Un recluso del centro penitenciario Madrid III (Valdemoro) escapó durante una salida programada en el Parque de Tierno Galván.
Este hecho vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la seguridad en las salidas autorizadas y el balance entre la reintegración social y el control en las prisiones.
La relajación de los criterios para acceder a estas salidas, impulsada por el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, ha incrementado el número de internos beneficiados con estos permisos.
Entre 2019 y 2024, 4.570 presos no regresaron a la prisión después de disfrutar de una salida autorizada, casi el doble de las cifras oficiales difundidas por el Ministerio del Interior.
Un preso del centro Penitenciario Madrid III (Valdemoro) se fugó el pasado jueves durante una salida en Madrid capital, concretamente en la zona del Parque de Tierno Galván. Así lo han confirmado a EL ESPAÑOL fuentes penitenciarias familiarizadas con los hechos.
Los internos participaban en lo que, en el lenguaje carcelario de España, se denomina «salida programada».
Este episodio reactiva el debate sobre las medidas de seguridad en este tipo de permisos y sobre el equilibrio necesario entre la reinserción y el control en los centros penitenciarios.
Las salidas programadas consisten en actividades terapéuticas o de reinserción grupal, regidas por el art. 114 del Reglamento Penitenciario, donde los internos (usualmente en segundo o tercer grado) salen acompañados por profesionales o voluntarios a eventos culturales, formativos o deportivos.
El propósito de estas actividades, que suelen durar menos de dos días, es facilitar la socialización.
Según ha averiguado EL ESPAÑOL a partir de varias fuentes dentro del ámbito penitenciario, el suceso se explica por la eliminación en años recientes de un requisito previo que restringía estos permisos únicamente a internos que ya hubieran disfrutado de permisos ordinarios.
Este cambio fue implementado por el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, quien derogó la normativa establecida por su predecesor, Ángel Yuste, durante el gobierno del Partido Popular.
Ahora no solo pueden obtener estas salidas los presos en tercer grado.
«Se han flexibilizado los requisitos. Antes existía una selección más estricta de los internos. Actualmente, es como un coladero», afirman fuentes penitenciarias.
Yuste defendía que la primera salida de un preso debía contar con la aprobación del juez de vigilancia penitenciaria dentro de los permisos ordinarios, y que cualquier salida administrativa debía fundamentarse en pruebas previamente evaluadas por el juez.
Esta regulación estaba contemplada en la Instrucción 1/2012. Sin embargo, esa disposición quedó anulada tras la llegada de Marlaska.
Aumento de fugas
Hace tres años, como publicó EL ESPAÑOL, Prisiones avanzó aún más en su política de concesión de privilegios penitenciarios a internos en régimen de tercer e incluso segundo grado.
Una modificación interna permitió desde entonces que este perfil de presos obtuviera permisos de salida a pesar de haber sido sancionados por cometer faltas graves o muy graves.
La orden interna del Ministerio del Interior modificó además otro apartado de la Instrucción 1/2012, que regula los permisos de salida para los reclusos.
Desde ese momento, los procesos sancionadores y las multas ya no se consideran como criterio para evaluar la conducta del interno, algo que había sido fundamental en la concesión o denegación de permisos de salida.
Así, Interior aumentó la discrecionalidad de los directores penitenciarios para otorgar permisos, desvinculándolos de la existencia de sanciones.
Desde la instauración de esta norma, las «sanciones firmes y no canceladas» dejaron de ser un motivo obligatorio para denegar un permiso a un preso en régimen de tercer o segundo grado.
El Ministerio del Interior ofrece desde hace años estadísticas que no reflejan con precisión la realidad de las fugas durante salidas autorizadas por Instituciones Penitenciarias.
Como reveló EL ESPAÑOL, las fugas reales casi duplican las cifras oficiales proporcionadas reiteradamente por el Ministerio del Interior en años recientes. Interior informó que en 2024 hubo 454 internos que no regresaron de sus permisos, pero la cifra real fue de 873 presos que no volvieron a sus cárceles tras salir autorizadamente.
En 2019 se registraron 686 episodios; en 2020, un año marcado por la pandemia, se contabilizaron 563; en 2021, 749; en 2022, 838; y en 2023, 861. Sumando entre 2019 y 2024, un total de 4.570 internos no retornaron a prisión tras disfrutar de un permiso autorizado.