha, sin consultar al Congreso.
La propia página oficial de La Moncloa confirma que «la Cristóbal Colón se unió el 3 de marzo al Grupo Naval del Charles de Gaulle».
Aunque, en forma contradictoria, la atribuye a la operación de entrenamiento finalizada 11 días antes, reconoce que su función será «brindar protección y defensa aérea» cerca de Chipre, complementando el sistema de baterías Patriot que España tiene desplegado en Turquía.
«Un mundo y una España con normas»
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP y responsable de Defensa, Cuca Gamarra, se mostró contundente.
Una misión como esta debe «contar con la autorización o ratificación del Congreso», en caso de adoptarse con urgencia, tal como establece la Ley de Defensa Nacional y se ha hecho al menos 26 veces desde 2005.
Gamarra exigió a Sánchez que comparezca con «claridad y transparencia», no solo para informar, sino para someter su decisión a votación en la Cámara. «Así como defendemos un mundo con normas, en España hay reglas que deben respetarse», enfatizó.
El PP reclama al Gobierno que se ajuste «a la democracia y a la legalidad», y cuestiona la razón por la cual Sánchez evita someter esta cuestión al Congreso.
Gamarra respondió: «Porque no cuenta con el respaldo de sus socios parlamentarios respecto a las decisiones tomadas, socios que son engañados».
Fuentes de la directiva del PP añaden que el problema para el PSOE empeora porque, de celebrarse la votación, «se evidenciaría el apoyo explícito de Sánchez a una misión en un escenario de conflicto«.
Y principalmente, que esto ocurriría apoyado «únicamente» por el Partido Popular, «el único partido de Estado interesado en que España sea un socio confiable y aliado leal en la UE y en la OTAN».
«Cambio de postura»
Según esas mismas fuentes, el despliegue de la «mejor fragata de la Armada española» en Chipre corresponde a «una misión europea, pero no de la UE», dado que Chipre no invocó el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea.
Dicho artículo establece la obligación mutua de defensa entre Estados miembros, similar al artículo 5 de la OTAN.
Por lo tanto, no existe ningún mandato oficial a nivel comunitario que legitime la operación. La coordinación se lleva a cabo de forma bilateral y exclusivamente impulsada por Francia.
Estas fuentes admiten que Sánchez podría haberse basado en la necesidad de actuar «con carácter urgente» y acudir al Congreso para «solicitar la ratificación», conforme al artículo 17.3 de la misma ley.
No obstante, ese no es el caso: Moncloa anunció que Sánchez comparecerá en el Congreso el 18 de marzo, cuando la fragata ya lleve más de una semana en la zona de operaciones. Desde el PP sostienen que el presidente no busca autorización, «sino únicamente informar».
En el partido de Feijóo están convencidos de que el «giro» de Sánchez ocurrió tras el reproche de Donald Trump, cuando ordenó romper relaciones comerciales junto al canciller alemán, Friedrich Merz.
«Cuando la portavoz, al día siguiente, declaró que España había aceptado colaborar, está claro que ya sabía que Sánchez había cambiado de postura y que participaría en la defensa de Chipre».