Alfonso Serrano, secretario general regional, ha rechazado cualquier irregularidad en la administración del caso, enmarcándolo dentro de un conflicto laboral; mientras que Díaz Ayuso lo califica como un “caso fabricado” y Feijóo lo describe como una “bonita coincidencia”
La gestión del Partido Popular frente a la denuncia interna por acoso sexual y laboral presentada por una exconcejala de Móstoles contra el alcalde, Manuel Bautista, ha provocado una notable polémica. El edil negó públicamente todas las imputaciones en declaraciones a Cadena Ser y atribuyó el conflicto a disputas políticas anteriores vinculadas a la distribución de responsabilidades municipales.
Por otro lado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, calificó el asunto como un “caso fabricado”; y Alberto Núñez Feijoo lo mencionó como una “bonita coincidencia” en alusión a las denuncias semejantes —de acoso sexual a mujeres del partido— contra el socialista Francisco Salazar.
El PP afirma que el acoso no fue denunciado, aunque se investigó
Desde la dirección del PP en Madrid se sostiene, contradictoriamente, que la denunciante no habría manifestado haber padecido acoso, aunque a la vez reconocen haber indagado sobre un acoso que, según su propia versión, no habría sido denunciado; y que cerraron el expediente por falta de pruebas.
El comité nacional de derechos y garantías del partido concluyó la investigación sin convocar a la presunta víctima ni a los testigos sugeridos. Los documentos obtenidos por El País muestran que la exedil denunció inicialmente los hechos ante el PP de Madrid, describiendo proposiciones explícitas no consentidas por parte del alcalde desde la campaña electoral de 2023, seguidas de aislamiento y trato humillante tras rechazar mantener una relación personal con el regidor.
La exconcejala relata que, tras exponer los hechos en reuniones con responsables del partido, recibió consejos para evitar acudir a la justicia: “El respaldo del partido consiste en que descartes cualquier tipo de denuncia”, habría expresado Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, a la víctima en un encuentro con Alfonso Serrano. Millán aseguró este jueves que la denuncia respondía a una “disputa laboral”: “En una reunión se preguntó (a la denunciante) si se trataba de acoso y ella lo negó”, afirmó.
No obstante, esto contrasta con la documentación del expediente a la que habría accedido El País, que contiene una declaración de la propia Millán que contradice sus palabras: “Vamos a detener esto, esto es un acoso típico”. En ese mismo encuentro intentaron persuadir a la exconcejala de que no acudiera a la justicia, con ideas como “la ayuda no está en hacerlo público, esto te va a perjudicar”.
Ante la falta de acción y el no inicio de un protocolo interno, la denunciante —cuyo nombre fue difundido por el Partido Popular— decidió renunciar a su acta y darse de baja como afiliada. Posteriormente, comunicó su situación a la dirección nacional del PP, explicando: “En febrero de 2024 escribí a la presidenta para informarle sobre la grave situación de acoso que enfrentaba en Móstoles. Desde ese febrero hasta octubre de este año he sostenido en Génova tres reuniones y enviado seis escritos solicitando protección y no se ha hecho nada. Cuando renuncié a mi acta de concejal, me respondieron diciendo que no podían actuar porque ya no soy afiliada”.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó este viernes en la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra en Zagreb (Croacia) el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez a la “dictadura venezolana” y manifestó estar “muy orgulloso” de que el PP español y europeo apoyen a quien “tiene la legitimidad electoral y moral para liderar el futuro de Venezuela”. (Fuente: PP)
Reclamaciones internas, archivo de procedimiento y versiones encontradas
Después de comunicarlo a la sede nacional, la Vicesecretaría de Organización del PP remitió la denuncia al comité de derechos y garantías, que pidió a la exconcejala toda la información que tuviera. En respuesta, envió un documento de 20 páginas en el que detallaba episodios de “acoso sexual y laboral”, el “desdén” recibido por el partido y las “reproches” de compañeras que, según su testimonio, deberían haberle brindado protección.
Incluía ejemplos específicos de la insistencia de Bautista por mantener una relación más allá de lo profesional, la negativa de ella, la posterior circulación de rumores y el inicio de un acoso laboral prolongado. Incluso citaba testigos y aportaba pruebas, según la investigación de El País. Nunca recibió respuesta.
Simultáneamente, la exedil denunció el hackeo de su correo electrónico tras detectar accesos extraños desde IPs desconocidas y desaparición de mensajes relacionados con la Comunidad de Madrid. El comité interno suspendió la investigación mientras existía una causa judicial abierta por ese motivo. Una vez aclarado que el proceso judicial no estaba vinculado con el acoso, la denunciante solicitó reanudar la investigación interna, proporcionando la orden judicial requerida. A pesar de ello, no recibió más noticias. El caso del hackeo fue archivado en febrero de 2025 por ausencia de autor identificado.
El Partido Popular nacional sostiene que el caso se reabrió, independientemente de que la denunciante ya no fuera afiliada: “Se realizaron las consultas consideradas oportunas y necesarias”, según un portavoz oficial. Sin embargo, la afectada asegura que no fue convocada nuevamente, que no se contactó a los testigos ni se verificaron las pruebas entregadas, y que no fue informada ni de la reapertura ni del archivo final. Según el portavoz del partido, ello se debe a que “al tratarse de un procedimiento interno dentro del PP no es obligatorio informar a personas externas al Partido Popular”.
El alcalde lo atribuye a una revancha política
Alfonso Serrano, secretario general regional, ha rechazado toda irregularidad en el manejo del caso, presentado como un conflicto laboral municipal. Bautista aseguró a Cadena Ser que, de los “ocho o nueve correos electrónicos” que la denunciante habría enviado a Isabel Díaz Ayuso, solo “en el último” se mencionaba el acoso sexual. Sin embargo, la investigación de El País señala que la alusión al acoso sexual aparecía desde el primer mensaje.
Bautista explica que, antes de unas elecciones municipales, hubo negociaciones internas sobre las funciones que asumiría cada integrante del equipo. Afirma que la exconcejala manifestó interés en cargos de mayor rango que, tras las elecciones, se vieron frustrados al recibir una negativa. Según el alcalde, fue entonces cuando surgieron las discordias internas.
Bautista sostiene que entre octubre de 2024 y abril de 2025 se tramitó el expediente, se solicitaron pruebas y, ante la ausencia de evidencias, el caso fue archivado. “Quien formuló las acusaciones no solo no apeló la conclusión del proceso interno del PP, sino que tampoco acudió a la vía judicial”, lo cual podría explicarse porque la víctima no fue notificada sobre el cierre del caso.