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- 4 marzo 2026, 16:50 GMTActualizado 54 minutos
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Este martes se produjo un acontecimiento sin precedentes en la democracia chilena, caracterizada por su tradición republicana en materia de transición de gobierno.
A sólo ocho días de la transmisión presidencial, se rompió el proceso de traspaso coordinado entre la administración entrante, liderada por el derechista José Antonio Kast, y el gobierno de izquierda encabezado por Gabriel Boric.
Ambas autoridades protagonizaron un enfrentamiento relacionado con la profundidad de la información que Boric proporcionó a Kast sobre un tema que mantiene a Chile en una situación tensa a nivel diplomático con Estados Unidos y que ha generado que el gobierno actual brinde explicaciones en las últimas semanas.
Se trata de un proyecto originado en China para instalar un cable de fibra óptica que conectaría Hong Kong con la región de Valparaíso, iniciativa que la administración de Donald Trump observa con desconfianza.
“No confiamos en la información que nos están proporcionando”, declaró Kast durante una rueda de prensa tras retirarse abruptamente de una reunión de trabajo iniciada pocos minutos antes con su antecesor.
Por su parte, Boric acusó a Kast de pedirle que falseara los detalles sobre el intercambio de información en una llamada telefónica sostenida el 18 de febrero.
“Lamentablemente, el presidente electo llegó a esta reunión exigiendo que me retractara sobre lo que le informé antes sobre esta situación (el cable de fibra óptica chino y la postura estadounidense), y al ser esto falso y no estar dispuesto a hacerlo, decidió que no se realizaran las siguientes reuniones bilaterales”, expresó Boric, visiblemente molesto tras salir de su oficina.

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El cable controvertido y las sanciones de EE.UU.
El origen de la polémica se remonta a la decisión de Estados Unidos de revocar las visas a tres miembros del gobierno de Boric el 20 de febrero.
En un principio, no se conocían los motivos precisos por los cuales la administración de Trump sancionó al ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, al subsecretario Claudio Araya y al jefe de gabinete Guillermo Petersen.
Estados Unidos acusó en un comunicado que estos funcionarios estaban “socavando la seguridad regional”, mientras Boric calificó la medida como “arbitraria, unilateral y sorpresiva”.
Luego se supo que la sanción respondía al rol específico que estos funcionarios desempeñaron en el avance del proyecto chino.
Este tema terminó generando una controversia para el gobierno de Boric debido a las versiones discrepantes que ofrecieron sus autoridades.
Primero, se indicó que el cable de fibra óptica estaba en etapa de evaluación, información que transmitió el canciller Alberto Van Klaveren al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.
No obstante, el diario El Mercurio reveló que el ministro Muñoz firmó un decreto el 27 de enero autorizando la concesión para construir el cable.
La concesión otorgada a China Movil International tenía una duración prevista de 30 años, según ExAnte, e indicaba que las obras comenzarían un mes después de su aprobación.
El decreto fue anulado 48 horas después alegando “errores de tipeo”.
En el contexto de la disputa entre Estados Unidos y China por el liderazgo en América Latina, Washington había advertido a la administración chilena acerca de los riesgos relacionados con avanzar en este proyecto.
La ruptura en La Moneda

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Las tensiones ya se habían manifestado antes de la jornada de trabajo programada entre Kast, Boric y sus ministros en La Moneda.
En la víspera del encuentro, Boric concedió una entrevista al canal Mega, donde afirmó que había informado a Kast “semanas antes” de que se conocieran las sanciones a sus colaboradores, sobre los detalles del proyecto y las amenazas de Estados Unidos.
“No hay nada oculto en este asunto. De hecho, hablé con el presidente electo antes de que esto se convirtiera en polémica para transmitirle mi perspectiva, dado que Estados Unidos ya había expresado esas amenazas (…). Le mencioné que quería dialogar específicamente sobre el cable submarino”.
Estas declaraciones molestaron al equipo de Kast, quienes interpretaron que Boric trataba de usar una llamada privada —en la que según Kast sólo se hizo una simple mención— para asumir responsabilidades y aparentar transparencia ante un tema delicado para la administración actual.
El ministro designado del Interior, Claudio Alvarado, declaró que “el presidente electo nunca fue informado ni tuvo conocimiento profundo sobre esta situación relacionada con el cable chino”.
Por esta razón, Kast comenzó la reunión pidiéndole a Boric que se retractara públicamente, argumentando que el mandatario sólo mencionó el tema sin dar detalles específicos.
Boric se negó y Kast decidió finalizar la reunión y suspender todas las demás programadas con sus equipos.
“Se generó una especie de controversia acerca de lo que implica informar versus simplemente enunciar”, explicó Kast en la conferencia de prensa posterior.
“Por eso finalizamos el proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que recibimos”, añadió.
Sin embargo, Boric sostuvo que en esa llamada —que según él duró 16 minutos— le transmitió que “en el trámite habitual de una solicitud de concesión habíamos recibido amenazas por parte de Estados Unidos que son de conocimiento público” y que “me pareció prudente, y se lo expresé claramente, que una decisión de esta magnitud, por su geopolítica delicada, debía ser tratada entre ambas administraciones”.
“Luego, el viernes 20 de febrero, nos enteramos abruptamente de las sanciones impuestas por Estados Unidos a tres funcionarios de nuestro gobierno, incluido el ministro Juan Carlos (Muñoz). Ese mismo día intenté comunicarme insistentemente con el presidente electo José Antonio Kast, pero lamentablemente no fue posible, no por problemas de comunicación sino por falta de voluntad de la contraparte”, añadió.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, señaló que la ruptura en la transición “es una mala señal para el diálogo que necesita el país” y también para “la democracia”.
“Chile no está para disputas menores”
Tras el incidente, Boric remarcó que su administración “continúa plenamente disponible, por el bien de Chile, para sostener todas las reuniones necesarias”.
En cambio, Kast sostuvo que “claramente hay un cambio en el escenario” y que “toda acción genera una reacción”.
El presidente electo también anunció la creación de un equipo administrativo para auditar en detalle toda la información proporcionada por el gobierno saliente, ante la desconfianza existente.
“Lo ocurrido en temas administrativos es aún más grave que la falta de información; a nuestro juicio hay una ausencia de transparencia, y esto se ha observado en varios ministerios y organismos”, afirmó Kast.
No obstante, este miércoles Boric bajó el tono y enfatizó: “Un presidente de la República, sea quien sea, debe pensar siempre en Chile, y Chile no está para disputas menores. La ciudadanía exige que sus autoridades tengan una visión a largo plazo y cumplan con sus responsabilidades”.
“Esto implica optar siempre por el interés del país antes que por las diferencias personales o políticas. Como presidente de la República manifiesto mi total disposición y la de todo mi gobierno para retomar de inmediato las reuniones de traspaso con la administración entrante”.
La portavoz del gobierno actual, Camila Vallejo, indicó que la administración en funciones espera que la ceremonia de cambio presidencial, programada para el 11 de marzo, se realice en un ambiente “respetuoso y sin tensiones”.

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