La Unión Progresista de Fiscales lanzó una iniciativa de apoyo para cubrir los 17.200 euros que el Alto Tribunal impuso al ex fiscal general del Estado.
Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, ya ha pagado los 17.200 euros correspondientes a la sanción económica impuesta por el Tribunal Supremo (TS) por un delito de revelación de secretos. Posteriormente, el alto tribunal solicitó a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, datos sobre su cuenta bancaria para realizar el ingreso de la indemnización.
Fuentes jurídicas confirmaron a Europa Press que García Ortiz ha efectuado el pago de los 10.000 euros de indemnización junto a los 7.200 euros de multa establecidos en la sentencia del pasado diciembre, que además le impuso dos años de inhabilitación como fiscal general.
La Unión Progresista de Fiscales (UPF), a la que pertenecía el ex fiscal general, inició una campaña de colaboración para cubrir «el abono de las responsabilidades económicas derivadas». Semanas después, la asociación comunicó que se había recaudado «íntegramente el importe necesario» para afrontar la sanción económica.
En un comunicado, la UPF destacó que «decenas de fiscales de todos los territorios y categorías» respondieron a un llamado que fue «más ético que económico», y que también contó con la participación de ciudadanos ajenos al Ministerio Fiscal.
«Nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional», afirmó la UPF, que ha respaldado la actuación y la inocencia del ex fiscal general.
Por su parte, García Ortiz interpuso un incidente de nulidad contra la sentencia del TS, destacando que su defensa se basó en proteger la «credibilidad» de la Fiscalía frente a «ataques».
La Fiscalía General del Estado autorizó el regreso de García Ortiz a la carrera fiscal, concretamente a la Sección de lo Social de la Fiscalía en el Supremo.