El Tribunal Superior de Justicia de Canarias lo considera una “falta grave al deber fundamental” de un abogado
La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) impuso una multa de 420 euros a un abogado tras presentar en un recurso de apelación hasta 48 citas jurisprudenciales fraudulentas, las cuales fueron generadas por una herramienta de inteligencia artificial (IA). Los jueces consideraron que su conducta violaba el deber de veracidad y las normas de buena fe procesal, constituyendo además un uso indebido del servicio público de justicia.
De acuerdo con la resolución, el abogado sancionado utilizó una herramienta de IA “generalista” para elaborar un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal del TSJC, impugnando una sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. El letrado solicitó a la IA fuentes jurisprudenciales para fundamentar su escrito, y el sistema produjo 48 citas, ninguna de las cuales correspondía a sentencias reales.
Los magistrados remarcan que el abogado no aplicó ningún tipo de “revisión ni comprobación” para confirmar la autenticidad de las citas presentadas. El profesional “no verificó que los números de sentencia, fechas e identificadores existieran efectivamente” ni contrastó la información generada por la herramienta de IA con bases de datos de jurisprudencia, especialmente la del Centro de Documentación Judicial (Cendoj), de acceso público y gratuito, lo que podría haberle alertado”, indican en su sentencia.
Estas negligencias suponen “un incumplimiento del deber básico de supervisión humana que, como se ha señalado, es ineludible cuando se emplean herramientas de IA en la práctica profesional”, señalaron. Además, estimaron que su conducta quebrantó “las obligaciones establecidas en el Código Deontológico que rige la profesión de la abogacía”.
Una multa con carácter “ejemplar”
Al determinar el monto de la sanción, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias optó por un criterio que calificó como “ejemplar”, fijando la multa en una suma equivalente a la mitad del costo anual de una suscripción a una herramienta jurídica específica basada en IA. De esta manera, el Tribunal quiso evidenciar que, de haber utilizado una solución tecnológica adecuada al ámbito legal, el abogado probablemente habría evitado el incumplimiento por el cual ha sido sancionado.
Además, la Sala destacó que, al ser advertido de las irregularidades detectadas, el profesional admitió expresamente su responsabilidad y reconoció los hechos ante los magistrados, mostrando un arrepentimiento valorado por el tribunal como “aparentemente sincero”. Junto con la multa de 420 euros, el TSJC remitió su resolución al Colegio de Abogados correspondiente para que, en caso de considerarlo oportuno, “impulse las acciones disciplinarias pertinentes contra el profesional”.
La Sala de lo Penal del TSJC enfatizó que el uso de herramientas de inteligencia artificial en la práctica jurídica tiene un potencial indiscutible, pero subrayó que la supervisión humana debe ser el eje central en cualquier actuación profesional que emplee estas tecnologías. Tal como señala la sentencia, estas herramientas deben ser vistas únicamente como un apoyo para el trabajo del abogado, sin delegar en ellas la toma de decisiones ni depender plenamente de los sistemas automatizados.