La Guardia Civil ha arrestado a Eugenio Domínguez, quien fue Subdirector de Calidad Medioambiental en el Ministerio de Transición Ecológica, como presunto responsable de la manipulación en la concesión de permisos ambientales.
La pesquisa se orienta hacia la alteración de las Declaraciones de Impacto Ambiental para favorecer a Forestalia en sus proyectos de parques eólicos y solares fotovoltaicos.
Se investigan delitos relacionados con prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal en los trámites administrativos de dichos proyectos.
La operación ha incluido una docena de registros, evaluando si los efectos ambientales, como daños a la fauna y al paisaje, fueron correctamente valorados.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil ha detenido a un antiguo funcionario vinculado a Teresa Ribera en una supuesta red de corrupción ambiental vinculada a parques eólicos y solares fotovoltaicos, con el propósito de favorecer a Forestalia.
Se trata de Eugenio Domínguez, ex Subdirector de Calidad Medioambiental del Ministerio de Transición Ecológica durante el mandato de la actual comisaria de Competencia de la Comisión Europea, quien entonces lideraba esta cartera.
La actuación de los agentes, pertenecientes a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, en la denominada operación Perserte, se realizó esta mañana. Se ejecutaron 12 registros, de ellos diez en Madrid y dos en Zaragoza.
El caso se centra en supuestos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.
Esta causa se origina en la posible alteración de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), que son imprescindibles para la aprobación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos.
Según las evidencias recogidas hasta ahora, una persona con responsabilidades en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podría haber influido de forma irregular en la emisión de ciertas resoluciones ambientales.
La investigación apunta a que tales actuaciones podrían haber beneficiado al grupo empresarial Forestalia, del sector renovable, durante el proceso de tramitación de proyectos ubicados en la provincia de Teruel.
Se sostiene que el ex alto cargo investigado presuntamente habría actuado a cambio de un beneficio económico. Para mover esos fondos y ocultar su procedencia, los implicados habrían utilizado diversas sociedades interpuestas y, al parecer, la intervención de un fedatario público para formalizar documentación vinculada a las operaciones bajo investigación.
En relación con los proyectos bajo análisis, también se examina si la gestión ambiental consideró adecuadamente los posibles impactos sobre el entorno, como la afectación a aves y murciélagos, el impacto en el paisaje o los cambios en los hábitats y usos del suelo.
La operación fue ejecutada por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, Plaza nº 1, y coordinada con la Fiscalía de Medio Ambiente de Teruel.