La cantidad de migrantes que arribaron a Ceuta tras la regularización impulsada por Sánchez ha experimentado un aumento del 1.200% en comparación con febrero de 2025, alcanzando los 820 en dicho mes.
El incremento migratorio se concentra principalmente en las entradas terrestres y marítimas, con especial énfasis en la zona del espigón del Tarajal y la frontera con Marruecos.
Tanto la Policía como la oposición atribuyen este aumento a un «efecto llamada» derivado de la regularización masiva, mientras que el Gobierno rechaza esta hipótesis, defendiendo causas humanitarias.
El crecimiento en las llegadas ha colapsado los centros de acogida, como el CETI de Ceuta, que ha tenido que desplazar migrantes a otras regiones y superar su capacidad operativa.
Los datos oficiales de la Unidad de Policía Nacional de Extranjería y Fronteras confirman el «efecto llamada» consecuencia de la regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno de Pedro Sánchez en enero pasado.
Según información obtenida por este medio, 820 inmigrantes entraron a España de manera irregular a través de Ceuta en febrero de este año.
Comparando esta cifra con las entradas registradas en febrero de 2025, que apenas superaron las 60 personas, el aumento representa cerca de un 1.200% y reaviva el debate sobre la gestión migratoria.
El incremento se concentra fundamentalmente en accesos terrestres y marítimos en las inmediaciones del espigón del Tarajal y zonas próximas a la frontera entre Ceuta y Marruecos.
Específicamente, de los 820 migrantes registrados, 340 ingresaron por vía marítima y 480 por tierra. A estas cifras se suman entradas desde otros puntos de la península.
En realidad, Ceuta no es la única ruta que utilizan los extranjeros. Actualmente, los argelinos mayormente, junto con algunos marroquíes, viajan por avión hasta Estambul (Turquía) para luego dirigirse a Bulgaria, donde los controles fronterizos son menos rigurosos, y así continuar por carretera hasta España.
Una vez en territorio español, la entrada principal se produce en Irún (País Vasco) y La Junquera (Gerona).
Fuentes policiales consultadas por EL ESPAÑOL indican que estos datos reflejan un claro «efecto llamada», mensaje que han transmitido al ministro Fernando Grande Marlaska.
Sin embargo, los datos facilitados por los mandos policiales difieren respecto a las cifras dadas por el Ministerio del Interior.
Mientras que la cartera dirigida por Marlaska asegura que entre el 1 de enero y el 28 de febrero entraron por Ceuta 1.257 personas, fuentes policiales afirman que solo en enero ingresaron unas 1.080 de forma irregular.
Sumando las entradas de febrero, el total podría alcanzar cerca de 1.900 inmigrantes contabilizados exclusivamente en esta ciudad autónoma.
Según los datos ministeriales, la acumulación de entradas entre enero y febrero representa un aumento del 700% comparado con el mismo periodo del año previo, mientras que los mandos policiales estiman un incremento del 900%.
El Gobierno de Pedro Sánchez niega el «efecto llamada», argumentando que la regularización masiva, implementada mediante un real decreto extraordinario, afecta únicamente a extranjeros que ya residen en España, respaldado además por datos que indican una reducción anual de la inmigración irregular y enfocado en justificaciones humanitarias.
No obstante, como informó este medio, fuentes del Partido Popular coinciden con las autoridades migratorias en que la regularización masiva sí ha generado un «efecto llamada».
La oposición critica el real decreto promovido por el Gobierno por ser, entre otras razones, contrario al Pacto Europeo de Migración y Asilo de 2024, al que están adheridos todos los Estados miembros, y que establece un «control efectivo» en las fronteras.
Además, el Pacto establece que las disposiciones nacionales no pueden generar «efectos negativos» que comprometan la integridad del espacio Schengen.
Según las mismas fuentes policiales, el real decreto de regularización masiva «no combate a las mafias, más bien las incentiva a continuar sus operaciones».
«La medida, tal como está diseñada, transmite la idea de procesos amplios de regularización y puede estimular nuevas entradas de inmigrantes, beneficiando no solo al extranjero, sino también a las mafias que aprovechan la situación», sostienen.
Explican que muchas organizaciones criminales venden facturas y recibos a extranjeros para certificar que residen en España desde al menos cinco meses, uno de los requisitos exigidos por el Gobierno para la regularización.
Para evitar que el real decreto facilite la entrada de delincuentes —dado que solo requiere una «declaración responsable» para alegar ausencia de antecedentes penales— el PP ha propuesto reformar la Ley de Extranjería y el Código Penal.
Se propone endurecer los requisitos para obtener permisos de residencia y que la ausencia de antecedentes penales sea certificada oficialmente por las autoridades competentes del país de origen.
Además del aumento de llegadas irregulares, los centros de acogida están saturados, especialmente el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) en Ceuta.
Hace poco más de una semana, el Centro tuvo que trasladar a 106 extranjeros a otras comunidades autónomas para aliviar la presión sobre sus instalaciones.
Por ejemplo, el centro de El Jaral opera por encima de su capacidad, alojando más de 800 personas pese a disponer de 512 plazas.
Por otro lado, los mandos policiales de Extranjería y Fronteras advierten que la medida del Gobierno no solo beneficia a 500.000 personas, como afirmó la ministra de Inclusión, Elma Saiz, sino aproximadamente a 1.250.000 ciudadanos extranjeros.
Simultáneamente, estas fuentes aseguran que tanto la Policía en la frontera de Ceuta como la Guardia Civil, encargada principal del control fronterizo, carecen de recursos suficientes para garantizar la seguridad en la valla de esta ciudad autónoma.