La Autoridad de Protección al Informante confirma que los dos altos cargos que denunciaron el desvío de 25 millones destinados a la lucha contra el cáncer, quienes acudieron sin éxito al secretario de Estado, fueron despedidos posteriormente como represalia
Existen «indicios suficientes» de represalias y se ha iniciado el «procedimiento sancionador» contra el CNIO por estas circunstancias. Así lo reflejan las conclusiones preliminares de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (AIPI), a las que EL MUNDO ha tenido acceso en exclusiva, relacionadas con la reclamación presentada por los dos altos cargos que denunciaron el presunto desfalco de 25 millones durante 17 años en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Los dos responsables, que desempeñaban los cargos de director de Operaciones y directora de Cumplimiento Normativo, fueron despedidos el último día de agosto de 2025, justo antes de la incorporación del nuevo gerente, tras realizar una investigación durante casi diez meses sobre las cuentas de la entidad y alertar sobre graves irregularidades en la gestión de la institución durante casi dos décadas.
Durante ese periodo, ambos informaron repetidamente al Ministerio de Ciencia de Diana Morant, contactando en dos ocasiones con Juan Cruz Cigudosa, secretario de Estado, quien en ambas oportunidades los ignoró y delegó la responsabilidad en el Patronato, controlado por el grupo denunciado y liderado por el ex gerente Juan Arroyo.
En su última carta a Cruz Cigudosa, los dos altos cargos alertaron que estaban siendo objeto de represalias, lo cual ocurrió a finales de agosto, tres meses después de haber puesto los hechos en conocimiento de Anticorrupción. EL MUNDO publicó el contenido de dicha denuncia a mediados de noviembre pasado, momento en el que Anticorrupción, que inicialmente había derivado el caso a la Fiscalía de Madrid, retomó la denuncia y abrió diligencias.
Arroyo y dos colaboradores suyos, José Ignacio Fernández Vera, adjunto al gerente, y Laura Muñoz, secretaria general, fueron separados de sus funciones y despedidos definitivamente la semana pasada, según confirmaron fuentes oficiales del CNIO a este diario.
Actualmente, la AIPI, organismo recién creado por mandato de una directiva europea, dependiente aún del Ministerio de Presidencia y en fase inicial con 12 funcionarios bajo la presidencia del catedrático Manuel Villoria, confirma que las represalias efectivamente existieron y se deben sancionar. La AIPI deberá establecer la cuantía de la sanción, que puede variar entre 100.000 euros y un millón de euros-y entre 30.000 y 300.000 euros para personas físicas-, e incluso imponer la prohibición temporal para recibir subvenciones y contratar con el sector público.
La Autoridad otorgó en noviembre pasado la condición de informantes protegidos a los dos denunciantes, quienes cuentan además con una trayectoria prolongada dentro del CNIO, y ahora detecta «indicios suficientes» para iniciar el procedimiento sancionador contra la institución. Según fuentes internas, el nuevo gerente, José Manuel Bernabé, ha solicitado la documentación directamente a los afectados y colabora activamente con las investigaciones paralelas que realiza la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por orden de la Fiscalía Anticorrupción.
Será probablemente una de las primeras sanciones impuestas por la AIPI, cuyos inicios tras su creación en septiembre se ven afectados por una significativa fragilidad presupuestaria —por ahora dispone de poco más de cuatro millones, provenientes de las cuentas de Presidencia—. La carencia de Presupuestos Generales del Estado impacta gravemente en instituciones nuevas como esta.
El calvario de los denunciantes, uno de los cuales enfrentará su primer juicio laboral contra el CNIO en 15 días, ha tenido un largo recorrido. El 3 de marzo del año pasado remitieron una carta a Cruz Cigudosa sin obtener respuesta. Un mes después, la gerencia les negó la posibilidad de implementar una normativa de contratación más segura. El 30 de abril denunciaron que esta normativa estaba siendo bloqueada.
En junio presentaron la denuncia por el presunto desfalco ante Anticorrupción, y un mes después reportaron internamente una «campaña de hostigamiento, descrédito y represalias». El 8 de agosto volvieron a dirigirse a Cruz Cigudosa para alertar sobre la apertura de expedientes disciplinarios sin fundamentos, recibiendo nuevamente silencio. Finalmente, el 31 de agosto fueron despedidos, y ahora se empieza a reconocer su razón.