La Xunta de Galicia ha levantado más de 450 actas de infracción a VTC durante 2025 y las primeras semanas de 2026, principalmente por operar dentro del mismo municipio.
La mayoría de las sanciones se explican porque los VTC realizan trayectos en un único término municipal, cosa que la legislación gallega prohíbe, ya que estos deben operar entre diferentes concellos.
En A Coruña, el Concello ha expedido más de una decena de multas cuyo importe suma 16.000 euros, pese a que carece de una normativa específica para sancionar la actividad de los VTC.
La Xunta anima a los ayuntamientos a ejercer sus competencias en la regulación y supervisión de los VTC, mientras que A Coruña ha iniciado una consulta pública para diseñar una futura ordenanza.
Durante todo 2025 y las primeras semanas de 2026, la Xunta ha supervisado las actividades de los vehículos de turismo con conductor (VTC), a los que los taxistas acusan de intrusismo y violación de la ley gallega, y ha registrado más de 450 actas de infracción. La mayoría corresponden a circular dentro de un mismo término municipal, práctica que la legislación prohíbe, pues los trayectos deben realizarse entre distintos concellos.
La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, comunicó este viernes estos datos en el Parlamento gallego e instó a los ayuntamientos a «ejercer sus competencias en la regulación y control de los VTC«.
«Nos dedicamos a la inspección y remitimos los resultados a los concellos implicados para que apliquen sus facultades sancionadoras», subrayó Fontela.
En octubre pasado, cuando la Xunta informó sobre las primeras actas, reportó 116 en Santiago de Compostela, 112 en A Coruña, 17 en Vigo y dos en Culleredo. Cuatro meses después, no especifica por municipios.
Por ejemplo, en el Concello de A Coruña, donde taxistas ajenos a las dos asociaciones del sector se manifestaron solicitando sanciones, el Gobierno local, a petición de la Xunta, ha impuesto más de diez multas por un total de 16.000 euros.
No obstante, el Ayuntamiento no posee competencias ni para inspeccionar ni para sancionar, pues no cuenta con una normativa particular que regule la actividad de VTC de compañías como Uber, Bolt o Cabify.
El Concello acaba de poner en marcha un proceso de consulta pública para recoger opiniones de ciudadanos y colectivos afectados que permitan, junto a informes técnicos, elaborar la futura ordenanza.
Competencia municipal para otorgar y multar
La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, solicitó a la Xunta que suspenda la tramitación de nuevas autorizaciones mientras los ayuntamientos redactan sus propias normativas para regular la convivencia entre taxis y VTC.
Por su parte, la directora xeral de Mobilidade señaló que la Xunta gestiona las autorizaciones interurbanas de VTC domiciliadas en la comunidad «por delegación de competencias del Estado», siempre que cumplan los requisitos y criterios ambientales establecidos.
Fontela agregó que la normativa estatal contempla la posibilidad de que los ayuntamientos otorguen licencias urbanas, por lo que la ley gallega prevé que las entidades locales concedan permisos para prestar el servicio urbano de alquiler de vehículos con conductor «a quienes posean previamente la correspondiente autorización interurbana domiciliada en Galicia».
La responsable autonómica de movilidad también recordó que «es competencia municipal sancionar cuando se detecta la realización de trayectos urbanos».