El relator de Naciones Unidas, Balakrishnan Rajagopal, advierte que la crisis de casas asequibles y el aumento del sinhogarismo requieren medidas urgentes en España y Europa

La problemática del alquiler se ha convertido en uno de los retos sociales más graves en España y en otros países europeos, que requiere mantener los precios en “niveles razonables”, según el relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda, Balakrishnan Rajagopal, quien exige que los costes del alquiler “no sean abusivos ni estén sujetos a presiones especulativas”.
Durante una rueda de prensa en Ginebra, recogida por Efe, donde presentó un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Rajagopal advirtió que el incremento del coste de la vivienda se está convirtiendo en un problema estructural en numerosos países.
“El alquiler de viviendas en España y otros estados constituye un inconveniente relevante que debe resolverse con precios en ‘límites razonables’”, afirmó. El especialista añadió que dichos precios deben asegurar que “no sean abusivos ni estén expuestos a presiones especulativas”.
Fondos de inversión y grandes propietarios, los impulsores de las subidas
Uno de los motivos que, según el relator, impulsa el aumento de precios es el protagonismo creciente de grandes empresas inmobiliarias y fondos financieros en el mercado residencial europeo. Manifestó su preocupación ante la creciente cantidad de viviendas controladas por grandes inversores que consideran el sector inmobiliario principalmente como un negocio.
Esta realidad resulta particularmente alarmante, explicó, “cuando grandes empresas o fondos financieros han pasado a ser propietarios de muchas viviendas en países europeos, gestionándolas como un activo del que obtener beneficios”.
El experto considera que esta tendencia ha contribuido a convertir la vivienda en un activo financiero, alejada de su función social y disminuyendo la oferta de viviendas asequibles para amplios sectores de la población.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la aprobación de un Real Decreto Ley con tres medidas 'urgentes y contundentes' para regular el mercado del alquiler.
Construir más viviendas… pero para quién
El relator de la ONU reconoció que España necesita incrementar su parque residencial para cubrir la demanda creciente. Sin embargo, advirtió que edificar más viviendas no resolverá el problema de fondo si no se asegura que esas promociones se destinen realmente a quienes las requieren. Expresó su respaldo a las iniciativas del Gobierno español para fomentar nuevas promociones habitacionales.
“Apoyo completamente los esfuerzos del Gobierno de España para construir más viviendas para quienes las necesitan”, señaló, en referencia al compromiso de construir unas 15.000 unidades anuales mediante financiación público-privada.
No obstante, recalcó que el principal desafío es garantizar que esas viviendas cumplan su función social. “El asunto clave es asegurarse de que efectivamente estén destinadas a quienes las necesitan”, remarcó. Rajagopal señaló que en las últimas tres décadas varios países europeos, incluida España, han adoptado un modelo inmobiliario orientado al mercado, que ha provocado la reducción progresiva de la vivienda asequible.
Más sinhogarismo y polarización política
Rajagopal advirtió también sobre las consecuencias sociales derivadas del aumento del coste de la vivienda. Entre ellas destacó el crecimiento del número de personas sin hogar en distintos países europeos. Señaló que la crisis habitacional coincide con el aumento de discursos políticos que buscan culpables en ciertos colectivos.
El relator indicó que algunos países están experimentando “un aumento del sinhogarismo y ciertas corrientes políticas oscuras que culpan de los problemas de vivienda a los migrantes, impulsando el auge de partidos de extrema derecha”. Considera que estos discursos desvían la atención de las causas estructurales del problema, vinculadas con políticas de vivienda y el funcionamiento del mercado inmobiliario.
Más protección frente a los desahucios
Rajagopal también se pronunció sobre las políticas de protección frente a los desahucios. Sus declaraciones llegan poco después de que el Congreso de los Diputados de España rechazara prorrogar algunas medidas extraordinarias para frenar desalojos. Insistió en que para evitar una crisis habitacional es fundamental reforzar las garantías legales de los inquilinos.
Detalló que los desahucios “no deben ser tan sencillos” y que los arrendatarios deben “poseer más derechos para seguir en sus viviendas”. Recalcó además la necesidad de fortalecer los procesos legales para proteger a quienes se ven afectados por desalojos.
“Resulta esencial mejorar los procedimientos legales en los desahucios para asegurar que los derechos de las personas que actualmente residen en sus hogares estén protegidos, por ejemplo garantizando asistencia jurídica básica y evitando expulsiones que puedan dejarlos sin techo”, explicó.

Un problema común
La crisis de vivienda no es exclusiva de España. Rajagopal recordó que otros países europeos también enfrentan dificultades para garantizar el acceso a una vivienda digna, incluso cuando existen grandes parques habitacionales sociales.
Como ejemplo, mencionó su visita a Países Bajos en 2020, donde observó que, pese a la abundancia de viviendas sociales, muchas personas siguen excluidas del sistema. Reconoce que esta situación ha intensificado debates políticos cada vez más polarizados. “Esto ha contribuido al aumento de discursos políticos que culpan a los migrantes, y al incremento del racismo en los debates sobre vivienda”, lamentó.
A pesar de este panorama general, el relator destacó que existen ciudades europeas que han conseguido mantener un acceso relativamente asequible a la vivienda gracias a políticas públicas sostenidas por décadas. Uno de los casos más representativos es Viena, donde el modelo urbano se basa en una amplia presencia de vivienda pública y cooperativa.
Rajagopal explicó que “la gran diferencia con urbes como Madrid o Barcelona radica en la gestión del suelo”. Según detalló, la capital austríaca “ha desarrollado un sistema que data de hace más de un siglo, fundamentado en la idea de que la tierra no debe considerarse una mercancía especulativa”.
Un derecho que Europa tardó en reconocer
Para el relator de Naciones Unidas, el origen profundo de la crisis actual reside en el tratamiento histórico de la vivienda en Europa. Afirmó que “durante décadas la vivienda no fue reconocida como un derecho humano en Europa”, lo que permitió la evolución del mercado inmobiliario sin suficientes mecanismos de protección social.
El experto recordó que no fue hasta finales de 2025 cuando la Unión Europea aprobó un plan para fomentar la vivienda asequible en el continente.
Con la finalización de su mandato prevista para este año, Rajagopal insistió en que los gobiernos europeos deben situar el acceso a la vivienda en el centro de sus políticas públicas si desean frenar la escalada de precios y asegurar que este derecho fundamental sea efectivamente accesible para toda la población.

