Las claves
Pedro Sánchez reducirá la duración de la legislatura en aproximadamente seis meses, previéndose las elecciones generales para febrero o marzo de 2027.
El proceso judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente, no modificará el calendario electoral establecido por el Gobierno.
La decisión de adelantar los comicios se ha tomado en conjunto con los socios de gobierno, especialmente el PNV, que se oponen a que coincidan con las elecciones municipales.
El Gobierno afronta un entorno judicial complicado, pero emplea esta coyuntura para consolidar el respaldo de su base más fiel y mantener la unidad de sus votantes.
«La vida es muy dinámica», concluyó Pedro Sánchez el viernes en Bruselas, tratando de justificar que los hechos pueden alterar siempre los planes establecidos.
Lo expresó con la experiencia de quien es reconocido por su habilidad política para ajustarse rápidamente a las circunstancias y recalcular su estrategia cuando se requiera.
Estas palabras surgieron casi al final de una semana llena de noticias adversas para el presidente relacionadas con escándalos, resoluciones judiciales e informes policiales, detrás de las cuales se oculta cierto alivio para Sánchez.
Concretamente, ha logrado, con el apoyo de sus socios, en especial el PNV, aliviar la presión sobre la fecha de conclusión de la legislatura. Salvo que la «vida dinámica» le obligue a adaptarse a nuevas situaciones, se considera probable que las elecciones generales se celebren entre febrero y marzo de 2027.
El presidente no esperaba terminar la semana con un auto del juez Juan Carlos Peinado que imputa a su esposa, Begoña Gómez, quien además pierde el pasaporte y debe presentarse en el juzgado cada 15 días.
Este golpe ha sido recibido con indignación por el Gobierno, que acusa al juez de una «persecución» directa hacia el presidente.
El Ejecutivo ya contemplaba que antes de fin de año se celebraría el juicio contra Begoña Gómez, al igual que se preparaba para una probable condena inminente del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos y Koldo García, una sentencia judicial en primera instancia contra el hermano del presidente en Badajoz y obstáculos legales continuos en los casos relacionados con José Luis Rodríguez Zapatero, la denominada cloaca del PSOE, el proceso en curso contra Santos Cerdán y otros sumarios en etapas iniciales que afectan al partido socialista.
Moncloa no esperaba un auto como el emitido por Peinado, que presupone que la esposa del presidente podría escapar de España y eludir la justicia.
Lo consideran una medida desmesurada y, al mismo tiempo, lo utilizan para ilustrar la existencia de una especie de conspiración de lawfare.
Les ayuda a propagar, desde la indignación, un mensaje que unifica a sus votantes más leales, a su núcleo duro, que se moviliza en defensa de quien consideran perseguido, es decir, Sánchez. Esta postura une alrededor de él a socialistas que podrían dudar sobre el apoyo a Zapatero o ignorar las actividades de Cerdán.
El «ataque exterior encabezado por Peinado» es un argumento convincente para que Sánchez confronte el cierre del ciclo político y luego la fase final de la legislatura.
Como ya se daba por confirmado el juicio con jurado contra Begoña Gómez a finales de año, esta circunstancia no modifica el calendario que manejan en Moncloa, con elecciones previstas en el primer trimestre de 2027.
Incluso, desde hace tiempo se trabajaba con los socios, en particular el PNV, para asegurar el cumplimiento de ese calendario, incluyendo hitos políticos como la presentación de los Presupuestos y la eventualidad de su rechazo.
Por esta razón, esta semana Sánchez ha conseguido ganar tiempo y llegar a 2027 como planeaba, con un adelanto de pocos meses que ni siquiera se considera un adelanto electoral en sentido estricto.
Los socios se mantienen tranquilos, ya que saben que no habrá «superdomingo», es decir, que las generales no coincidirán con municipales y autonómicas a finales de mayo de 2027, y que la legislatura no se prolongará hasta julio.
Los candidatos autonómicos y municipales del PSOE respiran con alivio porque evitan ser víctimas del desgaste del sanchismo, como ocurrió en 2023, y Sumar (o como se configure dentro de un año) cuenta con tranquilidad para enfrentar su compleja crisis interna y tratar de consolidar una opción reconocible.
