El Rey Juan Carlos I manifestó su inquietud al CESID por la percepción negativa que estaba adquiriendo el Ejército tras el intento de golpe de Estado del 23-F y durante el proceso judicial militar contra los implicados.
Documentos recientemente desclasificados muestran que la Casa del Rey realizó un seguimiento minucioso de la situación, facilitando información confidencial a los servicios de inteligencia.
El monarca resaltó la urgencia de salvaguardar la imagen de las Fuerzas Armadas y solicitó a las autoridades públicas una reacción firme frente a los ataques provenientes de los medios de comunicación.
Juan Carlos I subrayó la relevancia de examinar la coyuntura entre civiles y militares, recordando la dependencia del Ejército respecto al Gobierno y el avance hacia la democracia en un país aún frágil.
Los documentos desclasificados hoy concernientes al golpe de Estado del 23-F indican que la Casa del Rey monitorizó minuciosamente los preparativos y el impacto del consejo de guerra que dio inicio en febrero de 1982 ante el Consejo Supremo de Justicia Militar.
Juan Carlos I mostraba una gran preocupación por los ataques al Ejército divulgados por los medios de comunicación, que generaban una opinión pública adversa hacia las Fuerzas Armadas en los meses previos a dicho juicio.
En uno de los documentos se atribuye al Rey la frase: «Unas Fuerzas Armadas victoriosas tras una dolorosa guerra civil, que no lograron beneficios destacados tras su triunfo y que (…) estaban habituadas a recibir el máximo respeto».
El secretario general de la Casa del Rey, Sabino Fernández Campo, intercambió datos «personales y confidenciales» con el general Emilio Alonso Manglano, con el fin de que el director del servicio de inteligencia (CESID) estuviera informado sobre los mensajes que Juan Carlos I transmitía tanto a los altos mandos militares como al Gobierno.
Una de estas comunicaciones de Fernández Campo hacia Manglano está fechada el 14 de diciembre de 1981, dos días después de que Juan Carlos I mantuviera una reunión crucial con el presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo; el ministro de Defensa, Alberto Oliart, y la Junta de Jefes de Estado Mayor.
El principal colaborador del Rey envió al responsable de los servicios de inteligencia una nota confidencial con el «guion utilizado como base» para ese encuentro.
«La envío por indicación del Rey», anotó Fernández Campo.
De acuerdo con ese guion, el jefe de Estado expresó a los líderes políticos y mandos militares reunidos el sábado 12 de diciembre de 1981 que «considero pertinente este encuentro porque, aunque ya he intercambiado impresiones con el Presidente del Gobierno y el Ministro de Defensa sobre los recientes acontecimientos militares, deseo escuchar las opiniones de los miembros de la Junta de Jefes de Estado Mayor, presentadas con la máxima claridad y sinceridad por quienes pueden reflejar no solo sus sentimientos personales, sino también los de todos aquellos a quienes mandan en la organización militar».
En relación con los ataques dirigidos a las Fuerzas Armadas, el Rey indicó que «debemos reconocer que enfrentamos situaciones posiblemente provocadas de manera deliberada y organizada».
Esos ataques «son tanto una consecuencia de lo sucedido el 23 de febrero como una preparación del clima para el momento en que se celebre el Consejo de Guerra contra los implicados en dichos hechos».
«No somos un país estable»
Según la nota remitida al CESID, el jefe del Estado expuso ante los presentes que «aunque hemos avanzado y seguimos progresando considerablemente en el camino hacia la democracia, todavía no somos un país completamente estable, en el que las acciones de todas las fuerzas, estamentos e instituciones puedan desarrollarse con total normalidad».
Para Juan Carlos, era fundamental «reconocer antecedentes y hechos históricos» que moldean la actualidad, circunstancias «que condicionan y obligan a aceptar excepciones temporales, pero palpables».
Seguidamente, el Rey comentó que «unas Fuerzas Armadas vencedoras en una dolorosa guerra civil, que no obtuvieron beneficios significativos tras su victoria y que durante cuarenta años han servido a España con espíritu de sacrificio, estaban habituadas a recibir el mayor respeto, la consideración más destacada y la protección de su dignidad por parte de diferentes sectores de la Nación».
Mencionó también que «la necesaria libertad de expresión en los medios de comunicación», el revanchismo en las opiniones y los cambios obligatorios en el tratamiento de asuntos militares, «han generado sorpresa y conmoción entre los miembros de las Fuerzas Armadas«.
«Esto no solo afecta a quienes participaron en la contienda civil, sino también a las generaciones que posteriormente han ingresado en las filas de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire», añadió.
Según Juan Carlos I, «la prensa, en la mayoría de los casos sin darse cuenta, amplifica esos fines desestabilizadores y actúa como factor irritante para las Fuerzas Armadas».
«Es imprescindible que estas [las Fuerzas Armadas] se sientan valoradas y amparadas; si no es por parte de esos medios de comunicación que a menudo buscan el sensacionalismo y cuyo control resulta complicado en un sistema de libertades, entonces deben hacerlo los poderes públicos, cuya capacidad de respuesta debería ser rápida y contundente».
El Rey aspiraba a que esta situación fuera analizada «entre civiles y militares», y apuntó que ello debía realizarse «sin perder de vista la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder del Gobierno«.
«No se trata de que el Rey pretenda intervenir en asuntos para los que constitucionalmente no tiene competencia, sino de conocer los problemas que afectan al país y a sus Fuerzas Armadas, con el mayor interés y la mejor disposición para contribuir a su solución».