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Información del artículo
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- Autor, Juan Martínez d’Aubuisson
- Título del autor, Especial para BBC News Mundo
- Informa desde, Ciudad de Guatemala
- 28 minutos
- Tiempo de lectura: 12 min
El 18 de enero por la mañana, células del Barrio 18 asesinaron a diez policías e hirieron a otros ocho en uno de los ataques más mortales en años contra las fuerzas de seguridad guatemaltecas.
La ofensiva criminal arrancó el día previo en la capital con la toma simultánea de tres prisiones, donde reclusos vinculados a las maras mantuvieron como rehenes a 46 trabajadores penitenciarios.
El presidente Bernardo Arévalo, que lleva un año en el poder en medio de una fuerte confrontación con la poderosa y cuestionada fiscalía, decretó el cierre temporal de escuelas y un estado de sitio por 30 días en todo el territorio nacional.
El gobierno atribuye los ataques a sus oponentes políticos para fomentar el caos; la oposición rechaza esta acusación y acusa a la administración Arévalo de una respuesta débil frente a las pandillas; Barrio 18 mantiene silencio con la prensa y solo expresa algunas quejas respecto a las precarias condiciones carcelarias; mientras tanto, la población, al margen de las disputas entre criminales y élites políticas, teme ser víctima del próximo atentado.
Para analizar los orígenes y consecuencias de esta nueva crisis, BBC Mundo dialogó con miembros de Barrio 18, altos funcionarios del ministerio de seguridad guatemalteco, representantes policiales, activistas en territorios controlados por pandillas y allegados al ejecutivo.
Un ataque previsto
BBC Mundo contactó a un alto funcionario gubernamental directamente vinculado con la gestión de la crisis, quien habló bajo condición de anonimato, referido aquí como funcionario 1.
Este funcionario aseguró que el jueves 15 de enero, agentes de inteligencia penitenciaria identificaron un plan de Barrio 18 para coordinar una ofensiva contra el sistema carcelario y las calles, aunque desconocían la fecha exacta de ejecución.
Según lo relatado, esta información fue transmitida a la policía guatemalteca para proteger a los agentes; no obstante, policías en labores de patrullaje consultados informaron no haber recibido aviso alguno y realizar sus rondas de manera rutinaria el domingo 18.
El 22 de enero, BBC Mundo habló con Jorge Aguilar, vocero oficial de la Policía Nacional Civil, quien confirmó que se tenía conocimiento de la planificación del Barrio 18 para la toma sincronizada de las tres cárceles y el ataque en la calle.
Sin embargo, al preguntarle si se había alertado a los patrulleros sobre alguna amenaza concreta e inmediata, explicó que se les instruye diariamente a «extremar las medidas de protección personal» como parte del protocolo común, y reconoció que no hubo ninguna alerta específica previa a los ataques que causaron la muerte de diez policías.
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Todo indica que la información sobre la ofensiva circuló por distintos canales. Esto concuerda con lo detallado a BBC Mundo por una activista con más de diez años de experiencia en centros penitenciarios, quien mantiene contacto estrecho y acceso a integrantes de la «rueda», el grupo de líderes del Barrio 18.
Esta activista mostró mensajes de un mando intermedio del Barrio 18 en los que aconsejaba: por seguridad, «no se acerquen a ningún puerco» (término peyorativo para policías en la jerga pandillera), advirtiendo sobre consecuencias.
La comunicación se dio el miércoles 14 en Villa Nueva, lugar donde ocurrió uno de los ataques más graves el domingo 18, con la muerte de dos policías que custodiaban el Centro de Justicia.
Otro indicio previo ignorado por autoridades fue la suspensión, ordenada directamente por Barrio 18, de partidos de fútbol en varias ligas barriales pautados para ese domingo, una práctica común de control territorial previa a hechos violentos.
Pandilleros y veteranos de Barrio 18 explicaron a BBC Mundo que los ataques están relacionados con el traslado de sus líderes a prisiones de máxima seguridad y la precariedad de las condiciones en los penales.
No obstante, ese mismo domingo, un líder penitenciario no pandillero recluido en la cárcel de máxima seguridad Renovación 1, Mario Roberto Barneon García, publicó un video desde prisión instando a la población a derrocar mediante un golpe de Estado al presidente Arévalo.
