Ayuso descarta la aprobación de la nueva Ley de Universidades (LESUC) después del cese del consejero de Educación y la reorganización de su equipo.
La prioridad del Gobierno regional será alcanzar un acuerdo sobre un modelo plurianual de financiación para las universidades de Madrid.
La LESUC contenía elementos controvertidos como el régimen sancionador y los criterios para nuevos másteres, que provocaron rechazo entre decanos y rectores.
Instituciones como la Complutense y la Rey Juan Carlos enfrentan problemas económicos, lo que intensifica la necesidad de un pacto financiero.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enfría definitivamente uno de sus proyectos educativos más destacados del mandato: la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC).
Tras el cese del exconsejero Emilio Viciana y la renovación al frente de la Consejería, el Ejecutivo regional admite que la ley regional no verá la luz en el corto plazo y que su prioridad pasa por cerrar un nuevo sistema plurianual de financiación para las universidades madrileñas.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, lo confirmó este miércoles sin ambages: la ley «tal como está redactada actualmente no será aprobada».
En lugar de ello, el Gobierno dedicará sus esfuerzos a negociar con las universidades un marco financiero estable que les permita planificar sus recursos a medio plazo. Esta tarea ha sido el principal encargo de la nueva consejera, Mercedes Zarzalejo.
Esta declaración tiene gran importancia. La LESUC fue el gran mandato que Ayuso encomendó en 2023 a Viciana y cuya intención era transformar el modelo universitario madrileño.
El texto incluía cuestiones especialmente críticas, como el régimen sancionador, la organización del mapa de titulaciones o los requisitos para implementar másteres, impactando directamente a programas propios como los coordinados por la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Todos estos puntos generaron críticas tanto en la universidad pública como privada y levantaron la oposición de decanos y rectores madrileños. Ahora, esos temas pasan a un segundo plano, dejando la financiación como único objetivo.
El cambio sucede en un momento en que el debate sobre la financiación autonómica domina la agenda política, evidenciando las prioridades de la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo.
El Gobierno regional mantiene que su meta es asegurar la estabilidad presupuestaria de las universidades mediante un modelo plurianual. Este año, como recordó García Martín, los campus cuentan con una asignación superior a 1.200 millones de euros en los Presupuestos.
Desde el ámbito académico, esta decisión no sorprende.
La presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Madrileñas (CRUMA) y rectora de la Universidad Autónoma de Madrid, Amaya Mendikoetxea, señaló esta semana que, tras la salida de Viciana, los rectores consideraban oportuno comenzar de nuevo con la ley y que esta asegurara «más ingresos» para las universidades.
La cuarta fase de esta saga educativa confirma el repliegue del Ejecutivo regional en una de sus reformas principales.
Sin una nueva ley a corto plazo y con la financiación como única meta inmediata, la Comunidad opta por dejar de lado el debate estructural sobre el modelo universitario para centrarse en el ámbito presupuestario.
La situación es crítica, ya que varias instituciones, como la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o la Universidad Rey Juan Carlos, enfrentan problemas financieros. La primera está en proceso de rescate, financiado por la propia Comunidad de Madrid.