Feijóo solicita a la Comisión Europea que investigue el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y verifique la correcta aplicación de los fondos europeos destinados a las infraestructuras ferroviarias.
El jefe del PP critica el plan del Gobierno de Sánchez para legalizar a 850.000 inmigrantes en situación irregular, señalando que esto podría generar un efecto llamada y aumentar la presión sobre los servicios públicos y la vivienda.
El Partido Popular Europeo respalda la postura del PP español, alertando que la regularización masiva de inmigrantes debilita la política europea y solicitando un mayor control fronterizo.
El PPE apoya la iniciativa de reconocer la labor policial como profesión de riesgo elevado y mantiene su respaldo a Ucrania ante la amenaza rusa.
El dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigió este sábado a la Comisión Europea que coopere en el «aclaramiento» de las causas del accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y verifique el correcto uso de casi 6.000 millones de euros provenientes de los fondos Next Generation entregados a Adif.
Desde la reunión de líderes del Partido Popular Europeo (PPE) celebrada este fin de semana en Zagreb, Feijóo solicitó asimismo a la Comisión que «ponga en duda» los planes de Pedro Sánchez para regularizar cerca de 850.000 inmigrantes sin documentación, considerando que «contraviene las recomendaciones europeas y el Pacto de Migración y Asilo» aprobado por la UE en 2024.
El pasado martes, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto que autoriza la obtención del permiso de residencia a los inmigrantes irregulares que hayan residido al menos cinco meses en España.
El Ejecutivo estima que esta medida beneficiará a alrededor de 500.000 inmigrantes en situación irregular, mientras que el PP sitúa la cifra en 850.000, según el último informe elaborado por Funcas.
Feijóo advirtió este sábado que esto «generará un efecto llamada en la frontera sur del continente», afectando así a toda la Unión Europea.
Asimismo, destacó que es un problema interno: «Esta regularización tendrá impactos negativos en España y, por ende, en toda Europa», indicó Feijóo en declaraciones difundidas por el PP, «presionando los servicios públicos, intensificando la tensión en el mercado de la vivienda y generando conflictos sociales«.
El líder del PP remarcó que «la ilegalidad no debe otorgar derechos«, destacando que «mientras Europa y sus países apuestan por el control, España no puede promover el desorden».
Respecto al trágico accidente de Adamuz, que ha causado 46 fallecidos, el ministro Óscar Puente comparecerá el martes ante la Comisión de Transportes del Congreso para ofrecer explicaciones, como ya hizo el jueves pasado en el Senado (donde rechazó cualquier responsabilidad en el siniestro).
Alejandro Fernández, líder del PP catalán, acusó este sábado tanto al Gobierno central como a la Generalitat de «mentir y ocultar información» sobre el estado de las infraestructuras ferroviarias en Cataluña y España en general.
«No somos nosotros quienes, como ellos, utilizan tragedias para hacer política», afirmó Fernández.
Sin embargo, apuntó que «mientras ellos afirmaban tener las mejores infraestructuras ferroviarias en Europa, hoy se revelan imágenes alarmantes de su estado», propias de «países en desarrollo«.
Alberto Núñez Feijóo consiguió que los líderes del Partido Popular Europeo (PPE), reunidos en Zagreb (Croacia) este fin de semana, incluyeran en su resolución final varias de las preocupaciones expresadas por el PP español.
El documento refleja una censura implícita a los planes de Pedro Sánchez al señalar que «la legalización masiva de inmigrantes ilegales socava gravemente nuestra política. La solidaridad sin control», añade el texto, «es una irresponsabilidad política inaceptable».
Los populares europeos defienden una Europa que proteja sus fronteras y frene la migración ilegal.
Según las nuevas medidas de la UE, el uso de «terceros países seguros» para realizar expulsiones «asegurará el retorno más ágil de quienes no tienen derecho a permanecer en Europa», agrega el documento.
Por otra parte, los primeros ministros y líderes del PPE han apoyado que «el trabajo policial sea reconocido como una profesión de alto riesgo«, respaldando así las demandas de las asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil.
En España, tienen la condición de «profesión de alto riesgo» los bomberos, Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza y Policía Foral de Navarra. Esto permite a sus agentes acogerse a la jubilación anticipada voluntaria y contar con mejoras en el cálculo de sus pensiones.
No obstante, el ministro Fernando Grande-Marlaska se ha opuesto sistemáticamente a que los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil reciban este reconocimiento oficial.
Los líderes del grupo mayoritario en el Parlamento Europeo muestran reservas hacia el gobierno chavista de Delcy Rodríguez, que bajo presión de la Casa Blanca ha anunciado esta madrugada una amnistía para presos políticos y el cierre del centro de torturas del Helicoide.
Por ello, han acordado que la UE mantenga las sanciones contra los dirigentes chavistas hasta que se garantice una libertad real en Venezuela.
En esta materia, el criterio del PP ha sido clave para definir la postura de sus aliados europeos en un tema tan delicado relacionado con la defensa de los derechos humanos.
En política internacional, los dirigentes del PPE reconocen que «Rusia constituye una amenaza persistente y prolongada para la seguridad europea» y que la Administración Trump impuso «un cambio sustancial» en las relaciones de Estados Unidos con sus socios de la OTAN.
Por este motivo, reiteran su «firme apoyo» al Gobierno de Zelenski y abogan por «fortalecer la defensa europea para 2030», con el objetivo de disuadir y proteger «cada centímetro de nuestra Unión y de los aliados de la OTAN».