Feijóo y Ayuso acusan al Ejecutivo de Sánchez de querer expandir el censo electoral mediante la regularización de 850.000 inmigrantes en situación irregular.
Los dos dirigentes del PP sostienen que esta medida responde a intereses electorales y no humanitarios, advirtiendo que para 2027 podría incrementarse el número de votantes en un millón respecto a 2023.
Se tratará de la regularización más extensa desde la restauración democrática, que no requerirá contrato laboral; bastará con cinco años de residencia y la presentación de un certificado de antecedentes penales.
La noticia ha provocado reacciones internacionales, incluyendo a Elon Musk, mientras desde Podemos proponen modificar la ley para que las personas regularizadas puedan acceder a votar.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la mandataria madrileña Isabel Díaz Ayuso, denunciaron el domingo que la administración de Pedro Sánchez intenta inflar el censo electoral con el decreto aprobado recientemente para legalizar a unos 850.000 inmigrantes sin documentos.
En un acto durante la campaña electoral en Aragón, Feijóo afirmó que el Gobierno no actúa por «humanidad», sino por un exclusivo interés electoral para captar futuros votos: «No se trata de distribuir papeles, sino papeletas«, sostuvo.
Para él, España debe abrir sus puertas a quienes vengan a «construirla, mejorarla y respetarla», siempre que cuenten con contrato laboral. Sin embargo, considera inadmisible acoger a personas con antecedentes penales o que no estén dispuestas a integrarse.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso criticó que el Gobierno adopte una medida de tal magnitud sin haber analizado previamente «cuántas viviendas deberían desplegarse, cuántos profesionales sanitarios habilitar…»
Advirtió que «cuando los servicios públicos colapsen, nosotros (las comunidades y municipios) seguiremos respondiendo, mientras ellos protestan en manifestaciones».
Ayuso expresó esto en el cierre de la II jornada intermunicipal organizada por el PP madrileño en San Lorenzo de El Escorial, con la participación de representantes de los ayuntamientos regionales.
Similar a Feijóo, la presidenta madrileña criticó que el Ejecutivo no actúe por motivos humanitarios, sino con el propósito de «manipular los censos», de manera que en las elecciones municipales y autonómicas de 2027 pueda sufragar «un millón más que en 2023».
Alerta además que esta cifra podría incrementarse a medio plazo hasta «dos o tres millones más», puesto que una vez regularizada su situación, los inmigrantes tendrían la posibilidad de traer a sus familias mediante las medidas de arraigo, según declaraciones a Efe.
Ayuso se refirió asimismo a la información publicada por EL ESPAÑOL este domingo, en la que se indica que el Gobierno ha otorgado la nacionalidad española a casi 1,4 millones de extranjeros desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa, en junio de 2019.
Casi el 20% (aproximadamente 261.000) provienen de Marruecos, aunque en años recientes han crecido especialmente otros grupos como venezolanos, colombianos y ecuatorianos.
Por esta razón, en las elecciones generales, locales y autonómicas de 2027 podrán votar un millón más de estos nuevos españoles que en las elecciones de 2023.
https://www.elespanol.com/espana/politica/20260130/inmigracion-inmigracion_ilegal-emigracion-migracion-inmigrantes-partido_popular_-pp-alberto_nunez_feijoo-pedro_sanchez-union_europea_-ue-comision_europea_-ce-politica/1003744108744_0.html?utm_cmp_rs=subtitle
Gracias a la Ley de Memoria Democrática aprobada en 2022, más de 876.321 extranjeros (principalmente procedentes de países latinoamericanos) han solicitado la nacionalidad española; de ellos, 240.000 ya la han conseguido.
Esta legislación facilita que pidan la nacionalidad los hijos y nietos de exiliados que tuvieron que abandonar España por motivos políticos o ideológicos desde la Guerra Civil.
Respecto a los casi 850.000 inmigrantes sin documentos cuya situación regularizará el Gobierno, no podrán votar aún en las elecciones de 2027.
No obstante, la regularización supone un paso fundamental para comenzar a contar los años de residencia legal necesarios (dos años para personas originarias de América Latina y las antiguas colonias como Guinea Ecuatorial y Filipinas) para solicitar la nacionalidad española.
En cuanto al resto de países (como Marruecos), es necesario demostrar al menos 10 años de residencia legal para poder requerir la nacionalidad.
En un acto de campaña en Teruel junto con la candidata Pilar Alegría, el presidente Pedro Sánchez instó a Feijóo a «escuchar» a la patronal, sindicatos e Iglesia, quienes respaldan la regularización de inmigrantes.
Por otro lado, la vicepresidenta Yolanda Díaz expresó desde Zaragoza que la concesión de papeles a inmigrantes «supone una mejora general de los derechos para la clase trabajadora», al eliminar el temor a denunciar abusos laborales, acosos o explotación.
Sin embargo, diferentes estudios económicos señalan que la incorporación de una cantidad significativa de trabajadores inmigrantes, sobre todo en empleos poco cualificados, tiende a mantener bajos los salarios en el mercado laboral.
En el acto de Sumar en Zaragoza, Yolanda Díaz acusó al PP de buscar «provocar sufrimiento y dolor en la gente», debido a que bloquearon en el Congreso el decreto ómnibus que, junto con la subida de pensiones, incluía medidas del escudo social para impedir desahucios de okupas.
La regularización promovida por el Gobierno será la más extensa en la democracia y la primera en cuatro décadas que no demanda acreditar vínculo laboral (ni oferta de empleo).
El único requisito será haber residido en España como mínimo cinco años y presentar un certificado de antecedentes penales emitido por su país de origen o, en su defecto, una «declaración responsable» firmada por el propio inmigrante.
Aunque el Gobierno afirma que aproximadamente medio millón de inmigrantes se beneficiarán, el último informe de Funcas estima que en enero de 2025 había en España 840.000 inmigrantes en situación irregular. Esta cifra ha continuado creciendo en los últimos 12 meses.
Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa, el número de inmigrantes irregulares se ha multiplicado por ocho: de 107.000 en 2008 a 840.000 en 2025.
Hasta la fecha, la regularización más amplia fue la implementada por el Gobierno de Zapatero en 2005, que benefició a 576.506 inmigrantes irregulares. Sin embargo, a diferencia de esta, en aquella oportunidad se requería contar con un contrato laboral mínimo de seis meses y 40 horas semanales.
La polémica ha llegado incluso al millonario Elon Musk, propietario de Tesla y la red social X-
A través de dicha red, Musk expresó su sorpresa el jueves ante la noticia publicada por el diario británico The Telegraph titulada «España ha comenzado a legalizar a 500.000 inmigrantes indocumentados y les ha otorgado el derecho inmediato a trabajar en una medida ‘para combatir el avance de la extrema derecha'».
Pedro Sánchez se sintió aludido y respondió con ironía: «Marte puede esperar. La humanidad, no«, en referencia a los planes de Musk para llevar humanos a Marte en 2031 mediante su empresa de cohetes SpaceX.
Este domingo, el empresario calificó de «genocida» y persona «absolutamente despreciable» a la líder de Podemos Irene Montero, por defender la teoría del «reemplazo» para sustituir en España a los «fachas por inmigrantes».
Durante un evento de Podemos, Montero defendió que, tras la regularización de los sin papeles, el siguiente paso debe ser «modificar la ley» para que puedan obtener la nacionalidad española y votar.