El informe de enero de BBVA Research anticipa que el déficit público alcanzará el 2,1% en 2026 y el 1,7% en 2027, pero enfatiza que esto será posible “siempre que se implementen nuevas medidas de ajuste fiscal”
La viabilidad de las finanzas públicas en España enfrenta un momento crucial durante los años 2026 y 2027, según las predicciones de BBVA Research. El equipo de análisis de la entidad ha señalado que el respeto a las reglas fiscales posicionará el déficit público del país en el 2,1% para 2026 y en el 1,7% para 2027, subrayando que esto se cumplirá “siempre que se definan nuevas medidas de ajuste fiscal”.
BBVA Research proyecta que para 2025 el déficit público se habrá reducido en ocho décimas, situándose alrededor del 2% del PIB, gracias a tres elementos clave: la recuperación cíclica de la recaudación tributaria —derivada del buen desempeño económico, incluyendo más empleo y aumento del consumo—, la vuelta a niveles habituales de los tipos impositivos tras una fase de recortes, y la menor influencia de factores extraordinarios registrados a finales de 2024. “Estos elementos han compensado con creces la presión al alza del gasto en defensa, pensiones e intereses de deuda”, explicó el servicio de estudios de BBVA en su Observatorio fiscal de enero.
El panorama fiscal anticipado para el periodo 2026-2027 parte de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), contemplando la actualización de las pensiones y la ejecución de compromisos ya asumidos en materia de defensa y modernización tecnológica. El plan fiscal y estructural requiere un ajuste medio anual del saldo primario ajustado por ciclo —esto es, la diferencia entre ingresos y gastos— equivalente a 0,4 puntos porcentuales del PIB, lo que implicará la definición de nuevas medidas para contener el gasto y garantizar una reducción progresiva del déficit.
El informe sostiene que la solidez de la actividad económica y el retiro de las ayudas excepcionales aplicadas en años previos permitirán cierto margen para realizar el ajuste presupuestario. Sin embargo, señala que el efecto de eliminar las medidas energéticas y de agotar las ayudas destinadas a paliar la DANA no será suficiente por sí solo para alcanzar los objetivos fiscales. La presión continua del aumento en partidas como las pensiones y el gasto en defensa seguirá afectando el gasto total, por lo que, según BBVA Research, resultará indispensable un esfuerzo adicional de consolidación: 0,2 puntos porcentuales del PIB en 2026 y 0,4 puntos en 2027.
Cumplimiento de las reglas fiscales europeas
El cumplimiento de las normas fiscales europeas se presenta como un factor clave para la estabilidad financiera pública. Las predicciones indican que, si se llevan a cabo los ajustes requeridos, el saldo primario ajustado por ciclo tenderá a equilibrarse a finales de 2027. En caso contrario, el saldo podría deteriorarse hasta un -0,8 % del PIB, alejando la meta de sostenibilidad. Asimismo, el crecimiento promedio del gasto primario neto de medidas de ingresos se situaría en torno al 3,5 % entre 2025 y 2030, por encima del límite del 3% pactado en el Plan Fiscal y Estructural. Esta desviación obliga a reforzar el control sobre los gastos y a redefinir prioridades para mantener la disciplina fiscal.
La evolución de la deuda pública es especialmente sensible a la aplicación efectiva de estos ajustes. En el escenario planteado, la proporción deuda/PIB seguirá una tendencia descendente y se ubicará cerca del 96,6% a finales de 2027. No obstante, el informe advierte que la reducción del diferencial entre crecimiento económico y coste de la deuda representa una vulnerabilidad importante: si el ajuste fiscal se relaja o las condiciones financieras empeoran, la disminución del endeudamiento podría desacelerarse.
A estos desafíos temporales se suman retos estructurales significativos. El proceso de consolidación fiscal se enfrenta a una mayor rigidez del gasto, impulsada por el envejecimiento demográfico, que aumenta las necesidades de financiación en pensiones, salud y cuidados, con una proyección de 5 puntos porcentuales del PIB hasta 2070. Además, es esencial fomentar la inversión pública de calidad, en particular en infraestructuras verdes, digitalización, investigación y educación, para sostener el crecimiento a medio y largo plazo.
España también debe cumplir con compromisos internacionales que demandan un mayor esfuerzo presupuestario, como el aumento del gasto en defensa pactado en el marco de la Unión Europea y la OTAN. La necesidad de controlar posibles desviaciones fiscales de los gobiernos territoriales y reformar el sistema de financiación autonómica añade otra capa a la complejidad del ajuste. Por último, y nuevamente, el informe señala que la fragmentación parlamentaria representa un problema. La debilidad en el Parlamento afecta la gobernabilidad de Sánchez y se manifiesta cada vez que se requiere consenso para aprobar medidas clave, por ejemplo, para cumplir con los objetivos europeos y acceder a los fondos comunitarios.