Trece primeros ministros de Europa criticarán a Pedro Sánchez en Bruselas por la regularización masiva de inmigrantes en España, argumentando que esta acción ignora el Pacto Migratorio y de Asilo de la UE.
Figuras como Giorgia Meloni y Friedrich Merz ven esta medida como incompatible con la política migratoria común y cuestionan la fiabilidad de España como miembro europeo.
El Partido Popular y diversas comunidades autónomas reprochan la falta de coordinación, la posibilidad de crear un «efecto llamada» y la tramitación rápida del decreto, sin debate parlamentario ni planificación financiera.
El real decreto es criticado por fomentar el fraude, generar inseguridad jurídica y vulnerar la lealtad institucional al no acordar el procedimiento con las comunidades autónomas.
Trece primeros ministros reprenderán a Pedro Sánchez en el próximo Consejo Europeo por la regularización masiva en España al «ignorar» el Pacto Migratorio y de Asilo de la Unión Europea. La reunión está fijada para marzo,
Según informan fuentes del Partido Popular, la presidenta del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, ya ha expresado su «desacuerdo» con el real decreto aprobado por el Gobierno en enero, que permitirá regularizar a más de medio millón de inmigrantes.
Junto a Meloni, líderes europeos del PPE, como el canciller alemán, Friedrich Merz, cuestionarán si España sigue siendo un «socio confiable» tras «ignorar» el pacto migratorio aplicable a los 27 miembros.
Para estos primeros ministros, la regularización masiva es una acción «contraria e incompatible» con los principios que rigen la política migratoria común de la UE, según las mismas fuentes.
El Pacto Europeo de Migración y Asilo 2024 se basa, fundamentalmente, en la responsabilidad compartida entre los países para un «control efectivo» de las fronteras y un sistema de retornos fiable.
Además, exige que las decisiones nacionales no generen «impactos negativos» en otros estados ni comprometan la integridad del espacio Schengen.
En ese sentido, el comisario europeo, Magnus Brunner, recordó ante el Parlamento Europeo que las personas en situación irregular deben salir de la UE para que las normas mantengan su «credibilidad» y que un permiso de residencia nacional no sirva como un «cheque en blanco» para la libre circulación.
En la reciente cumbre del PPE, realizada en enero, Alberto Núñez Feijóo solicitó a Bruselas que «ponga en tela de juicio» los planes del presidente del Gobierno sobre la regularización masiva.
Fuentes del PP aseguran que esta regularización se ha planteado de manera «unilateral» y sin coordinación con los socios europeos, lo cual podría producir un «efecto llamada», según alertaron fuentes policiales a este medio.
El equipo de Feijóo, que ya presentó nueve alegatos contra la normativa del Gobierno, también cuestiona el método elegido por el Ejecutivo para aprobar la medida.
Así, denuncian la aplicación del procedimiento de urgencia para tramitar el real decreto, que limita tiempos, elimina fases de consulta pública y evita, según indican, un debate parlamentario detallado.
Las mismas fuentes alegan que no existen «circunstancias extraordinarias sobrevenidas» que justifiquen la reducción de tramitación y garantías, dado que la iniciativa legislativa popular en esta materia fue tomada en cuenta por el Congreso en abril de 2024.
«Decisión política»
Según su criterio, no se trata de un hecho inesperado, sino de una «decisión política» postergada, cuya tramitación urgente limita el «debate parlamentario» y complica la planificación financiera y territorial de las comunidades autónomas.
Otro punto central en la ofensiva popular es el impacto económico y social de la regularización. El Gobierno sostiene que esta medida no tendrá repercusiones significativas en los presupuestos y que, por ende, «no afectará a las cuentas de las Administraciones Públicas».
No obstante, el Partido Popular considera que estas afirmaciones son «insostenibles» y que el Ejecutivo está «ignorando» el colapso del sistema público.
«No parece razonable aumentar la presión sobre sanidad, educación, servicios sociales y vivienda sin que se haya previsto financiación ni planificación complementaria».
En este sentido, critican la «cuantificación indeterminada» de la regularización por la ausencia de datos oficiales concluyentes sobre el número de personas en situación administrativa irregular en España.
El decreto también ha generado críticas respecto al sistema de certificación de antecedentes penales. El proyecto permite reemplazar certificados por «declaraciones responsables» en ciertos casos y no exige antecedentes de países de tránsito.
Para el PP, esto provoca «inseguridad jurídica» y puede dificultar la labor de control.
Asimismo, reprochan que el real decreto establece un acceso casi automático a la residencia legal, requiriendo sólo acreditar presencia en España antes del 31 de diciembre de 2025 y cinco meses de estancia continua.
A juicio de los populares, esto «favorece el fraude y beneficia a las mafias», que ofrecen tickets y facturas en diversas redes sociales para utilizarlos como «pruebas» de su estancia prolongada en España.
Fuentes del PP concluyen que con este real decreto «se combate la consecuencia pero no la raíz, y así se perpetúa el problema».
En cuanto a competencias, las comunidades denuncian la violación del principio de lealtad institucional al no convocar la Conferencia Sectorial de Inmigración para acordar la oportunidad, el alcance y la financiación del proceso.
Recuerdan que la Ley 40/2015 obliga a las administraciones públicas a evaluar el impacto de sus decisiones sobre otras y a ponderar los intereses involucrados.