Competencia considera que aplicaron una política comercial “abusiva” y establece seis meses de veto a licitaciones con la Administración
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas que suman 20,5 millones de euros a distintas compañías del Grupo Repsol por llevar a cabo una política comercial considerada abusiva y contraria a la normativa vigente en materia de competencia. Aparte de la sanción económica, el organismo ha decidido prohibir a estas entidades la participación en contratos públicos durante un plazo de seis meses. Por su parte, la petrolera ha rechazado categóricamente la resolución y ha anunciado que la impugnará ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Las firmas implicadas son Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio, a las cuales Competencia responsabiliza por realizar un «estrechamiento de márgenes» que perjudicó a estaciones de servicio independientes competidores en el mercado minorista de combustibles. Conforme al fallo, estas prácticas ocurrieron en un contexto donde Repsol tenía una posición dominante en el mercado mayorista de suministro de carburantes a gasolineras a nivel nacional. La empresa, sin embargo, sostiene que la CNMC “no prueba ni posición dominante ni efecto excluyente en el mercado”.
El organismo presidido por Cani Fernández recuerda que la normativa obliga a las empresas con poder dominante a extremar su responsabilidad para evitar la restricción de la competencia. El estrechamiento de márgenes, agrega, está expresamente prohibido por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al tratarse de una táctica que dificulta la actividad de rivales más pequeños. Repsol responde que la decisión se basa en un relato “parcial y descontextualizado, con errores metodológicos y jurídicos”, que ignora el escenario excepcional vivido en 2022 tras la invasión de Ucrania.
Una estrategia para recuperar cuota
La investigación de la CNMC ha demostrado que varias sociedades del grupo implementaron una estrategia comercial “incompatible” con dicha posición dominante con el fin de incrementar su volumen de ventas frente a las estaciones independientes o de bajo coste. Competencia sostiene que Repsol intentó así revertir la pérdida de cuota que venía experimentando desde 2019.
El mecanismo consistió, por un lado, en elevar de forma generalizada el precio mayorista del combustible suministrado a las gasolineras independientes y, por otro, en aplicar en su propia red de estaciones descuentos adicionales para clientes profesionales que repostaran gasóleo A. Estas rebajas se sumaban al descuento de cinco céntimos por litro que la compañía podía ofrecer como alternativa a la prestación patrimonial de carácter público exigida por el Gobierno. La energética asegura que actuó “con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria”.
La práctica se materializó entre abril y diciembre de 2022, coincidiendo con un notable encarecimiento de los carburantes tras la invasión rusa de Ucrania. Durante ese lapso, el precio del gasóleo A superó por primera vez al de la gasolina en España durante seis meses, lo que intensificó la competencia para captar transportistas y otros grandes consumidores.
En este marco, Repsol destaca que los descuentos aplicados superaron los 450 millones de euros y fueron comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración.
La empresa de gas y electricidad Repsol ha publicado su balance y reportó un beneficio neto de 603 millones de euros, lo que supone una caída del 62,9% respecto al mismo periodo del año anterior. Estas cifras están marcadas por la volatilidad, los menores precios del crudo y los márgenes en refino y química, además del apagón eléctrico, que impactó en las cuentas con 175 millones de euros. (Fuente: Europa Press / Repsol)
Impacto en las gasolineras independientes
De acuerdo con la CNMC, esta combinación de incrementos mayoristas y descuentos en la red propia provocó que ciertas estaciones independientes experimentaran una reducción drástica en sus ventas de gasóleo A a clientes profesionales. Mientras tanto, Repsol aumentó su volumen y reforzó su cuota de mercado. Sin embargo, la compañía niega tal efecto y asegura que durante el procedimiento se demostró que no hubo exclusión de competidores ni dependencia real.
Por su parte, Competencia considera que el perjuicio es “especialmente grave” porque afectó a gasolineras de bajo costo que contribuyen a mantener la competitividad de precios en áreas de alta demanda, como zonas fronterizas o corredores estratégicos para el transporte por carretera.
El grupo liderado por Josu Jon Imaz califica la resolución de “arbitraria” y denuncia que el regulador “sobredimensiona artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes”, situando su cuota real alrededor del 25% en 2022.
La investigación comenzó tras varias denuncias de asociaciones sectoriales. A finales de 2022 la CNMC llevó a cabo inspecciones en sedes de operadores de hidrocarburos y en diciembre de 2023 inició formalmente un expediente sancionador contra Repsol por presunto abuso de posición dominante.
Multa y veto a contratos públicos
Como resultado del procedimiento, Competencia impuso una sanción de 20,5 millones de euros por una infracción “muy grave”. La responsabilidad del pago recae solidariamente en Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio, así como en sus matrices Repsol Customer Centric y la propia Repsol.
Además, las sociedades sancionadas no podrán participar en licitaciones públicas para el suministro de gasóleo A destinado a automoción durante seis meses, medida diseñada para evitar que obtenzcan contratos financiados con fondos públicos mientras persistan las consecuencias de la “conducta abusiva”.
Repsol advirtió que penalizar descuentos legales y supervisados “desvirtúa el sentido de la norma” y podría restringir rebajas futuras en numerosos sectores. La resolución no es definitiva y puede ser recurrida por la petrolera ante la Audiencia Nacional vía recurso contencioso-administrativo.