El tratado con Gibraltar suprime la Verja y facilita la libre circulación de personas, integrando la colonia en el espacio Schengen bajo la supervisión de la UE y el control operativo español en puerto y aeropuerto.
El acuerdo consolida la soberanía británica sobre Gibraltar, excluyendo de la negociación cualquier cuestión relativa a la titularidad del territorio.
Se establece una unión aduanera entre Gibraltar y la UE, eliminando aranceles y limitaciones a las mercancías, al tiempo que se fortalece la cooperación contra el contrabando y la evasión fiscal.
España no debatirá ni votará el tratado en el Congreso, lo que ha suscitado críticas de la oposición por la ausencia de control parlamentario sobre un acuerdo de gran importancia nacional.
El tratado con Gibraltar dispone que la colonia británica en territorio español no forma parte del Acuerdo de Comercio y Cooperación UE-Reino Unido firmado en diciembre de 2020. Sin embargo, el documento reafirma la soberanía británica sobre la Roca, aceptando que esa «controversia» queda excluida del debate.
El texto, de 1.019 páginas, incluye 336 artículos, 43 anexos y un protocolo sobre coordinación de seguridad social, y fue publicado este jueves. Esto ocurre a menos de mes y medio antes de su entrada en vigor, que la Comisión Europea ha fijado para el próximo 10 de abril.
El acortado plazo establecido por las partes negociadoras, la Comisión Europea y Londres, tras más de cinco años de negociaciones, exige una ratificación urgente por parte de sus respectivos parlamentos.
Esta situación ha provocado críticas desde la oposición en España, debido a que no se prevé que el tratado sea sometido al Congreso español.
Fuentes del Partido Popular, consultadas por este medio, han reclamado que el texto sea debatido y votado en las Cortes Generales.
De acuerdo con fuentes oficiales del partido de Alberto Núñez Feijóo, «cualquier acuerdo sobre Gibraltar debe ser aprobado por el Congreso y el Senado por razones constitucionales, principios democráticos y sentido común».
No obstante, el tratado se publicó sin que el Congreso español haya sido informado en ningún momento sobre su contenido y sin que el Gobierno tenga previsto o anunciado un debate al respecto.
Por otra parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ya presentó el texto para su aprobación ante su ejecutivo el pasado 19 de enero, luego de cinco reuniones intensas. Además, ha entregado una copia a la oposición y ha realizado encuentros informativos con todos los sectores económicos y sociales afectados en la Roca.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por su parte, compareció en octubre pasado en un pleno informativo, aunque solo ofreció las líneas generales del tratado.
También se comunicó con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el día que se alcanzó el acuerdo político en junio, y posteriormente informó sobre los principios del documento a la mancomunidad de municipios del Campo de Gibraltar y a la diputación provincial.
Salvaguarda de soberanía
El núcleo político del tratado reside en su artículo 2, que establece una cláusula de protección de soberanía.
En ella, la Unión Europea y el Reino Unido acuerdan que nada en el convenio podrá interpretarse como «reconocimiento, cuestionamiento o alteración» de las posiciones legales de Madrid o Londres sobre la titularidad de la Roca.
Esto implica que las cesiones de supervisión a la UE y de control operativo a España se realizan «sin menoscabo» de la soberanía británica, y que ninguna estructura de gobierno conjunto podrá emplearse para futuras disputas territoriales.
A cambio de proteger la colonia británica, el tratado establece una integración profunda de Gibraltar en el espacio europeo.
La Roca queda incorporada al «acervo Schengen» para la circulación de personas y a la unión aduanera de la UE para mercancías, bajo la supervisión de Bruselas y con un rol central de las autoridades españolas.
El cambio visible más inmediato será la desaparición de la Verja y de cualquier barrera física para el tránsito terrestre de personas.
Policías españoles en la Roca
Los controles se trasladan al puerto y aeropuerto de Gibraltar, donde se implementará un sistema de «doble control»: primero por funcionarios británico-gibraltareños, y luego por agentes españoles, conforme a las normas Schengen.
En la práctica, al llegar a Gibraltar por avión o mar, el viajero atravesará dos filtros.
Primero, el control de entrada a cargo de las autoridades de Gibraltar, seguido por el control fronterizo externo de la UE realizado por la Policía española, que aplicará el Código de Fronteras Schengen y sus bases de datos.
A la salida, el proceso será inverso: primero España verificará el cumplimiento de las normas Schengen y luego las autoridades coloniales aplicarán sus propios requisitos de entrada o salida.
La novedad radica en que el control español se efectuará dentro del puerto y aeropuerto de Gibraltar, no en la antigua línea de la Verja.
Además, la vigilancia de la frontera terrestre en puntos de paso será reconocida como competencia de España, que podrá desplegar recursos para «prevenir entradas irregulares».
