Levantó «un verdadero campo minado» para resguardar a los suyos frente a cualquier indagación policial, pero sucumbió debido a sus búsquedas «extraordinarias» en las bases de datos policiales, indica la Audiencia Nacional.
Un «auténtico campo minado» colocado alrededor de su círculo para conocer, en tiempo real, cualquier indicio de posible investigación sobre él o sus allegados.
Así lo construyó, de acuerdo con el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, Óscar Sánchez Gil, alias El Anodino, desde su posición en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), para encubrir su liderazgo y protección del clan del narcotráfico que le rindió los 20 millones de euros que sus propios compañeros de Asuntos Internos hallaron emparedados en las paredes de su vivienda en Alcalá de Henares (Madrid), además de cerca de un milloncejo en su despacho policial.
Sánchez Gil actuaba con extremo cuidado tanto en el manejo de la información —gran parte de ella anotada de forma anónima en uno de sus teléfonos— como en sus comunicaciones, pero una práctica repetitiva terminó por delatarlo: la consulta en las bases policiales de los contenedores mediante los cuales la organización que dirigía junto a Ignacio Torán introducía la droga en España.
O, como explica el juez De Jorge en su reciente auto, al que accedió EL MUNDO: «Su colaboración [con el clan] consistía principalmente en realizar consultas en las bases de datos policiales para detectar y descartar la existencia de investigaciones sobre miembros de la organización, introduciendo en estas bases datos de personas, teléfonos, empresas y especialmente de contenedores, no para investigarlos sino para asegurarse de que no fueran investigados por otras unidades policiales».
En caso de que tales investigaciones estuvieran en marcha, Sánchez Gil se dedicaba a «alertar a los implicados y facilitar las actividades del grupo, todo ello a cambio de cuantiosas remuneraciones que, para ocultar, —al no poder recibirlas directamente— tuvo que desarrollar un complicado sistema de encubrimiento con la creación de empresas, sociedades y hasta el uso de criptoactivos».
Prisión provisional
El auto detalla la persecución del jefe policial por parte de sus propios compañeros de Asuntos Internos atendiendo a una solicitud de sus abogados, quienes alegan que la investigación contra él se manipuló en su supuesta «fuente inicial», un cargamento interceptado en 2021 procedente de Colombia. De Jorge otorga credibilidad a Asuntos Internos al fundamentar el inicio en otros hechos, y relata cómo se abrieron diligencias el 2 de enero de 2024.
Ese día se notificó a Vigilancia Aduanera, así como a diversos bancos, para que informaran sobre las posiciones y activos tanto de Sánchez Gil como de su esposa, también policía y detenida e imputada por los hechos.
En marzo se registró además el «inusitado volumen de contenedores que el inspector jefe investigado, por sí mismo o mediante funcionarios bajo su mando, registró en las bases de datos de inteligencia policial, específicamente en el fichero GATI [Grupo de Apoyo a las Tecnologías de la Información] desde que se integró en su unidad».
Posteriormente, se efectuó un análisis exhaustivo de las finanzas del matrimonio, así como del patrimonio de una cuñada del jefe policial.
Fue en ese momento cuando los agentes detectaron que Sánchez Gil, «aprovechando la apertura de indagaciones genuinas completamente ajenas a su red», había conformado «un auténtico campo minado en torno a personas y sociedades desde las cuales él y su familia cercana recibían fondos, con el fin de detectar si estaban siendo realmente investigados por otros grupos policiales«.
Además, Asuntos Internos logró centrar su atención, en esos meses, en «la creación de una sociedad llamada Pumba, con un capital social superior a medio millón de euros, de la cual la cuñada de Sánchez Gil es socia mayoritaria, sin contar con capacidad económica para efectuar las aportaciones requeridas«, incluso sorprendieron al jefe policial consultando «los ficheros policiales de acceso restringido sobre vehículos oficiales que seguían a uno de los líderes de la organización».
A mediados de octubre de ese año tuvo lugar la incautación/cebo de un contenedor con 13 toneladas de droga procedente de Ecuador. Los agentes controlaban en ese momento las comunicaciones de Sánchez Gil, quien volvió a actuar para proteger al clan y descubrir qué había fallado. Unas semanas después, el 8 de noviembre, El Anodino fue arrestado en su residencia de Alcalá de Henares y desde entonces permanece en prisión provisional.