María Jesús Montero anuncia el plan para edificar 100.000 viviendas en Andalucía, de las cuales 60.000 se destinarán al alquiler en un plazo de seis años.
El proyecto planteado por Montero se relaciona con el nuevo modelo de financiación autonómica, contemplando la asignación de parte de los 5.700 millones de euros adicionales que recibiría Andalucía si se implementa este modelo.
Entre las iniciativas principales destacan la cesión gratuita de terrenos a promotores privados, la reducción del precio de venta y la eliminación del pago inicial para jóvenes en las VPO.
Montero sigue la línea marcada por Pedro Sánchez, quien previamente anunció la construcción de 183.000 viviendas asequibles para toda España, aunque la eficacia de estas políticas continúa siendo objeto de debate.
La candidata del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, pretende continuar con las promesas en materia de vivienda realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Hace casi tres años, la propuesta electoral de Sánchez para mantenerse en Moncloa incluía la promoción de 183.000 viviendas asequibles para toda España.
El anuncio de María Jesús Montero este sábado en Dos Hermanas consistió en la construcción de 100.000 viviendas y la puesta en alquiler de 60.000 de ellas durante los próximos seis años.
Asimismo, Montero, al igual que Sánchez, eligió un lugar emblemático por su arraigo machista para hacer su anuncio. La localidad, gobernada por el PSOE desde la instauración de la democracia, ha sido el punto inicial de sus recuperaciones políticas.
En enero de 2017, Sánchez ya hizo allí público que volvería a presentarse a las primarias para recobrar la Secretaría General.
Montero inició su precampaña en un foro dedicado a la vivienda, acompañada por la ministra y secretaria de Vivienda, Isabel Rodríguez, quien criticó las políticas de Juanma Moreno y solicitó apoyo para su compañera en el Consejo de Ministros.
Sus medidas
Durante un acto que superó las dos horas, Montero detalló cómo llevará a cabo su promesa electoral, indicando que la construcción estará de algún modo vinculada al nuevo modelo de financiación autonómica que ella misma propuso como ministra de Hacienda en enero pasado.
Para implementar esta propuesta, en caso de resultar elegida presidenta, utilizará el 20 % de los 5.700 millones de euros anuales que Andalucía recibiría si se aprobara un modelo respaldado únicamente por Cataluña.
Montero aspira a destinar cerca de un 1 % del PIB anualmente a políticas de vivienda, alcanzando esta cifra de forma progresiva. Su meta es asignar 2.300 millones de euros cada año entre los tres niveles de la administración pública.
A este monto global se suma una «financiación exclusiva» de la Junta de Andalucía, concretada en «1.000 millones de euros anuales» provenientes de los 5.700 millones estatales.
“No se destinarán fondos de otras políticas necesarias para Andalucía”, aclaró la vicepresidenta y ministra.
Montero recordó también que el Gobierno de Pedro Sánchez «distribuye 21.000 millones a las comunidades autónomas donde no tenemos mayoría» bajo este nuevo modelo. «Moreno solicitaba 4.000 millones adicionales y ahora recibirá 5.700, pero no los acepta«.
Entre las otras acciones anunciadas, Montero indicó que tanto la Junta como los ayuntamientos facilitarán terrenos gratuitos a promotores privados con la condición de que el precio de venta sea entre un 15 % y un 20 % menor y que una parte de las viviendas construidas sean VPO.
Además, se comprometió a eximir a los jóvenes del pago anticipado del 20 % en las VPO al comprarlas. «El pago se hará 30 años después de la compra, una vez liquidado el préstamo hipotecario y sin intereses».
Todo esto se plantea considerando que en Andalucía hay 110.000 personas registradas en los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda.
Las viviendas prometidas por Sánchez
De las 183.000 viviendas anunciadas, 50.000 provendrán de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para alquiler asequible, y otras 43.000 se construirán mediante el ICO.
Un total de 20.000 nuevas viviendas se edificarán en terrenos del Ministerio de Defensa; otras 24.000 se desarrollarán en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos.
También está prevista la construcción de 20.000 viviendas en alquiler social en edificios con alta eficiencia energética, financiadas con 1.000 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unos 11.000 inmuebles surgirán de la cesión de bancos bajo el acuerdo del Fondo Social de Vivienda, mientras que 16.000 más se levantarán en suelo público gestionado por Sepes.
Los anuncios de Sánchez
A comienzos de este año, el presidente del Gobierno centró la atención en vivienda al anunciar que se aprobaría mediante real decreto-ley una deducción total del IRPF para caseros que renueven contratos sin incremento de precio.
Asimismo, anticipó medidas que endurecen los contratos de alquiler de temporada y restringen el arrendamiento de habitaciones.
En total, durante esta legislatura, el presidente ha presentado 12 medidas, ha impulsado una Ley –la de Vivienda– como proyecto principal y ha desarrollado cinco decretos-ley.
Todo ello con el propósito de frenar la escalada en los precios de la vivienda, que han aumentado un 25 % únicamente desde 2023. Sin embargo, hasta ahora, estas acciones no parecen haber logrado el efecto deseado.
El sector prevé que en 2026 continúen las regulaciones estrictas, ya que se estima que el precio de compra de viviendas subirá otro 7 % y el alquiler incrementará hasta un 10 %.