Adif extrajo fragmentos de la vía y soldaduras del lugar del accidente ferroviario en Adamuz antes de contar con la autorización judicial correspondiente.
La entidad justificó la extracción señalando que el material se encontraba vulnerable al deterioro y fue trasladado a una base en Hornachuelos.
La jueza llamó la atención a Adif por mover el material sin permiso y advirtió sobre posibles consecuencias penales si se repitiera esta conducta.
La Guardia Civil y la CIAF detectaron la extracción durante inspecciones posteriores, lo que suscitó dudas acerca de la integridad de la cadena de custodia de las pruebas.
La extracción de fragmentos de vía y soldaduras en el sitio del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) ha generado un conflicto judicial entre la Guardia Civil, la jueza y Adif en relación a la cadena de custodia de las pruebas del incidente.
El organismo gestor de la infraestructura ferroviaria se defiende argumentando que retiró el material porque estaba “expuesto al deterioro”, aunque esta acción fue realizada días antes de solicitar la autorización judicial y de que esta se le concediera.
La entidad pública registró en un informe, al que ha accedido EL ESPAÑOL, la recogida y depósito de dichos cupones (fragmentos de la vía) en la base de mantenimiento de Adif en Hornachuelos (Córdoba).
El 22 de enero, una vez rescatados los cuerpos de las dos últimas víctimas fatales, tanto la CIAF como la Guardia Civil abandonaron el lugar del accidente tras haber recolectado todo el material probatorio que consideraron necesario, «y sin que se adoptaran medidas cautelares sobre la zona o los materiales que quedaron sin precintar, dejando los cupones expuestos al deterioro».
Por ello, indica ADIF en dicho informe, «entre la noche del 22 y durante el día 23 de enero se procedió al traslado a la base, sin alteración o manipulación alguna, manteniéndose en todo momento a disposición judicial».
No obstante, durante la noche en que se efectuó el traslado, no se contaba con la autorización de la jueza.
El accidente ocurrió el domingo 18 de enero a las 19:43, cuando un convoy de Iryo descarriló en el término municipal de Adamuz. La invasión del gálibo de la vía paralela provocó la colisión con un tren Alvia de Renfe que circulaba en dirección opuesta. El saldo fue de 46 fallecidos.
Según la versión recogida posteriormente por la Guardia Civil, la orden para retirar esas piezas fue verbal, según declaró el responsable de la base, y procedió de un jefe de área de la compañía. El mismo operario admitió que sobre algunos raíles se realizaron pruebas de dureza, aunque aseguró que no se trató de test destructivos.
En su defensa, la empresa sostiene que tanto los técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) como los agentes de la Guardia Civil ya habían abandonado la zona tras recopilar el material que consideraron pertinente, y que no existía ninguna medida cautelar ni precinto sobre los restos que permanecían en el sitio.
Los cupones, sostiene, quedaron expuestos a posibles daños, motivo por el cual se decidió su traslado «para preservarlos».
La solicitud formal posterior
Sin embargo, según los documentos obtenidos por este medio, fue hasta el 26 de enero cuando la empresa solicitó formalmente la autorización judicial para acceder con maquinaria pesada al kilómetro 318 de la línea Madrid-Sevilla. El propósito era iniciar tareas de reconstrucción y restablecimiento del servicio ferroviario.
La petición fue dirigida a la jueza suplente del juzgado de Montoro, María Jesús Salamanca Serrano.
Al día siguiente, 27 de enero, la magistrada autorizó el acceso, imponiendo ciertas condiciones: cualquier vestigio o prueba recolectada debía detallarse minuciosamente, informarse al juzgado sobre su lugar de depósito y quedar bajo custodia judicial.
Antes de conceder el permiso, solicitó un informe a la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba para verificar que la inspección ocular estaba concluida y que no se afectaría la investigación.
Como señala la Guardia Civil en un oficio posterior, fue hasta el 28 de enero cuando se comunicó a la empresa que estaba autorizada para entrar a la zona del accidente.
El hallazgo
El 30 de enero, agentes de la Guardia Civil y técnicos de la CIAF regresaron al lugar del accidente para tomar nuevas medidas en el bogie del vagón 8 del tren de Iryo y en varias soldaduras del tramo. Fue entonces cuando fueron informados de que los cupones con soldaduras habían sido trasladados días antes a Hornachuelos.
El 2 de febrero, los investigadores enviaron un correo electrónico a la empresa indicando que no debía realizar ninguna actuación sobre las soldaduras sin previo permiso. Al día siguiente, el 3 de febrero, agentes de la Policía Judicial se desplazaron a la base para precintar el material almacenado allí. También se aseguró un cupón concreto solicitado por la CIAF.
Varios días más tarde, el 7 de febrero, los investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Córdoba redactaron un oficio dirigido al juzgado. La Guardia Civil detalló que el responsable del almacén confirmó tanto la orden verbal de retirada como la realización de ensayos de dureza.
El documento también indicaba que entre los cupones analizados podrían encontrarse soldaduras que la CIAF deseaba examinar, lo que generaba incertidumbres sobre la integridad de la cadena de custodia.
La advertencia
El 9 de febrero, Adif e Ineco sellaron un informe donde se detallaba la «trazabilidad» del traslado y almacenamiento del material desde la cabecera sur del punto de banalización de Adamuz hasta Hornachuelos. Ese mismo día, agentes regresaron a la base para asistir en la reubicación de los cupones, coincidiendo con la instalación de un sistema de alarma en el almacén.
Al día siguiente, 10 de febrero, la nueva titular del juzgado de Montoro, Cristina Pastor, emitió una providencia en la que amonestó formalmente al gestor ferroviario. La magistrada exigió que se abstuvieran de cualquier extracción, traslado o prueba sobre el material relacionado con la causa sin autorización judicial previa, ordenó la devolución inmediata de lo que se encontrara en su poder y advirtió sobre la posible responsabilidad penal en caso de incumplimiento.