María José Fernández, pensionista de 65 años, no tiene acceso a su única propiedad ni puede cobrar la renta porque su inquilino dejó de pagar y se encuentra protegido por la legislación de vulnerabilidad.
Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, en España existen hasta 80.000 casos de ‘inquiokupación’, con procesos judiciales que pueden extenderse hasta seis años.
El Real Decreto-ley 11/2020, creado para amparar a personas vulnerables durante la pandemia, ha dejado a numerosos pequeños propietarios sin defensa ni compensación efectiva.
La certificación de vulnerabilidad se concede con facilidad, denuncian los afectados, mientras los propietarios asumen gastos y pierden sus ahorros sin respaldo institucional.
«Lo de inquiokupa no es ser facha, lo inventamos para que se nos vea». María José Fernández posee una vivienda en Cercedilla (Madrid), pero no puede ni habitarla ni cobrar la renta. Esa dificultad repentina la mantiene atrapada. Porque un decreto aprobado durante el Covid la ha convertido en una persona más «vulnerable» que su inquilino.
María José es pensionista, tiene 65 años, y alquiló su único piso hace poco más de un año «para generar ingresos» y apoyar a su hija, que está desempleada y comparte un piso de apenas 20 metros cuadrados… «¿quién es más vulnerable?», se cuestiona en voz alta.
El propietario cobra una renta cercana a 1.000 euros mensuales. «Es caro, sí… pero ella reside en París».
Desde hace años circula una cifra en discursos políticos, tertulias y debates parlamentarios sin confirmación: 80.000 viviendas ‘inquiocupadas’ en España. El Gobierno la considera exagerada, la oposición la usa como argumento electoral, y quienes la sufren la explican.
«Es solo una extrapolación», precisa Carmelo Sevilla, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) y fundador tras casi siete años de problema personal. «Utilizamos datos de la Justicia y los multiplicamos por cinco, que son los años en los que la situación empeoró con el decreto pandémico, constantemente prorrogado».
La última prórroga fue la semana pasada, cuando el decreto decaía. «Me emocioné ese martes en la tribuna del Congreso», confiesa en charla con EL ESPAÑOL, «porque el sufrimiento no es solo económico, es un tormento emocional», y no se soluciona con la nueva redacción del decreto, pactada entre PSOE y PNV.
Tras esa cifra hay «siempre un rostro, una historia, una familia atrapada en un laberinto administrativo del que nadie quiere responsabilizarse. «La imagen debe ser general», advierte María José al reportero, «por protección de datos ni siquiera puedo hacerme una foto en mi vivienda».
Los inquiokupas no tienen reconocimiento legal como categoría, pero sí existencia real.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contabiliza 16.426 denuncias por usurpación y allanamiento en 2024, un incremento del 7,4% respecto al año anterior.
Sin embargo, estas cifras oficiales no reflejan los miles de casos en los que los inquilinos firman contrato, abonan las primeras mensualidades y luego dejan de pagar.
Se apoyan en un decreto creado para proteger a los ‘vulnerables’ durante la pandemia, que se ha transformado en «un escudo para quienes saben aprovechar el sistema«, según denuncias de la oposición.
«No existen datos oficiales sobre nuestro problema. El CGPJ sólo ofrece datos de procesos penales», explica Carmelo, que reside en Canillas (Madrid), cercano al piso que alquiló en 2019 y que representa una organización sin financiación que agrupa a cerca de 7.000 afectados.
«Somos completamente apolíticos, pero nos hemos reunido con todos los partidos… salvo con Bildu, que no nos interesaba, y con Podemos, a quienes no les interesa el tema».
Pero, sobre todo, han pedido al PSOE una estadística verídica: «Se comprometieron, pero no hicieron nada, no quieren hacerlo».
Entre enero y agosto de 2024, la PAO recibió 3.100 llamadas de personas buscando información y apoyo. El 81% correspondió a problemas de inquiokupación, mientras que solo el 19% se relacionó con okupación tradicional, es decir, usurpación o allanamiento.
