El PP impulsa un Pleno extraordinario en la Cámara Alta por el accidente ferroviario mientras el presidente del Gobierno delega su comparecencia en el ministro de Transportes
El presidente del Senado, Pedro Rollán, ha enviado una misiva formal al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en la que le advierte sobre las posibles “consecuencias jurídicas” derivadas de no asistir al Pleno extraordinario convocado para este jueves en la Cámara Alta. Esta sesión fue promovida por la mayoría absoluta del Partido Popular con el fin de tratar el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz y la situación del servicio de Rodalies, dos temas que han provocado una intensa confrontación política entre el Gobierno y la oposición.
En el documento, Rollán señala que la ausencia del presidente del Gobierno “en la fecha y hora indicadas, sin causa debidamente justificada y comunicada a través de los canales oficiales”, podría implicar la toma de medidas por parte de los órganos del Senado y la exigencia de las responsabilidades legales correspondientes. La carta, adelantada por Europa Press, deja constancia expresa de que la notificación fue realizada correctamente, un punto clave de cara a posibles decisiones que pueda adoptar la Cámara Alta si Sánchez mantiene su negativa a comparecer.
La convocatoria del Pleno extraordinario tuvo lugar tras el uso de la mayoría absoluta del Grupo Popular en el Senado para citar tanto al presidente del Gobierno como al ministro de Transportes, Óscar Puente, para que dieran explicaciones políticas y técnicas sobre el siniestro ferroviario de Adamuz y los problemas acumulados en la red de Rodalies. No obstante, el jefe del Ejecutivo informó que no acudiría a la sesión y que delegaba su asistencia en Puente, recordando que ya ha solicitado comparecer en el Congreso de los Diputados el próximo 11 de febrero para abordar estos mismos temas.
Conflicto de competencias
Desde la Presidencia del Senado remarcan que la carta enviada a La Moncloa no contiene juicios políticos, sino que se limita a exponer el marco normativo que regula las comparecencias ante la Cámara Alta. El propósito, según fuentes parlamentarias consultadas por Europa Press, es dejar registro oficial de la citación y de las consecuencias previstas en el reglamento en caso de inasistencia no justificada, fortaleciendo así la posición institucional del Senado ante un posible conflicto de interpretación con el Ejecutivo.
El Gobierno defiende que la comparecencia del ministro competente es suficiente y sostiene que el foro adecuado para una intervención directa del presidente es el Congreso, mientras que el PP argumenta que la gravedad de los hechos y la legítima mayoría parlamentaria obligan a Sánchez a dar explicaciones también en la Cámara Alta.
El PP intensifica sus críticas y apela a las víctimas
Simultáneamente al envío de la carta de Rollán, el Grupo Popular en el Senado difundió un comunicado en el que acusa al presidente del Gobierno de “esconderse” del control parlamentario y de eludir lo que consideran una “obligación moral con las víctimas”. En el texto, los populares sostienen que la ausencia de Sánchez revela “miedo a la verdad” y una falta de empatía hacia los afectados y sus familiares, a quienes atribuyen el derecho a conocer con detalle las circunstancias del accidente y las responsabilidades que se desprenden del mismo.
El escrito también centra la atención en la comparecencia prevista del ministerio de Transportes, cuestionando la coherencia de las explicaciones brindadas hasta ahora sobre el estado de la infraestructura ferroviaria implicada. El PP se pregunta qué versión trasladará Puente al Senado, haciendo referencia a declaraciones anteriores donde se habló de una renovación integral del tramo, luego matizada como una intervención parcial.
El PP incrementa la presión sobre el Gobierno para que asuma responsabilidades por el accidente ferroviario. La oposición ya exige la dimisión de Óscar Puente.
Según el principal partido de la oposición en la Cámara Alta, el ministro enfrenta una disyuntiva clara: aclarar “de una vez” lo ocurrido en unos accidentes que, según su comunicado, han provocado hasta ahora 46 fallecidos y numerosas familias afectadas, o bien centrar su intervención en proteger políticamente al presidente del Gobierno y evitar aceptar responsabilidades por una gestión a la que califican de negligente.