El cargo de ‘coordinador de bienestar’ se creó con la finalidad de enfrentar el bullying en los colegios, aunque su implementación práctica se mantiene muy limitada tras casi cuatro años.

Numerosos coordinadores carecen de tiempo, recursos y formación adecuada; además, en la mayoría de comunidades no reciben remuneración económica por estas responsabilidades.

El informe elaborado por Educo evidencia marcadas desigualdades entre comunidades autónomas y señala que, en muchos casos, este cargo existe solamente de manera formal.

La colaboración externa con servicios sociales y los mecanismos de seguimiento resultan insuficientes, dificultando la efectividad del sistema.

En noviembre de 2022, Pilar Alegría, quien entonces era ministra de Educación, impulsó la creación del «coordinador de bienestar».

Esta medida tenía como meta proteger a los menores en los centros educativos, especialmente frente al acoso escolar.

Casi cuatro años después, esa iniciativa emblemática de la actual portavoz del PSOE en Aragón ha resultado ser un fracaso.

Anualmente, más de mil denuncias por bullying llegan a la vía judicial en España.

Sin embargo, el número de casos atendidos por servicios especializados es mayor, y se estima que decenas de miles de víctimas nunca llegan a denunciar.

Para comprender qué implica esta función, se puede poner un ejemplo: ante un caso de acoso escolar, el coordinador debe convocar reuniones con los menores implicados, sus compañeros, las familias y los docentes para elaborar un plan estratégico que permita afrontar la situación.

Así, la responsabilidad incluye prevención, detección temprana, activación de protocolos, coordinación interna y externa, además de supervisar el seguimiento de los casos.

Los centros educativos están obligados a designar formalmente a un coordinador de bienestar para cumplir con las tareas que establece la ley.

En realidad, en muchos casos el coordinador carece del tiempo, recursos y en ocasiones de la formación necesaria; desempeña sus funciones sin contar con un reconocimiento económico adecuado en la mayoría de las comunidades.

Dado que las competencias educativas están transferidas, aunque el Ministerio de Educación diseñó esta figura, su regulación y puesta en práctica dependen de cada comunidad autónoma.

Varias comunidades consultadas señalan un problema fundamental: la falta de financiación específica por parte del Gobierno central para asegurar su despliegue efectivo.

Con el fin de valorar la implantación real de este cargo, la ONG Educo ha publicado un informe de 56 páginas que refleja un panorama desigual y, en muchos lugares, prácticamente inexistente.

La conclusión más destacada es clara: aunque esta figura está implementada en casi toda España, en demasiados casos se limita a un papel formal. Está contemplada «en papel», pero no siempre aplicada en la práctica.

El estudio examina la evolución autonómica de la figura prevista en la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) y constata grandes desigualdades territoriales.

Algunas comunidades, como Extremadura y La Rioja, han aprobado decretos u órdenes específicas; otras la regulan a partir de instrucciones para el inicio del curso (Madrid, Navarra, Castilla-La Mancha) o la incluyen dentro de los protocolos generales de convivencia (Cantabria).

A cierre del informe, Castilla y León era la única comunidad que no había publicado una regulación específica.

Falta de tiempo garantizado

El principal obstáculo es la disponibilidad horaria: varias comunidades no contemplan liberación lectiva garantizada para que el coordinador de bienestar pueda desempeñar sus funciones, por lo que este debe cumplir sus tareas mientras continúa en su rol docente.

En muchos casos, el coordinador también es tutor de un curso, lo que complica aún más la gestión de esta responsabilidad.

En otras regiones, se asigna un banco genérico de horas al centro, sin garantizar que se destinen específicamente a esta función, como ocurre en Castilla-La Mancha.

Solo algunas autonomías, como Canarias, Extremadura o Galicia, vinculan las horas asignadas al tamaño del centro o la etapa educativa.

Incluso en estos casos, la dedicación oscila entre dos y cinco horas semanales, cantidad considerada insuficiente según el informe.

Formación desigual

El área donde se ha avanzado más es la formación: la mayoría de comunidades ha implementado cursos específicos, seminarios o programas para preparar a los docentes que asumen esta responsabilidad.

No obstante, la profundidad y continuidad de esta capacitación es desigual y, en muchos casos, no está consolidada normativamente.

Esto implica que un docente puede recibir formación durante un año en particular, pero no cuenta con actualizaciones en los años siguientes.

En el aspecto económico, la situación es aún más limitada: solo Canarias, Cataluña y Galicia contemplan complementos salariales específicos o equiparaciones retributivas.

En la mayoría de las comunidades, esta función no incluye compensación económica, a pesar de la carga adicional que representa.

Coordinación externa débil

La LOPIVI concebía al coordinador de bienestar como una pieza fundamental dentro de la red de protección infantil, manteniendo contacto no solo con el equipo directivo y los servicios de orientación, sino también con servicios sociales, sanidad y fuerzas de seguridad.

Sin embargo, el informe detecta que la coordinación externa está poco desarrollada en la mayoría de las regulaciones autonómicas.

Además, los mecanismos formales de rendición de cuentas, seguimiento y evaluación periódica del trabajo del coordinador son escasos.

Persiste también un vacío importante en la atención desde 0 a 3 años y en enseñanzas de régimen especial, a pesar de que la ley también lo contempla en estos ámbitos.

En conclusión, el informe de Educo valora positivamente la intención del Gobierno central al crear esta figura, pero critica su falta de efectividad para desplegarse más allá del papel.

Se señala que, cuatro años después de su instauración, el coordinador de bienestar depende más de la voluntad individual del responsable que de un sistema estructural robusto que respalde su labor.