Por tanto, la cifra de 80.000 afectados de la PAO se basa en 15.000 casos anuales, considerando que los procedimientos duran entre cuatro y seis años: «Porque es acumulativo… y yo soy muestra de ello». Por tanto, la cifra real podría acercarse a 100.000 casos sin resolver.
Es revelador que incluso los partidos del Gobierno confirmen indirectamente esta estadística: «Observe que el Gobierno y las izquierdas, cuando el decreto de paralización de desahucios caducó esta semana, rápidamente alertaron que habrá 70.000 desahucios inminentes».
Vulnerables a 1.800 euros
Para Carmelo, esta situación evidencia que «ellos mismos reconocen que somos muchos los propietarios vulnerables, dado que las moratorias paralizaron los lanzamientos».
El Real Decreto-ley 11/2020, aprobado en plena pandemia para impedir que familias vulnerables quedaran desamparadas, ya se ha prorrogado 11 veces.
Los tiempos judiciales, que en 2018 promediaban 4,9 meses, ahora alcanzan hasta 24 meses, lo que provoca que el 37% de los afectados ni siquiera inicie un proceso judicial. «¿Por qué? Por los tiempos», resume Carmelo.
Lo que comenzó como una medida excepcional frente a la crisis sanitaria se ha convertido en una estructura permanente que, según los afectados, traslada la responsabilidad social del Estado a los pequeños propietarios. «Este mal llamado escudo social», define Carmelo, permite suspender desahucios a inquilinos que se declaran vulnerables.
En España, para ser «vulnerable» basta tener ingresos inferiores a 1.800 euros mensuales, «más que muchas pensiones nuestras», recuerda María José Fernández.
«Y si hay menores en la familia, la cifra se eleva a 2.200 euros, creando un sistema fácilmente manipulable».
En España, aproximadamente nueve millones de personas trabajan y perciben menos de 1.800 euros brutos al mes. Esto significa que más del 41% del total de trabajadores se encuentra en esta situación, según datos oficiales del INE actualizados en 2024.
Esta cifra incluye a 7,65 millones de asalariados (41,7% de los 18,4 millones de asalariados) y entre 1,2 y 1,5 millones de autónomos (35-44% de los 3,4 millones de autónomos).
La ley determina que la certificación de vulnerabilidad la otorgan los servicios sociales municipales, pero en más de 400 ayuntamientos españoles con más de 20.000 habitantes no existe un protocolo estandarizado.
Además, los trabajadores sociales «no tienen acceso a ninguna información» debido a la ley de protección de datos, explica Carmelo. El decreto aprobado la semana pasada tampoco ofrece recursos a las comunidades autónomas, ya que no hay viviendas públicas disponibles. En consecuencia, nada cambia para quienes poseen una o dos casas.
En su caso, aclara, «declararon vulnerables a mis inquiokupas en 2021 tras una entrevista telefónica sin más», y aporta la evidencia.
Paloma Martín, ex vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, ha criticado que el límite de vulnerabilidad esté situado en tres veces el IPREM (1.800 euros mensuales). «Está claro que una persona con 1.800 euros no es vulnerable», afirmó en octubre de 2024 en una entrevista con EL ESPAÑOL.
La legislación teóricamente establece unas compensaciones económicas para los propietarios afectados por la suspensión de desahucios. «Pero no funcionan», lamenta Carmelo, «porque no hay Presupuestos y por ello no existe partida económica para las comunidades autónomas».
Solo entre el 1,5% y el 7% de las solicitudes reciben compensación, según la región. «Presentas la documentación, te conceden una compensación, pero no te la entregan».
«No somos un bulo»
El martes 27 de enero, tras la votación que suspendió el decreto ómnibus, Alberto Núñez Feijóo se reunió con Carmelo, María José y otros dos afectados de la PAO en su despacho del Congreso.
Hace apenas dos semanas, fue Carles Puigdemont quien, desde Waterloo y por videoconferencia, se encontró con representantes de la plataforma.
