La Comisión Europea ha confirmado que España no informó a Bruselas sobre la normativa que establece la obligatoriedad de portar la baliza V16 en los vehículos.
Bruselas advierte que imponer requisitos técnicos nacionales sin la debida notificación puede limitar el mercado interior y contravenir la legislación europea.
La directiva comunitaria exige comunicar cualquier reglamento técnico antes de su aprobación para evitar obstáculos al comercio.
La eurodiputada Dolors Montserrat señala la inseguridad jurídica generada por la ausencia de notificación y exige una aclaración inmediata al Gobierno español.
La Comisión Europea ha constatado que el Ejecutivo español no informó a Bruselas sobre la norma que impone el uso obligatorio de la baliza V16 en automóviles.
Esto ocurre a pesar de que la legislación comunitaria obliga a comunicar este tipo de reglamentos técnicos antes de su puesta en vigor.
Bruselas resalta además que la imposición de requisitos técnicos nacionales específicos respecto a estos dispositivos puede «impactar el mercado interior», constituyendo una medida equivalente a una restricción comercial, conforme al artículo 34 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Esta información proviene de una respuesta escrita del vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Stéphane Séjourné, a una consulta formulada por la eurodiputada del PPE Dolors Montserrat.
Séjourné indica expresamente que los Reales Decretos que regulan la baliza V16 «no fueron notificados conforme al procedimiento de la Directiva (UE) 2015/1535», el sistema europeo que supervisa la compatibilidad de normas técnicas con el mercado único.
Comunicación de cualquier propuesta
La directiva obliga a los Estados miembros a informar a la Comisión sobre cualquier proyecto de reglamento técnico antes de su aprobación, con el objetivo de evitar barreras comerciales y garantizar la conformidad con el Derecho de la Unión.
La Comisión recuerda que incumplir esta obligación puede acarrear consecuencias legales.
Concretamente, advierte que podría iniciarse un procedimiento de infracción contra España bajo el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la UE.
Bruselas enfatiza, además, que conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar reglamentos técnicos no notificados bajo el procedimiento comunitario.
El Ejecutivo europeo precisa que el uso de dispositivos de señalización de peligro no está armonizado a nivel comunitario y, habitualmente, queda regulado por normativas nacionales de tráfico.
Sin embargo, establece un límite nítido a esta competencia.
La Comisión advierte que imponer requisitos técnicos específicos a nivel nacional puede representar una restricción al mercado interior, solo admisible si España lo justifica conforme a las excepciones del Derecho comunitario.
Este control se ejerce mediante los artículos 34 y 36 del Tratado, junto con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que exige que las restricciones al comercio sean proporcionadas y estén debidamente fundamentadas.
«Solicitud de aclaración inmediata»
Tras recibir esta respuesta, Dolors Montserrat ha destacado que la baliza V16 está jurídicamente cuestionada por la falta de notificación previa y ha pedido una «aclaración inmediata» al Gobierno.
La eurodiputada del PPE ha subrayado que la Comisión recuerda que los tribunales nacionales deben abstenerse de aplicar normas técnicas no notificadas, lo que, según su criterio, genera una «amplia inseguridad jurídica» para conductores y empresas.
Montserrat ha añadido que imponer un dispositivo sin respetar los procedimientos europeos «pone en peligro la seguridad jurídica, la libre competencia y la confianza en las instituciones».