El Ejecutivo retoma la iniciativa para incorporar el derecho al aborto en la Constitución, con el objetivo de modificar el artículo 43.
La propuesta cuenta con un informe positivo del Consejo de Estado, aunque este organismo cuestiona la vía escogida para llevar a cabo la reforma.
Para aprobar la reforma se requeriría el respaldo de tres quintos del Congreso, demandando el apoyo del PP y Vox, lo cual resulta improbable en el contexto actual.
El Consejo de Estado critica el enfoque político de la propuesta y señala que, jurídicamente, el aborto no encaja exclusivamente como cuestión sanitaria en el artículo 43.
El Gobierno vuelve a poner en marcha su propuesta para incluir el aborto en la Constitución, propuesta que Moncloa lanzó en octubre pasado tras la controversia en el Ayuntamiento de Madrid, cuando Vox consiguió que José Luis Martínez Almeida respaldara el reconocimiento del síndrome «postaborto».
Sin embargo, más adelante, el alcalde rectificó su postura.
Por ahora, solo Francia ha realizado un cambio comparable en su Constitución.
Cuatro meses después, Sánchez comunicó, en el inicio de la campaña de Castilla y León, que el Consejo de Estado emitió un informe favorable a la propuesta del Ejecutivo, aprobada tras un acuerdo entre PSOE y Sumar.
El texto pretende modificar el artículo 43 de la Constitución, incorporando un nuevo apartado, sin abordar una reforma agravada que requeriría mayoría de dos tercios.
No obstante, la reforma precisaría el respaldo de tres quintos del Congreso, una mayoría que parece inalcanzable, puesto que necesita el apoyo del PP y Vox.
«Es fundamental garantizarlo», declaró Sánchez este jueves, presentándose como «el Gobierno de los derechos» durante un acto del PSOE en el Monasterio de San Juan de Burgos, antiguo centro cultural desacralizado.
El edificio posee estilos románico y gótico, fue fundado a finales del siglo XI, y en 1479 se añadió un hospital para peregrinos del Camino de Santiago, autorizado por el papa Sixto IV.
El anuncio de Sánchez llegó un día después de confirmarse oficialmente la primera visita de León XIV a España, programada del 6 al 12 de junio, que incluirá una intervención el 8 de junio en el Congreso.
Prevost acudirá como jefe de Estado a una sesión solemne ante diputados y senadores.
Queda por determinar si en su discurso abordará «el derecho a la vida», dado que el nuevo pontífice no ha modificado la doctrina eclesiástica sobre el aborto.
Eso sí, ha complementado su mensaje social con otros temas: «Quien se opone al aborto pero aprueba el trato inhumano a inmigrantes en Estados Unidos, no sé si eso es realmente pro vida», afirmó recientemente.
«Oportunidad política»
El optimismo de Sánchez respecto a este tema contrasta con el informe del Consejo de Estado, que cuestiona la elección del artículo 43 para proteger constitucionalmente el aborto.
Actualmente, dicho artículo reconoce la salud como un derecho fundamental y establece que la Administración debe organizar y supervisar la salud pública mediante acciones preventivas, prestaciones y servicios.
Seleccionar este artículo en lugar del Título I, dedicado a derechos y deberes, busca agilizar la reforma ya que, en caso contrario, sería necesaria una reforma agravada con disolución inmediata de las Cortes, elecciones anticipadas y ratificación por las nuevas cámaras.
El Consejo de Estado advierte que la reforma debe fundamentarse en motivos jurídicos, no en políticos, y critica la «oportunidad política», señalando que el procedimiento para la reforma «debe ser la consecuencia» del contenido elegido y no su causa.
Asimismo, considera que introducir en la Constitución «el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo» para proteger «los derechos fundamentales de las mujeres» no encaja «naturalmente» dentro del derecho a la protección de la salud contemplado en el artículo 43.
En otras palabras, jurídicamente no se puede fundamentar el aborto únicamente como una cuestión sanitaria, al menos con la redacción actual del artículo, aunque el informe no aclara si sería necesario crear una formulación propia o vincularlo a otros derechos.
El propio Gobierno reconoce en la memoria explicativa del anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros que esta vía rápida para la reforma constitucional se adopta para «garantizar la viabilidad política».
La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, eligió encargar este informe a la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, con quien coincidió en el primer gobierno de Sánchez.
Esta decisión se tomó tras un primer dictamen encargado a Miguel Herrero de Miñón, uno de los redactores de la Constitución de 1978, que fue rechazado por la Comisión Permanente del Consejo de Estado.
Herrero alertaba de que la reforma pretendía introducir un derecho fundamental por una vía indirecta, eludiendo las garantías del artículo 15 sobre el derecho a la vida y a la integridad física.
Finalmente, el dictamen de Carcedo, que censura la «oportunidad política», contó con solamente 6 votos en contra de los 32 miembros, mientras que Herrero de Miñón emitió un voto particular.