Para los residentes en Gibraltar, el acuerdo garantiza una movilidad muy similar a la de un ciudadano español o de cualquier Estado europeo firmante del Tratado de Schengen.
Contarán con entrada sin visado, estarán exentos del sistema de entrada y salida y del futuro ETIAS, y no recibirán sellos en el pasaporte al cruzar la frontera externa de la UE.
Paralelamente, la UE mantiene la facultad de «evaluar la aplicación» de estas disposiciones.
Equipos de la Comisión y agencias europeas podrán acceder a Gibraltar para verificar sobre el terreno cómo se gestionan los controles y si se respeta el «acervo Schengen».
Unión aduanera
En el ámbito económico, el tratado establece una auténtica unión aduanera entre la UE y Gibraltar.
No existirán aranceles ni límites cuantitativos para la circulación de mercancías entre Gibraltar y la UE, siempre que los productos cumplan las regulaciones comunitarias.
Esto implica que se aplicarán las normativas de la UE sobre seguridad de productos, prohibiciones, restricciones y medidas sanitarias y fitosanitarias en Gibraltar para mercancías destinadas al mercado europeo.
La Comisión desempeñará un papel supervisor para asegurar que los controles aduaneros y de calidad cumplen con el estándar común.
El tabaco cuenta con un apartado específico, fundamental para el Campo de Gibraltar.
Las autoridades de la Roca se comprometen a establecer un sistema de trazabilidad para productos del tabaco equivalente al comunitario, compartir datos con la UE y «cooperar activamente en la lucha contra el contrabando».
Ayudas de Estado
Otra dimensión económica esencial se refiere a la fiscalidad y las ayudas estatales. El acuerdo obliga a la colonia a mantener niveles de protección contra el blanqueo y la evasión fiscal equivalentes a los estándares de la UE y la OCDE vigentes a 31 de diciembre de 2020.
Esto limita, al menos teóricamente, la capacidad de Gibraltar para competir mediante ventajas fiscales extremas.
La colonia no podrá rebajar sus normas sobre transparencia, intercambio de información, sociedades pantalla o planificación fiscal agresiva por debajo de lo establecido en BEPS (Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios de la OCDE).
En otras palabras, en la lucha contra el blanqueo, el tratado impone un compromiso de no retroceso y un sistema de consultas rápidas.
Si una parte considera que la otra ha relajado sus controles y eso genera un vacío regulatorio, podrá aplicar medidas compensatorias proporcionales.
Respecto a las ayudas públicas, el texto establece una autoridad independiente de control en Gibraltar, con capacidad para autorizar, veto o recuperar subvenciones ilegales.
Esta entidad deberá «colaborar con la Comisión Europea», la cual podrá activar «mecanismos de reequilibrio» si detecta distorsiones en el comercio o inversión.
Entidad ‘supraTratado’
La estructura institucional crea una suerte de entidad supraTratado que refuerza la influencia de la UE frente a la soberanía británica reconocida formalmente.
Se establece un Consejo de Cooperación, copresidido por la Comisión y un ministro británico, con facultades para desarrollar el acuerdo, modificar anexos y activar mecanismos correctores.
Por debajo funcionan comités especializados en circulación de personas, economía y comercio, y aviación, donde España tendrá representación directa.
Para solucionar disputas, se dispone de un sistema de arbitraje internacional que, cuando trate la interpretación de normas europeas, deberá remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Sin embargo, la cuestión principal, la bandera que ondea sobre el Peñón, queda al margen de estos mecanismos.
El tratado lo subraya: ninguna resolución, sentencia o práctica derivada podrá utilizarse ni para favorecer ni perjudicar la posición de España o Reino Unido respecto a la soberanía del territorio.
En definitiva, el acuerdo elimina la Verja en la frontera entre España y el territorio no autónomo pendiente de descolonización que es Gibraltar, según la ONU, y lo inserta en una red de normas, controles y supervisión europea.
Pero el costo político asumido por Madrid es aceptar que todo este marco se edifica bajo la premisa de que la colonia seguirá siendo jurídicamente británica.
«Gibraltar y Reino Unido no deben ser beneficiados por el Brexit«, lamentan fuentes de la dirección del PP. «Quedan todavía muchas cuestiones por resolver».
Mientras que Londres ya tramita el texto y Picardo lo ha sometido al análisis de su Ejecutivo y oposición, en España el debate apenas comienza.
Y sucede con el tratado publicado en el Diario Oficial de la UE y en la web de Exteriores, sin que las Cortes Generales hayan podido siquiera pronunciarse sobre un acuerdo que afecta directamente a la soberanía, y a los ministerios de Exteriores, Interior, Hacienda, Transportes y Defensa, así como a toda la economía del Campo de Gibraltar.