Hay 23 acusados: los propietarios de la funeraria El Salvador y 19 empleados. Durante dos décadas, un trabajador documentó cómo se incineraba a los fallecidos sin sus ataúdes. Fue encontrado ahorcado en 2024.
«Caja robada incinerada en cementerio. Tiene dos fotos, la 28 y la 29. No se le ve la cara, solo el pelo, pues la han tirado en la caja de cualquier manera y está boca abajo. No la puedo volver pues pesa bastante». Así es una de las numerosas notas que Justo M. escribió durante las veinte años que trabajó en el Grupo Funerario vallisoletano El Salvador. El ex trabajador llenó hasta 26 libretas con anotaciones similares donde detallaba cómo, supuestamente, despojaban a los difuntos de sus ataúdes antes de incinerarlos para revender las cajas posteriormente. «Los meten al horno, cuando se van [los familiares] los vuelven a sacar, porque el horno no enciende los quemadores, solo los ventiladores para hacer ruido y dar la apariencia de incineración. Todo es falso», relató Justo en otra nota. Una práctica parecida se hacía también con coronas y ornamentos florales que, al parecer, se reutilizaban.
El proceso judicial por estas graves imputaciones, conocido como caso ataúdes, comienza este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid con 23 acusados en el banquillo —la familia propietaria y casi veinte empleados— y dos ausencias destacadas entre los mencionados: Justo M., quien reveló el caso y que tenía 73 años cuando en agosto de 2024 fue hallado ahorcado en el patio de su vivienda en Santovenia de Pisuerga (Valladolid); y el dueño de El Salvador, Ignacio Morchón, fallecido en octubre de 2022 a los 77 años por causas naturales.
La nota de Justo que acompaña este texto junto con otras se publicó en EL MUNDO Castilla y León a finales de febrero de 2019 por Íñigo Arrúe y Alba Camazón. Unas semanas antes, el 31 de enero, la situación explotó tras el despliegue policial durante la llamada Operación Ignis («fuego» en latín), que incluyó el registro de las instalaciones del Grupo funerario en Valladolid, así como de los domicilios de la familia Morchón y algunos empleados.
Justo M. conservaba las 26 libretas manuscritas en una bolsa en el sótano de su casa. Era muy riguroso con sus anotaciones: apuntaba la fecha de la incineración, el nombre completo del difunto, su DNI, edad, estado civil, ciudad de procedencia, y añadía «C. SI» si habían intercambiado el ataúd o «C. NO» en caso contrario. También capturaba fotografías de los difuntos junto a un cartel con su nombre y los fotografiaba entrando en el horno crematorio —ya encendido— dentro de cajas desechadas o sobre tapas de féretros. Según Justo, todo esto se llevaba a cabo bajo instrucciones de la familia propietaria, quienes siempre han negado las acusaciones. En el banquillo no está el fallecido Ignacio Morchón, pero sí su esposa, María del Rosario V. L., y sus tres hijos: Ignacio, Laura y María del Rosario. La Fiscalía solicita penas de 20 años de prisión para cada uno por constitución de organización criminal, delito continuado de apropiación indebida en concurso medial con delito continuado de estafa, delito continuado contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Para los otros 19 acusados —varios familiares de los propietarios— las condenas fluctúan entre dos y nueve años.
La actividad delictiva de reventa del material funerario documentada por Justo habría generado unos beneficios de 3.667.711,95 euros por el valor de los ataúdes de 5.973 difuntos despojados, junto con 381.056,14 euros por la reutilización de 3.174 adornos florales, sumando un total de 4.048.768,09 euros, según la Fiscalía.
Justo M. comenzó a trabajar en el cementerio privado del Grupo Salvador en su localidad natal, Santovenia, donde se realizaban la mayoría de las cremaciones, en 1995. Registró las primeras imágenes de los cambios de ataúdes con cámaras analógicas —se encontraron 24 carretes en su casa— y luego continuó con dispositivos digitales y móviles conforme avanzó la tecnología, hasta su jubilación en 2015, veinte años después.
Su labor documental respondía a un motivo que pronto conocería el dueño de la empresa. Justo no estaba conforme con la cuantía de su pensión y consideraba que merecía una compensación económica por las ganancias del jefe derivadas de los cambios en los que él participó. Así se lo comunicó. Al no recibir respuesta, empezó a enviarle fotografías por teléfono a finales de 2015. Ignacio Morchón no solo lo ignoró, sino que también le bloqueó en whatsapp. Justo no desistió y decidió remitirle cartas con amenazas directas de divulgar las imágenes y revelar todo si no accedía a sus exigencias. En 2017, ante el cansancio por las presiones, el empresario lo denunció y un año después la Justicia falló a su favor: Justo fue condenado por extorsión.
La denuncia, sin embargo, activó la investigación policial que dio inicio a la Operación Ignis, culminando en enero de 2019 con la detención de los dueños y de una veintena de empleados. En la vivienda del patriarca se encontró casi un millón de euros en efectivo, dinero que explicó atribuyendo a la costumbre de las personas mayores de tener efectivo en mano y a su desconfianza en las entidades bancarias.
Todo esto deberá esclarecerse en el juicio que comienza hoy con cuestiones previas y que se prevé extenso, con 35 sesiones y sin sentencia prevista hasta el 9 de junio. La próxima semana darán testimonio 239 testigos y 17 peritos, por lo que los 23 acusados no declararán hasta el 20 de mayo.
«Afirmo que todos los datos reflejados y escritos en esta libreta de mi puño y letra son veraces», señaló Justo en uno de sus cuadernos refiriéndose a sí mismo en tercera persona. «Por ello lo firmo para que, si en algún momento llegan a ser relevantes para algún asunto a 1 de enero de 1998, se tengan en cuenta. Existe otra libreta similar con datos de 1996 y 1997. ‘C. Sí’ significa que la caja se quita para el jefe. ‘C. No’ indica que no se cambia», escribió en otra anotación junto a su nombre completo y DNI.