También han mantenido encuentros con Vox, PNV y PSOE en diferentes ocasiones. Sin embargo, lo más notable es que los ministros de Vivienda y Justicia llevan cuatro años sin contestar a sus solicitudes.
«Cada mes, una compañera envía por registro electrónico una carta solicitando reunión. Nunca ha recibido respuesta», señala Carmelo. «Sé que la ministra de Vivienda ha atendido a todas las asociaciones, pero a nosotros, no«.
Uno de los lemas de la PAO es «No somos un bulo». Según sus registros, la asociación está compuesta sólo por familias trabajadoras que poseen un único inmueble.
Mientras el debate político se enquista, decenas de miles de propietarios permanecen en un limbo jurídico irresuelto. Todos son vidas dañadas, ahorros perdidos y proyectos familiares destruidos.
Carmelo: 80.000 € perdidos
Carmelo Sevilla es pensionista. Tiene 70 años y ha pasado casi el 10% de su vida intentando recuperar su vivienda. No es un especulador ni un fondo buitre. Es un ciudadano que alquiló un piso de 115 metros en el distrito de Hortaleza para complementar su pensión.
«Otras personas cuentan con un plan de pensiones que el Gobierno no toca para atender a vulnerables… mi plan de pensiones es esto«, explica con la resignación de quien ha aprendido a convivir con un sistema que le ha fallado en todos los niveles.
A finales de 2018, Carmelo alquiló la propiedad a dos mujeres, cada una con un hijo. El piso estaba recién reformado, con calefacción central y tres habitaciones. La renta superaba los 1.000 euros mensuales, cifra que le permitía vivir con estabilidad.
Durante los primeros meses, todo transcurrió según lo previsto.
Pero en primavera de 2019 comenzaron los retrasos, resueltos en un par de ocasiones, hasta que a principios de 2020, las inquilinas dejaron de pagar definitivamente, y Carmelo no pudo más: «Les dije: ‘Basta. Por la vía legal, porque la paciencia tiene límite’ y yo no podía seguir así».
Llegó la pandemia poco después de presentar la demanda, que paralizó todo. Desde entonces, Carmelo ha vivido un ciclo kafkiano: siete órdenes de lanzamiento, siete paralizaciones amparadas en el decreto para personas vulnerables.
En noviembre de 2021, una de las inquilinas «se declaró vulnerable por teléfono. Es decir, aunque ya no había restricciones… esta señora podría estar de vacaciones en Honolulu y le dijo al agente social que ‘gana sólo 400 euros y no puede pagar la renta’. Eso bastó para certificar la vulnerabilidad. Sin más».
En mayo de 2022, el juzgado dictó sentencia firme, pero esta nunca se ha ejecutado: «Es falso lo que dice el Gobierno de que el decreto solo afecta a propietarios con más de 10 pisos o bancos», lamenta.
Durante la semana en que el decreto no estaba vigente, ordenó a su abogado presentar un nuevo escrito para solicitar el lanzamiento del desahucio… pero la esperanza es vana.
La pérdida económica es grave. Por rentas impagadas, unos 80.000 euros. A lo que hay que añadir 350 euros mensuales en gastos fijos, como suministros e impuestos.
Agua, luz, calefacción, IBI, tasas de basura. Todo corre por su cuenta. «Tengo que restarlo de mi pensión, en vez de disponer de un aumento».
Carmelo ha explorado todos los canales institucionales. Contactó al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, quien le respondió amablemente que, al estar el caso en sede judicial, «no podía intervenir».
También escribió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La respuesta «fue muy contundente», relata.
«Me dijeron: ‘Lo está haciendo bien, seguro que tiene un abogado que le apoya y resolverá su caso. Pero nosotros no podemos interferir en leyes vigentes‘… ¡pero son ellos quienes las aprobaron!».
Su última esperanza radica en que el clima político cambie. «Estuve en el Congreso el día del decreto y… ojalá. Tenía buenas sensaciones, fíjese si soy optimista, pero el nuevo decreto no aporta soluciones«.
