El juez José Luis Calama ha reconocido a cerca de 500 personas como perjudicadas en la presunta estafa relacionada con Madeira Invest Club, encabezada por Álvaro Romillo.
El número de víctimas reconocidas disminuye de 3.062 a 464, que se agrupan en cuatro grandes acusaciones particulares para el juicio.
Esta estafa, catalogada como la segunda más grande en la historia reciente de España, podría superar los 250 millones de euros en daños.
Entre los afectados se encuentran inversores relevantes, incluyendo uno que aportó 4,5 millones y un directivo de una empresa del Ibex.
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, reconoce como «perjudicados» a casi 500 personas involucradas en el caso Madeira.
Este juez investiga la presunta estafa liderada por Álvaro Romillo, supuestamente realizada mediante su grupo empresarial, Madeira Invest Club (MIC).
Este empresario, conocido como CryptoSpain, financió al actual eurodiputado Alvise Pérez. Durante la campaña de las últimas elecciones europeas, le entregó en efectivo 100.000 euros al político procedente del activismo.
En su resolución de este martes, Calama establece en 464 el número de presuntas víctimas. Asimismo, ordena que todas se agrupen en solo cuatro acusaciones particulares para el futuro juicio.
Por ello, la cantidad de perjudicados reconocida por el juez disminuye. En el auto fechado en diciembre pasado, que procesó a Romillo y a otras nueve personas —entre ellas familiares del empresario—, Calama señaló a 3.062 inversores afectados.
No obstante, no todos decidieron formalizar sus denuncias. El juez exigió a las acusaciones que entregaran listas numeradas de sus clientes, sumando un total de 464.
Estas casi 500 personas dispondrán de un plazo de siete días hábiles para unirse a una de las cuatro acusaciones principales.
¿Cuáles son? Las que encabezan el abogado Víctor Soriano, la Asociación de Usuarios de Criptomonedas, el bufete Zaballos Abogados y una cuarta agrupación.
La primera reúne a 15 afectados, a quienes el juez reconoce provisionalmente pérdidas superiores a 15 millones de euros.
La Asociación de Usuarios de Criptomonedas representa a 67 inversores, con un perjuicio estimado en 11,3 millones.
El despacho Zaballos defiende a 328 clientes, con un daño provisional calculado en 32,8 millones de euros.
La última acusación incluye, por ahora, 19 inversores que exponen un perjuicio valorado en 928.940 euros.
Para definir las cuatro acusaciones en las que deben integrarse los perjudicados, el juez consideró la relación entre el número de afectados y las cantidades denunciadas como defraudadas.
Como reveló EL ESPAÑOL, entre los denunciantes en el caso Madeira figura, por ejemplo, un particular que invirtió 4,5 millones de euros y un directivo de una empresa del Ibex.
En declaraciones a este medio, Soriano, uno de los abogados al frente de las acusaciones mayoritarias, destaca la relevancia de este procedimiento judicial.
«Este caso investiga la segunda mayor estafa en la historia reciente de España, con un monto que supera los 250 millones de euros», subraya.
«Nuestros clientes conforman un grupo de 15 grandes afectados con un daño conjunto que supera los 15 millones de euros», añade.