Esto está muy relacionado con lo ocurrido esta semana y la reconocida capacidad del PNV para operar tras bambalinas, aprovechando la densa red de relaciones establecida con el Gobierno y el PSOE.
Periódicamente, el líder de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, se desplaza a Madrid con una apretada agenda de encuentros con ministros y altos cargos.
A comienzos de esta semana estuvo en Madrid para una maratón de reuniones, que se complementan con las que mantienen también los integrantes del Gobierno vasco.
Durante la legislatura, Esteban ha tenido como interlocutora principal a María Jesús Montero, ya que el PNV siempre prefiere tratar con quienes tienen mando y capacidad decisoria. Por esta razón nunca establecieron a Santos Cerdán como interlocutor principal, quien, sin embargo, sí mantenía contacto con Bildu.
Tras la salida de Montero, Sánchez nombró para ese rol a Antonio Hernando, quien es secretario de Estado de Telecomunicaciones y cuenta con experiencia en negociaciones de su etapa como portavoz parlamentario, cuando trabó una buena relación con Esteban.
Además, el PNV mantiene contacto cercano con el titular de Hacienda, Arcadi España, con Félix Bolaños, ministro de Justicia y Presidencia, y con otros miembros del Gobierno para negociar asuntos sectoriales, ya que buscan cerrar acuerdos pendientes con el Ejecutivo sobre medidas económicas y traspasos.
La mayoría de estas negociaciones tienen relación con la industria vasca, incluyendo reclamaciones del PNV respecto a la falta de apoyo a las empresas militares de la región. También presionan en temas como el estatuto médico, que ha provocado una huelga de facultativos y ha deteriorado los tiempos de espera en la sanidad de Euskadi.
Inquietud en el PNV
En estos entramados, el PNV dejó claro a Sánchez que les perjudica políticamente que las elecciones generales coincidan con las municipales, dado que los comicios locales tienen gran relevancia para ellos y porque las diputaciones forales, que se deciden en esas elecciones, gestionan más presupuesto que el propio Gobierno vasco.
También señalaron que cada vez les resulta más complicado respaldar al Gobierno frente a casos de corrupción, precisando distanciarse, aunque no puedan romper vínculos debido a su dependencia de los socialistas en el Gobierno vasco, las diputaciones y Ayuntamientos, sin posibilidad de mayorías alternativas.
Sánchez respondió semanas atrás al PNV descartando públicamente el «superdomingo» electoral. Para dejarlo claro, reiteró esta postura en diversas apariciones públicas.
Los nacionalistas vascos cumplieron ese compromiso el miércoles, cuando su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, instó a Sánchez a presentar los Presupuestos y a convocar elecciones si éstos no se aprueban.
Un día antes, Junts presentó una iniciativa para instar al presidente del Gobierno a convocar elecciones, sin informar al PNV y sólo realizando una llamada unas horas tras registrar el texto en el Congreso.
Francina Armengol paralizó esa iniciativa el mismo día en la Mesa de la Cámara, favoreciendo a Sánchez y también a los nacionalistas vascos, quienes habrían tenido problemas para decidir su voto si el texto hubiera llegado al Pleno.
El regreso de Puigdemont
El presidente del Gobierno gana margen de maniobra y disminuye la presión al acortar la legislatura en varios meses.
En el Gobierno y entre los socios se considera inviable a día de hoy la aprobación de unos Presupuestos que requerirían el apoyo de Junts y Podemos.
Pero, dado que «la vida es dinámica», el balón fue pateado hacia adelante y no se espera el debate hasta septiembre u octubre, momento en que puede que Carles Puigdemont regrese a España y procesos como el juicio a Begoña Gómez ya estén convocados o concluidos.
Si los Presupuestos no son aprobados tras el debate de totalidad en octubre o noviembre, Sánchez podría convocar elecciones entre 54 y 60 días después, es decir, para febrero. Si la caída ocurre en diciembre, el plazo se amplía.
Por supuesto, todo esto supone que en esta ocasión Sánchez cumplirá la promesa de presentar las cuentas en el Congreso dentro del plazo constitucional, a finales de septiembre, pues lleva tres años anunciándolo sin conseguirlo, bajo la lógica de la «vida dinámica», antes conocida como «hacer de la necesidad virtud«.