Un informe de la Policía Nacional estima que serán regularizados 1.250.000 inmigrantes, cifra que supera ampliamente las previsiones oficiales del Gobierno.
El análisis advierte riesgos como el efecto llamada, conflictos sociales, presión sobre servicios públicos y posibles complicaciones en seguridad nacional.
El informe señala la insuficiencia de los controles de antecedentes y la facilidad para el fraude documental durante el proceso de regularización.
La Policía alerta que la carga operativa y administrativa será insostenible, especialmente en la emisión de documentos y gestión de expedientes.
La regularización masiva de inmigrantes anunciada por el Gobierno no alcanzará a 500.000 personas, como indica la ministra de Inclusión, Elma Saiz.
De acuerdo con un informe oficial de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, el número de beneficiarios directos rondará los 1.250.000 ciudadanos extranjeros.
El documento, al que este periódico ha tenido acceso, sostiene que la cifra implica un aumento del 250% respecto a la estimación reflejada en documentos oficiales por el Ministerio de Inclusión. Esta cantidad también supera ampliamente los más de 840.000 calculados por Funcas.
El informe además alerta que su propia «estimación» aumentará significativamente al incluir beneficiarios indirectos, como familiares que accedan a reagrupaciones y solicitantes de protección internacional que desistirán de sus peticiones para acogerse al nuevo procedimiento.
Datado el 2 de febrero y firmado por el comisario jefe central de Operaciones de Extranjería, Alfredo García Miravete, el documento fue enviado a la Unidad de Planificación Estratégica y Coordinación de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, entonces dirigida por el dimitido José Ángel González Jiménez.
Se trata de una evaluación interna elaborada por especialistas de la Oficina de Migración y Extranjería acerca de la pertinencia, preparación y consecuencias del proyecto de Real Decreto que modifica el Real Decreto 1155/2024.
«Efectos negativos significativos»
El informe presenta un análisis estratégico que alerta que la regularización, en los números y plazos previstos para el primer semestre, «podría causar efectos negativos considerables».
Entre ellos destaca un «efecto llamada para futuros flujos irregulares», «tensiones sociales», «problemas de seguridad ciudadana, orden público e incluso seguridad nacional«, junto a una «desconfianza social respecto a la gestión de las fronteras«.
La Policía detalla cuatro riesgos principales. El primero es el mencionado efecto llamada: las redes de tráfico de personas ya emplean el anuncio en terceros países mediante redes sociales, y las mafias elaboran un «mercado negro de documentos falsos» para acreditar la permanencia en España.
También se prevén movimientos migratorios desde otros Estados de la UE hacia España para beneficiarse de esta norma. La percepción de una política migratoria «muy flexible» motivará a extranjeros a trasladarse al país, indica el informe, ya sea para aprovecharse de forma fraudulenta o en espera de futuras ampliaciones.
El segundo riesgo es la saturación de servicios públicos. La llegada masiva de beneficiarios incrementará la presión en la sanidad, la educación y servicios sociales, que «podrían no contar con la capacidad necesaria» para absorber un volumen tan elevado durante un período tan corto.
«Regularización de terroristas»
El tercer punto afecta a la convivencia social. La incorporación rápida de un gran número de personas puede generar conflictos ciudadanos y facilitar «la posible entrada y regularización de individuos potencialmente terroristas y otros vinculados al crimen organizado«.
El cuarto riesgo se refiere a la presión sobre el mercado laboral. El aumento en la oferta de mano de obra podría elevar la competencia por los empleos no cualificados y reducir los salarios.
El experto en Extranjería de la Policía Nacional advierte que esto ocasionará «incertidumbre respecto al futuro económico nacional» si no va acompañado de políticas integrales en empleo e integración.
¿Decreto urgente?
Uno de los aspectos más críticos del informe cuestiona la tramitación urgente del decreto.
El Gobierno la justifica como una medida «sobrevenida», pero la Policía replica que, dado que el proyecto parte de la ILP admitida a trámite el 9 de abril de 2024, esa necesidad se identificó hace casi dos años, por lo que «no parece una situación sobrevenida».
El documento oficial destaca que el requisito de «estar en España» es «claramente insuficiente» en su redacción.
Permitirá que solicitantes de asilo que han viajado a otros países europeos en años recientes puedan beneficiarse, generando «movimientos desde otros países UE hacia España» en conflicto directo con el Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Esto posibilitará que extranjeros que estuvieron en España pero se mudaron a otro país Schengen regresen intentando «hacer creer que nunca abandonaron España». Las mafias de tráfico y trata verán «una oportunidad para crear un mercado negro de documentos» que certifiquen fraudulentamente esa permanencia.
El texto policial también cuestiona el sistema para acreditar la permanencia de cinco meses como único requisito para la vía de regularización.
No se especifica qué tipo de documentos serán válidos ni se exige que sean nominativos, lo que abre la puerta a la acreditación fraudulenta con documentos falsos o de terceros.
Otra inconsistencia surge en las reagrupaciones familiares. Los hijos recibirán un permiso de cinco años, mientras que el adulto titular solo uno de un año: si el progenitor no renueva, sus hijos mantendrán la residencia pero la del padre habrá expirado.
Coladero de antecedentes
El apartado de antecedentes penales recibe una de las críticas más duras. El plazo de cinco meses resulta «muy corto» para que conste una sentencia penal contra un extranjero, y cualquier proceso judicial abierto podría no detectarse.
Asimismo, el solicitante puede omitir su historial de residencia en otros países, ocultando posibles antecedentes.
Si el país de origen no proporciona el certificado de antecedentes, la norma permite reemplazarlo con una «declaración responsable», opción que la Policía considera «inaceptable» porque se basa únicamente en la palabra del solicitante.
Los expertos recomiendan consultar de oficio la base de datos europea ECRIS-TCN para verificar posibles antecedentes en otros Estados miembros. Además, alertan que el efecto llamada generará «una nueva bolsa de irregulares» que, en menos de un año, «reemplazará al grupo regularizado«.
A esto se suma la carga operativa que el Gobierno subestima.
La memoria del decreto asegura que «no tendrá impacto presupuestario» ni de personal, pero la Policía asegura que el proceso provocará un aumento «excesivo» en la expedición de Tarjetas de Identidad de Extranjeros, una carga que se repetirá anualmente con renovaciones masivas.
Los solicitantes sin pasaporte podrán presentar una cédula de inscripción. Ya se detectan fraudes por extravío de pasaportes, y se espera una demanda «masiva y urgente» de estas cédulas que saturará las Brigadas de Extranjería.
Cada expediente exigirá también un informe policial individual sobre si el extranjero representa una amenaza para el orden público, una carga que será «inasumible», concluye el informe.