La mayoría de los pagos realizados a terceros por Análisis Relevante fueron para compensar al ex presidente; los 450.000 euros que recibió se acercan considerablemente a la prima del 1% que Julio Martínez esperaba obtener por facilitar el rescate de la aerolínea.
La resolución de la jueza instructora, Esperanza Collazos, de declinar competencia a favor de la Audiencia Nacional en la causa sobre el rescate a Plus Ultra representa, para la oposición, un avance clave que confirma el conjunto de sospechas que rodean no solo los 53 millones que el Gobierno entregó hace cinco años a la aerolínea, sino también el destino de esos fondos y el supuesto rol del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la decisión gubernamental y en los beneficios que, derivado de ella, pudo haber obtenido a través de la entidad Análisis Relevante.
Los populares relacionan los hechos conocidos, la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, la investigación judicial y las informaciones confirmadas y publicadas por EL MUNDO, para exigir al Gobierno explicaciones, respuestas y la apertura de una investigación fiscal sobre los ingresos que Zapatero recibió de Análisis Relevante, la empresa de su amigo Julio Martínez Martínez, investigada por blanqueo de capitales, con el fin de determinar si esos ingresos correspondieron «a la prestación de servicios efectivos o si, en cambio, constituyen una simulación que oculta un papel de mediación o influencia para lograr el rescate de Plus Ultra».
El propósito del PP de ahondar en este caso, por el que el ex presidente del Gobierno deberá responder de forma personal este lunes ante la comisión del Senado que estudia el caso Koldo y sus ramificaciones, se traduce en una batería de preguntas -15 páginas- dirigidas al Ejecutivo y ya registradas en el Congreso. Las preguntas se organizan en tres bloques contextualizados con información manejada por la Justicia y datos extraídos del Registro Mercantil.
Los populares recuerdan que el rescate de 53 millones otorgado a Plus Ultra en marzo de 2021 generó «desconcierto» en los ámbitos económicos porque la empresa estaba situada en el puesto 166 por tráfico aéreo -solo el 0,03%-; había registrado pérdidas desde su fundación en 2011 y los bancos se negaban a apoyarla; únicamente evitó la disolución mediante un préstamo participativo de 6,3 millones proporcionado por un banco panameño vinculado al Gobierno de Venezuela, y además cedió el único avión propiedad suya a unos inversionistas, cuya identidad se desconoce, que participaron en la emisión de deuda de 10 millones de dólares hecha por la empresa, comprometiéndose a recomprarlo en 2024.
Todo esto se suma a que el juzgado número 15 de Madrid, el mismo que ahora se inhibe a favor de la Audiencia Nacional, ordenó la detención del presidente y del consejero delegado de Plus Ultra, conforme a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que afirma que hay indicios de que Plus Ultra defraudó al Estado español mediante un «uso impropio» del rescate. Dicho uso indebido, explican los populares, habría servido para colaborar en una red de blanqueo de capitales de fondos ilícitos provenientes de Venezuela, efectuando devoluciones de dinero por supuestos contratos de préstamo a cuentas extranjeras vinculadas a sociedades implicadas. Estas transferencias y pagos se produjeron «en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública».
El PP sostiene que la ayuda a Plus Ultra se otorgó de manera «forzada» tras la intervención y presión ejercida por Zapatero, y que los informes, inicialmente contrarios a la concesión, se modificaron «precisamente por esa intervención». Además, recuerdan que el ex presidente ha estado cobrando durante años del empresario Julio Martínez Martínez, asesor de Plus Ultra, a través de la empresa Análisis Relevante. La suma percibida asciende a
Los populares destacan como especialmente relevante el porcentaje que representan, dentro de los gastos de Análisis Relevante, los montos recibidos por Zapatero. Así, según los estados contables de la sociedad depositados en el Registro Mercantil, entre 2020 y 2023 el total de ingresos alcanzó aproximadamente 650.522 euros, en su mayoría supuestamente provistos por la aerolínea Plus Ultra rescatada. Según el PP, dichos ingresos no se destinaron a gastos de personal, dado que la empresa no tiene empleados, sino principalmente a «otros gastos de explotación», categoría en la que suelen incluirse pagos a terceros. En este apartado figuran 555.000 euros, suma que, afirman, habría sido mayoritariamente cobrada por Rodríguez Zapatero.
Con todos estos datos, el PP exige al Gobierno que aclare si ha llevado o si piensa llevar a cabo una investigación fiscal sobre los ingresos obtenidos por Análisis Relevante provenientes de Plus Ultra y su adecuación a las condiciones del rescate; si considera relevante que la suma recibida por Zapatero a través de Análisis Relevante se aproxime tanto al 1% de prima previsto en el contrato hallado en el ordenador de Julio Martínez en caso de que sus gestiones para alcanzar el rescate de la aerolínea resultaran exitosas; si el Gobierno realizará algún tipo de investigación tributaria sobre los ingresos de Zapatero procedentes de Análisis Relevante y si estos correspondían a servicios reales o a una simulación que encubre un papel de mediación para conseguir el rescate de Plus Ultra; si se llevará a cabo alguna investigación interna sobre el rescate de Plus Ultra y las personas involucradas; si, además de Zapatero, hubo directivos o responsables de la SEPI que también cobraran por emitir informes favorables al rescate; cuál fue el interés del presidente Pedro Sánchez en conceder el rescate y qué función desempeñó en el proceso la vicepresidenta María Jesús Montero; y finalmente, si alguno de los dos asumirá «responsabilidades políticas, como la dimisión, debido a su papel en el rescate de Plus Ultra».
«Ofensiva para acorralar» al ex presidente
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, anunció este domingo una «ofensiva parlamentaria para acorralar al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que no pueda ocultar la verdad sobre sus negocios» mediante una solicitud de documentación en el marco de la ampliación del plan de trabajo de la comisión de investigación del caso Koldo.
«En el seno de la comisión de investigación hemos requerido las declaraciones de IRPF desde que Zapatero fue presidente, su declaración de bienes y propiedades, tanto en España como en el extranjero, y copia de las comunicaciones mantenidas con las autoridades venezolanas en relación con el rescate de Plus Ultra», explicó.