Recuerda a los políticos que «esto no es una cuestión ideológica. Es la vida, que está muy por encima de las ideologías».
Mª José: de dueña a refugiada
María José Fernández tiene 65 años y es pensionista. Dueña de un único inmueble en la sierra norte de Madrid, puso su vivienda en alquiler en noviembre de 2023 para obtener un ingreso de 710 euros mensuales y ayudar a su hija, de 31 años y desempleada, a buscar empleo en Francia.
Alquilaron un piso de 20 metros por 980 euros al mes. «Justo, pero temporal».
Lo que María José no esperaba es que su vida se tornara en una pesadilla. El inquilino, un técnico en refrigeración venezolano que vive con su pareja y un menor, «pagó puntualmente hasta 2024». Luego comenzó a dejar de abonar los suministros. En noviembre, dejó de pagar la renta.
Desde entonces, ni un solo euro.
Al principio, María José intentó comunicarse. «Según confesó el mismo, en estos momentos trabaja en negro y además percibe subsidio«.
Durante más de un año de impagos, él dio versiones contradictorias. Que tenía empleo, que había dejado de trabajar, que la empresa no le pagaba, que le debían dinero…
Cuando María José quiso saber cuándo se pondría al día, «cortó la comunicación y se volvió agresivo conmigo«.
El inquilino sigue realizando pequeños trabajos. «Me pidió por WhatsApp si le podía prestar una escalera telescópica para trabajar», y María José ha visto que recibe paquetes con herramientas.
Su actitud ha fluctuado entre sumisión y hostilidad. «En una ocasión, me acusó de robarle un gato. Fue a donde estoy alojada, llamó a la puerta y me puso muy nerviosa».
En otra ocasión, al reclamar el pago, «me insultó y me gritó por teléfono que no pagaría».
Luego volvió a mostrarse respetuoso. «Este individuo es muy persuasivo, es capaz de engañar. Yo no reaccioné rápido para interponer la demanda». La vía judicial se retrasó hasta abril de 2025 «porque hizo un pequeño pago y me confié».
Ninguno de los cuatro abogados que han llevado su caso ha sido efectivo, y el inquilino no recibió notificación judicial hasta noviembre de 2025.
Mientras tanto, en la casa, que se alquiló recién reformada, el inquilino ha reportado daños, enviando fotos del baño con azulejos arrancados, mampara rota y plato dañado. El agua ya se filtra al garaje inferior.
El daño económico es considerable. María José acumula más de 15 meses sin cobrar la renta de 710 euros. Sin embargo, ha debido pagar los suministros… 165 euros solo en electricidad en enero.
«Los gastos son enormes. Estoy buscando cómo salir de esta situación. Estoy realmente mal. No tengo estabilidad ni nadie que me apoye«.
Ni en el Ayuntamiento recibió ayuda cuando solicitó que revisaran el padrón, porque había más personas viviendo en su casa de las vermeldas en el contrato.
«Los servicios sociales me trataron con mucha hostilidad, me dijeron que no tenían nada que hablar conmigo… la funcionaria representaba al inquilino», relata.
El inquilino tiene un menor, por lo que es considerado vulnerable en cualquier proceso de desahucio. «No les importa qué me pasa a mí, ni mi estado anímico, físico o económico. Me siento peor tratada que una refugiada».
Solo cuando encontró la Plataforma de Afectados por la Ocupación, hace cuatro meses, María José comenzó a comprender su situación: «Para mí ha sido un apoyo esencial, ya que estaba completamente desesperada».
Antes de esta entrevista, María José nunca había expuesto su historia en público. «De hecho, nunca lo había contado hasta ese martes cuando caducó el primer ‘ómnibus’, en la reunión con Feijóo», confiesa con voz agotada.
Es una pensionista que vive en 20 metros cuadrados en un país extranjero mientras un inquilino que trabaja en negro y recibe subsidios ocupa su única vivienda.
Mientras tanto, el Estado la trata como si fuera «el problema» o «un bulo».