La iniciativa, que penaliza con hasta tres años de cárcel la reiteración en hurtos y fraudes digitales, ha avanzado en el Congreso con el respaldo de 302 votos provenientes de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV, UPN y CC.
PSOE y Junts expresan estar «muy satisfechos» tras la aprobación de la ley contra la multirreincidencia
La proposición de ley orgánica que incrementa las sanciones para quienes reinciden en pequeños delitos, impulsada por Junts hace un año, ha superado su última fase en el Congreso recibiendo un apoyo rotundo de 302 votos a favor, en contraste con 36 en contra y ocho abstenciones. Ahora se traslada al Senado, donde se prevé un respaldo igualmente considerable. En esta ocasión, el PSOE ha decidido distanciarse de su socio gubernamental Sumar y sus aliados de izquierdas, optando por apoyar a los partidos de oposición y a formaciones de derecha nacionalista e independentista (PP, Vox, UPN, Junts, PNV y CC).
La iniciativa modifica diversos artículos del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal para imponer penas de hasta tres años de prisión a quienes cometan hurtos inferiores a 400 euros y tengan al menos tres condenas previas por delitos similares. La misma medida aplica a las estafas digitales con ánimo de lucro. La ley además prevé la posibilidad de prohibir al infractor la entrada a determinados lugares, barrios, municipios o provincias. Se dedica una atención especial al robo de teléfonos móviles y dispositivos digitales, dado que el daño a la intimidad y la seguridad personal supera ampliamente el valor económico del objeto sustraído.
Junts ha defendido esta ley señalando que «surge de los territorios y los barrios, no de despachos». En efecto, proviene de la constante queja de alcaldes catalanes que se han sentido incapaces de detener la pequeña delincuencia. Su portavoz, Marta Madrenas, afirmó que se trata de «una respuesta a la realidad», enfatizando que el objetivo es «terminar con la impunidad» de quienes cometen repetidamente pequeños delitos conscientes de que no enfrentan penas más allá de multas que no pagan por insolvencia, y además pretende «proteger a los más vulnerables», en especial a personas mayores, quienes con frecuencia son víctimas de este tipo de delitos.
El PSOE ha apoyado la iniciativa basándose en datos sobre la delincuencia en Cataluña y en las quejas de alcaldes, intentando diferenciarse de la derecha y presentando al PP como un partido que se suma a una propuesta que casi han presentado como propia, a pesar de que ellos junto a Sumar mantuvieron la propuesta bloqueada durante meses en la Mesa del Congreso. Por medio del diputado Francisco Aranda, los socialistas han asegurado que la ley se realiza desde una perspectiva «progresista», no bajo postulados de la «ultraderecha», aunque no ha logrado convencer a sus socios de siempre.
El PP ha recordado el largo bloqueo que impuso el PSOE a esta ley y ha subrayado que la verdadera reincidencia delictiva afecta a cargos importantes del PSOE. Los populares opinan que la multirreincidencia en muchas ocasiones encubre auténticas «carreras profesionales» de quienes han hecho del hurto y la estafa su ocupación habitual. «Se acabó», señaló su portavoz, Cuca Gamarra, «a partir de ahora delinquir de forma reiterada tendrá consecuencias; el delito no puede ser rentable». La portavoz destacó especialmente el fenómeno del «petaqueo», argumentando que quien provee combustible a las embarcaciones del narcotráfico contribuye a facilitar la criminalidad. El PP ha insistido en que el PSOE aprueba la iniciativa «de mala gana» y ha criticado que paralelamente permita una regularización masiva de inmigrantes, en la que, según el PP, entrarán delincuentes. «La residencia se gana, no se regala», concluyó la portavoz, insistiendo en que «quien cumple la ley tiene derechos y quien la infringe, consecuencias».
Vox votó a favor y, aunque su diputado Juan José Aizcorbe opinó que la medida aprobada es «insuficiente», trató de atribuirse el mérito de la iniciativa, destacando que llevan tiempo denunciando el problema de la multirreincidencia. Para Vox, las calles están «plagadas de delincuentes habituales». El partido de Santiago Abascal sostiene que «no se puede justificar a quien delinque, para luego preocuparse, si acaso, por la víctima». Además de esta ley, Vox propone fortalecer «la respuesta firme del Estado y mejorar la seguridad en las fronteras».
La izquierda ha mostrado un rechazo frontal a la iniciativa por considerar que «alimenta narrativas racistas y xenófobas» y aplica «mano dura a los pequeños ladrones», mientras que los «grandes delincuentes quedan impunes». Así lo expresó la representante de Podemos, Martina Velarde, quien citó como ejemplo de delincuente reincidente a gran escala al Rey emérito. «El objetivo es criminalizar la pobreza y estigmatizar a personas con pocos recursos», subrayó, insistiendo en que la propuesta proviene de Junts, a quienes los morados califican de ultraderecha.
Sumar, en un sentido similar, ha calificado la ley de una respuesta a «delitos de descuido» y ha remarcado que la iniciativa es «producto de la ultraderecha más reaccionaria para castigar a los más desfavorecidos». Su portavoz, Enrique Santiago, comparó a estos delincuentes con los «de cuello blanco» y afirmó que esta ley alimenta el discurso de Vox y la «deshumanización del adversario». Calificó la propuesta de un «delirio populista» y no escatimó en críticas al PSOE por apoyar una ley «fascista». Como alternativa, propuso aumentar el número de jueces y fortalecer la educación para combatir la exclusión social. Sumar votó «absolutamente en contra».
ERC también mostró su desacuerdo, pero optó por la abstención en la votación. Esta formación reconoce que la delincuencia ha disminuido en Cataluña, pero admite que existe un problema de multirreincidencia detectado por la ciudadanía. Pilar Vallugera defendió que «los problemas no se solucionan con más leyes punitivas» y destacó que es necesario acelerar la justicia aumentando el número de jueces. Asimismo, consideran que la propuesta «no se ajusta a planteamientos progresistas» y que finalmente resultará inefectiva, «será solo humo».
Por su parte, el PNV, por medio de Mikel Legarda, recalcó que la multirreincidencia perjudica la percepción de seguridad ciudadana y afecta negativamente la convivencia vecinal. Los nacionalistas vascos opinan que la reforma del Código Penal aprobada en 2022, que agravaba las multas para la repetición de pequeños delitos, no ha logrado el impacto esperado. Por eso, apoyan esta nueva propuesta de ley, que según ellos establece un sistema de penas escalonadas proporcional a las circunstancias de cada delito. El PNV valora especialmente la mención específica en la norma al robo de móviles y equipos agrícolas o de cosechas. En el primer caso, consideran que el daño sobrepasa el valor económico del objeto, ya que afecta la privacidad y genera perjuicios graves para la víctima.
En contraste, EH Bildu considera que esta proposición es un ejemplo claro de «populismo penal» carente de eficacia. Según Bildu, endurecer las penas no previene la criminalidad. Su representante, Jon Iñarritu, advirtió a Junts que la ley no solo no frenará la delincuencia, sino tampoco a Alianza Catalana. Iñarritu reprochó al PSOE el apoyo a una ley en la que «no creen» solo para «compensar» a Junts, partido que necesitan en otros asuntos. Los abertzales señalan que los perfiles de quienes cometen estos delitos corresponden a personas «excluidas socialmente». Para ellos, la medida eficaz sería diseñar políticas sociales para reducir la marginalidad y dotar de más recursos para aliviar el colapso judicial. Bildu considera que la ley impone un castigo «desproporcionado» para delitos leves.