El Ministerio del Interior criticó el modo en que Pedro J. Ramírez fue expulsado del juicio por el 23-F, calificando la acción como una «mortificación pública».
La suspensión de la acreditación a Diario 16 respondió a un artículo que recogía testimonios controvertidos de quienes asaltaron el Congreso durante el golpe de Estado.
El Tribunal Constitucional anuló finalmente la suspensión de la credencial a Pedro J. Ramírez, en una resolución histórica que estableció límites claros a la Justicia militar.
Este episodio evidenció las tensiones existentes entre la libertad de prensa y la autoridad judicial dentro del contexto del juicio a los golpistas del 23-F.
Un año después del intento de golpe de Estado del 23-F, el juicio contra los militares implicados estuvo marcado por uno de los momentos más tensos y reveladores en la relación entre la Justicia y la libertad de prensa: la retirada de la acreditación a Diario 16 y a su director, Pedro J. Ramírez.
Los documentos desclasificados por Moncloa el pasado miércoles también reflejan este hecho. Lo hacen a través de unas «anotaciones» firmadas por el Ministerio del Interior que valoran, sin firma, «aspectos del procedimiento».
En líneas generales, el documento, fechado el 25 de febrero de 1982, califica como «justa» la sentencia dictada a los implicados en el golpe.
En una sección aparte, se refiere a la retirada de la credencial a Diario 16, en particular al periodista y actual director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez. Señala que la suspensión de su acreditación y su expulsión del juicio ocasionaron una «mortificación pública».
El autor anónimo del informe sostiene que la «manera de ejecutar» la retirada de la acreditación resulta problemática.
«Ni las exigencias ni las razones de prudencia aconsejaban una audiencia pública, con la doble e indeseable consecuencia de la constatación pública de la presión ejercida por los acusados y las discutibles valoraciones de sus defensas, así como la mortificación pública del expulsado de la Sala, por un hecho ajeno a la misma«, afirma.
Este informe del Ministerio del Interior subraya, además, que la decisión de retirar la credencial a Pedro J. Ramírez resulta «comprensible», dado que entre todas las opciones «de consecuencias peligrosas», eligieron la más «prudente», aunque muchos la consideren la más «blanda».
El responsable del Ministerio del Interior censura la «conducta inapropiada» del público durante la sesión, motivada por un asunto acontecido fuera de la sala: la publicación de un artículo en Diario 16.
Asimismo, indica que la suspensión al periodista no puede mantenerse de forma indefinida y que, una vez cumplido su fin, «debe ser revocada cuanto antes».
Además, señala que Diario 16, «a su modo», había brindado una reparación pública.
El escrito del Ministerio del Interior explica que «la prudencia disponible del Tribunal ha quedado severamente reducida». «En adelante, deberá considerar que se verá obligado a emplear alternativas más estrictas, incluso si al devolver la credencial a Diario 16 se repite un incidente similar», añade.
Según el documento, la medida, aunque «comprensible» para evitar la paralización del juicio, terminó evidenciando la fragilidad de la autoridad judicial.
La historia
La acreditación para informar sobre el juicio del 23-F fue retirada a Diario 16 tras la publicación, el día del aniversario del intento de golpe y con el juicio en curso, de un artículo titulado Así asaltamos el Congreso.
El texto estuvo firmado por Adolfo Salvador y recogía el testimonio de uno de los policías militares que ingresaron en el Congreso bajo las órdenes del capitán Álvarez-Arenas.
Entre las declaraciones del capitán Álvarez-Arenas destacaba la frase: «Al que dé un paso atrás le disparo personalmente en la nuca».
Los militares interpretaron esto como un «insulto claro y grave a la dignidad de un Oficial» y, junto a sus abogados, anunciaron que no participarían en el Tribunal mientras los corresponsales del diario permanecieran en la sala.
El entonces presidente del tribunal, el teniente general Luis Álvarez Rodríguez, decidió expulsar a Pedro J. Ramírez, que cubría las sesiones para su periódico, lo que permitió que el juicio pudiera continuar.
No fue hasta el día 11 del mes siguiente cuando el Consejo Supremo de Justicia Militar decidió devolver las acreditaciones a Diario 16, pero con la condición de que ni el director del periódico ni Adolfo Salvador las usaran.
Posteriormente, el 3 de junio, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional emitió una sentencia que concedía el amparo solicitado por el director de Diario 16, anulando la suspensión de la credencial de Pedro J. Ramírez dictada por el Consejo Supremo de Justicia Militar.
«El protagonista»
En su obra Palabra de Director, Pedro J. Ramírez narra este suceso.
Todo comenzó con una llamada del general Antonio Rodríguez Toquero, encargado por el Ministerio de Defensa de la relación con la prensa, quien le explicó que el juicio estaba bloqueado y que él debía «ayudar» a solucionarlo.
Al inicio del juicio, Ramírez percibió que los acusados se rehusaban a salir de sus celdas y una mujer le reprochó: «No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza».
Minutos después, le propusieron retirarse voluntariamente de la cobertura del juicio. Ante su negativa y tras escuchar insultos como «sinvergüenza» o «desgraciado», se sentó en la segunda fila asignada a los medios.
Después del alegato del abogado del capitán Álvarez-Arenas y el fiscal togado José Manuel Claver Torrente, el actual director de EL ESPAÑOL aguardó la reanudación del juicio. «Sin embargo, fue entonces cuando alzó la voz el coronel Salvador Escandell, quien afirmó que el artículo de Diario 16 constituyó una injuria gravísima contra toda la institución militar».
Tras esas palabras y los vítores y aplausos de familiares y militares presentes, actitud que ahora reprueba el Ministerio del Interior, el general Luis Álvarez Rodríguez ordenó la expulsión de Ramírez de la sala.
«No había faltado al respeto a los jueces ni cometido acto punible alguno en ese lugar, pero dos miembros de la Policía Militar, armados con metralletas, me ordenaron que recogiera mis cosas y abandonara el recinto«, relata Pedro J. Ramírez en su libro. Recuerda aún los insultos de «hijo de puta» y «sinvergüenza» a su salida.
Ramírez menciona en sus memorias el respaldo recibido de colegas de la prensa nacional y extranjera, como Le Monde, Herald Tribune o Corriere della Sera, entre otros. Sin embargo, no todo fue apoyo: «la España conservadora y los círculos políticos madrileños» respaldaban al Tribunal.
Pedro J. Ramírez explica que «el Gobierno entendía la mala imagen internacional que esto proyectaba sobre una España que aspiraba a ingresar en la OTAN»; por eso, desde la expulsión, buscaron modos de mitigar la situación.
La acreditación fue devuelta a Diario 16, pero bajo la condición de que Pedro J. no cubriera más el juicio para evitar otro boicot de los golpistas. Luis María Ansón se encargó de gestionar esta situación.
Tras varias presiones, el 21 de abril, casi dos meses después de la expulsión, se divulgó una resolución que evidenciaba un desafío a la prensa: la acreditación para cubrir el juicio «no constituye un derecho procesal, sino una concesión privilegiada».
La situación «parecía definitivamente perdida», recuerda Pedro J., hasta que el 2 de junio de 1982 el Tribunal Constitucional concedió el amparo solicitado por el director de Diario 16 y anuló la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar.
Era la primera vez que un tribunal civil revocaba una resolución de la Justicia militar desde el final de la Segunda República.