Vox ha solicitado a la Comisión Europea que indague si se emplearon fondos europeos para la contratación de un joven del PSOE en la empresa pública Ineco, tras gestiones realizadas por José Bono.
Los mensajes muestran que José Bono requirió a Koldo García, asesor de Ábalos, que agilice la contratación de Álvaro Lario, quien consiguió un contrato con un salario anual de 36.000 euros en un plazo de sólo diez días.
Vox sostiene que la posición estaba vinculada a fondos europeos de recuperación, y demanda a Bruselas que precise el origen del proyecto financiado y si hubo un uso indebido de esos fondos.
La noticia menciona otros supuestos casos de contrataciones irregulares en Ineco, como los de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, y Joseba García Izaguirre, hermano del asesor Koldo.
Vox ha solicitado a la Comisión Europea que investigue si el Gobierno de Pedro Sánchez destinó fondos europeos para sufragar la contratación de un joven en la empresa pública Ineco, tras revelaciones de EL ESPAÑOL.
Esta iniciativa surge de una pregunta registrada ante Bruselas por el eurodiputado Jorge Buxadé.
En las comunicaciones de WhatsApp, el exministro de Defensa José Bono solicita a Koldo García, asesor de Ábalos, que «le dé un empujón» al proceso para contratar a un joven llamado Álvaro Lario.
Dos horas después, Koldo confirma que «en diez días estará trabajando» y que su salario será de 36.000 euros anuales.
Cinco días más tarde, Bono vuelve a escribir para asegurar que «ya han contactado con el joven y está encantado«. Estas conversaciones se registraron en junio de 2021.
De acuerdo con Vox, la cuestión clave es que el puesto en Ineco «estaba vinculado a los fondos europeos de recuperación», lo que, según ellos, podría constituir un posible delito de malversación.
En la pregunta dirigida a la Comisión Europea, Buxadé solicita que Bruselas precise a qué proyecto concreto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) corresponde la financiación para la contratación de Álvaro Lario.
El eurodiputado también consulta si la Comisión ha comenzado ya actuaciones para investigar los hechos y en caso afirmativo, recuperar los fondos empleados de forma incorrecta y aplicar sanciones.
Además, el documento plantea si Bruselas considera abrir una auditoría general sobre la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno español, a la vista de «repetidos casos» de posible uso irregular en diferentes situaciones.
Fuentes de Vox sostienen que no es un caso aislado, sino un patrón en el que las empresas públicas vinculadas al Ministerio de Transportes habrían servido para colocar a personas afines al PSOE.
Otros casos
Ineco, empresa pública bajo la dependencia de Transportes, ya había sido señalada en investigaciones por la contratación irregular de Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos.
De hecho, Ábalos y Koldo serán sometidos a juicio por este caso dentro del procedimiento conocido como el caso mascarillas ante el Tribunal Supremo.
Jésica fue incorporada en 2019 como auxiliar administrativa en Ineco tras gestiones de Koldo dirigidas a la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.
Durante su permanencia en esa empresa pública, recibió un sueldo aproximado de 34.000 euros.
La Guardia Civil y la Unidad Central Operativa consideran su contratación un ejemplo de practicas irregulares dentro de la red de empresas públicas del Ministerio.
Además, figura el nombre de Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo. Fue contratado en 2019 en Ineco y posteriormente trasladado a Emfesa, otra empresa pública del mismo sector.
Los investigadores sostienen que su carrera fue facilitada por la influencia ejercida desde el entorno cercano del ministro.
Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, aparece como una de las responsables que intervinieron para hacer efectivas algunas de estas contrataciones.