Iniciando desde Reino Unido, Francia e Italia, simultáneamente al comunicado del Gobierno español
La Policía Nacional ha identificado la activación de tres rutas migratorias hacia España tras el anuncio de Pedro Sánchez sobre la regularización de 500.000 migrantes que ya se encuentran en España a partir del próximo abril. Expertos en Extranjería señalan la ruta desde el Reino Unido —a través del Canal de la Mancha— hacia Francia y, finalmente, el acceso a España atravesando los Pirineos. Se trata de ciudadanos pakistaníes, afganos e indios que, según estas fuentes, buscan legalizar su estancia en Europa. Además, la Policía resalta la llegada desde Francia de un «número significativo» de migrantes argelinos y marroquíes, así como desplazamientos provenientes de Italia.
Sobre este último país, detallan que existe una situación particular, pues se movilizan furgonetas con destino a España transportando ciudadanos indios, marroquíes, argelinos o pakistaníes. Estos movimientos, junto con la escasez de información ofrecida durante el lanzamiento del plan —ya que el Gobierno no consultó a expertos—, han motivado la primera reacción de los agentes de Extranjería.
Según ha informado EL MUNDO, la Policía se ha dirigido al Ministerio del Interior para advertir sobre la «dificultad» que, conforme a su experiencia, implica llevar a cabo la prevista regularización masiva. Fuentes oficiales indican que se han enviado varios correos electrónicos al ministerio de Fernando Grande-Marlaska informándole de sus preocupaciones. «No contamos con directrices claras para actuar, ni con los medios ni recursos necesarios», explica uno de los responsables policiales consultados por este diario.
Un informe reciente de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) eleva la estimación de regularizaciones a 840.000 personas. Los policías asignados a las unidades de Extranjería y Fronteras serán los responsables de gestionar la iniciativa del Ejecutivo central, ya que ellos afrontarán la tramitación «masiva» de solicitudes de autorización de residencia, certificación de trámites administrativos, verificación de identidades y comprobación de antecedentes penales. Aseguran que esta «mayor carga laboral» podría resultar «letal» para equipos que ya están saturados en todo el país.
Detectan la llegada de furgonetas desde el país alpino
En el organigrama de la Comisaría General de Extranjería se inscribe la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), que se encarga de perseguir la trata de personas y la inmigración irregular y será la unidad responsable del control del proceso, junto con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), que desempeña funciones de inteligencia.
Los agentes especializados en la lucha contra el tráfico de personas prevén que el crimen organizado podría intentar aprovechar la «falta de recursos» técnicos y humanos ante la avalancha prevista en el proceso de regularización. «Bajo el amparo de falsos arraigos, podrían traer a España mujeres para legalizar su situación y, posteriormente, explotarlas sexualmente». Muestran desconfianza en este punto porque saben que estas rutas son frecuentes, con la diferencia de que, en caso de producirse, ahora sería de forma masiva y no casos tan «controlables». Se trata, explican, de grupos organizados para traer a España mujeres principalmente desde Colombia, Venezuela y Paraguay.
También genera preocupación, indican las mismas fuentes, la «falta de control» sobre aspectos legales en algunos países de origen de los migrantes que solicitarán acogerse al plan de Pedro Sánchez. «Existen países en los que los funcionarios públicos son muy susceptibles a sobornos y, por ejemplo, obtener un certificado de antecedentes penales limpio no representa un problema», aclaran. Hacer las verificaciones necesarias, aseguran, «será muy complicado» con los recursos actualmente disponibles y el volumen de solicitudes a procesar. La Policía Nacional recalca que las cifras contempladas, tanto 500.000 como 840.000 personas, «son difíciles de manejar en este momento y en esta situación». Y así lo ha comunicado a Interior.
Hay una «cantidad considerable» de marroquíes y argelinos
El periodo posterior a la regularización es otra de las áreas que concentran la atención de los agentes expertos en inmigración. Temen que las mafias identifiquen una oportunidad en las reagrupaciones familiares. «Podrían existir casos donde personas extranjeras paguen a quienes ya tienen situación legal para que se hagan pasar por familiares, como hijos o padres. Es decir, pagar por documentos y certificados falsos. Actualmente ya se detectan casos similares, incluso con testigos, aunque se identifican rápidamente porque el número de solicitantes es limitado».
Para acreditar la permanencia en España, será necesario presentar, según expresó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, «cualquier documento público, privado o una combinación de ambos». Entre estos podrán incluirse documentos como empadronamientos, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a servicios sociales.
También se podrá validar con justificantes de envío de remesas, algo que diversas entidades sociales han solicitado debido a las dificultades que enfrentan las personas en situación irregular en España para acceder al padrón o a contratos oficiales. Otro requisito será no contar con antecedentes penales. El plazo para presentar las solicitudes comenzará a principios de abril y se extenderá hasta finales de junio.