Este personaje llevaba un chaleco antibalas con el emblema de la policía guatemalteca, el cual, según sus palabras, fue arrebatado a un agente penitenciario. Jorge Aguilar, vocero policial, señaló que la mara Barrio 18 habría financiado a este líder no pandillero para emitir ese mensaje.
¿Por qué intentan derrocar al presidente y quién estaría detrás de esto?
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¿Motivos políticos?
Un allegado al ejecutivo, que pidió mantenerse en anonimato, declaró que la postura oficial dentro del gobierno es que el ataque tiene motivaciones políticas destinadas a desestabilizar al Ejecutivo.
En línea con esto, el funcionario 1 afirmó tener pruebas de que personas cercanas a la ex primera dama Sandra Torres, fundadora y líder del partido UNE —quien perdió las elecciones presidenciales de 2023 frente a Arévalo— estarían detrás de la ofensiva atribuida al Barrio 18.
Aunque no facilitó acceso directo a esas evidencias, su testimonio refleja la dirección de la interpretación interna del gobierno.
El propio Arévalo afirmó que, incluso antes de asumir el cargo, fue informado sobre un plan para atentar contra él.
«Una fiscal del Ministerio Público nos notificó sobre una interceptación telefónica realizada en el marco de una investigación, en la que Barrio 18 discutía el encargo de cometer un atentado en mi contra».
El mandatario admitió, sin embargo, que no cuenta con pruebas suficientes para identificar a los responsables.
«Este es un fenómeno que caracteriza al Estado capturado por élites político-criminales. Se trata de un sistema de colusión donde actores involucrados en corrupción, impunidad y asuntos turbios negocian y se unen para intereses comunes en la alianza entre grupos de pandillas», expresó recientemente.
El presidente considera que estas acciones para debilitar al gobierno se han intensificado cuando se esperan transformaciones clave.
En los próximos meses se renovarán instituciones esenciales, incluyendo la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral, la renovación de la Corte de Constitucionalidad y, principalmente, el cambio en la fiscalía previsto para mayo.
Este proceso transcurre en un pulso entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, liderado por la fiscal general Consuelo Porras, a quien el gobierno acusa de usar la justicia para frenar reformas y cambios institucionales en un sistema marcado por la corrupción.
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La reacción del Estado
El Estado guatemalteco respondió el 18 de enero con una acción de fuerza moderada: una intervención rápida para retomar el control de las prisiones, combinada con la implementación de medidas excepcionales.
Las tres cárceles tomadas —Preventivo de la Zona 18, Fraijanes II y Renovación 1 (las dos últimas de máxima seguridad)— fueron recuperadas ese día mismo.
Según fuentes de inteligencia, el principal objetivo fue desarticular el motín en Renovación 1 y capturar al líder principal de Barrio 18, Aldo Dupie, conocido como «El Lobo».
El funcionario 1 indicó a este medio que la estrategia consistió en saturar el penal con gas lacrimógeno, aprovechando la condición asmática y otros problemas respiratorios de El Lobo. Se lanzó una gran cantidad de gas para forzar a los amotinados a entregar sus armas y rendirse en pocas horas.
Según esta fuente, el objetivo fue recuperar el penal sin causar bajas entre los reclusos amotinados. Todo apunta a una operación limpia: no hubo muertos ni heridos graves en ninguno de los bandos. El Lobo fue detenido y se le mostró con el rostro ensangrentado, esposado, caminando lentamente, pero sin lesiones graves.
A las seis de la tarde, el presidente Arévalo se dirigió al país por cadena nacional para anunciar la recuperación de los penales y decretar luto nacional por la muerte de ocho policías, cifra que horas después aumentó a diez.
Como medida principal, Arévalo decretó un estado de sitio por 30 días, que amplía la facultad de las fuerzas de seguridad para realizar detenciones y allanamientos, y autoriza la participación del Ejército en tareas de seguridad pública.
Esta decisión se enmarca en un contexto centroamericano donde narrativas populistas y grupos conservadores demandan medidas más severas, como las aplicadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Bukele tiene desde hace tres años y nueve meses un régimen de excepción que ha permitido capturar a más de 90,000 presuntos delincuentes, lo que ha situado a El Salvador como el país con mayor tasa de presos per cápita en el mundo.
Gracias a esa política de mano dura, se observa una pronunciada reducción en la tasa de homicidios.
Al cierre de este informe, el gobierno guatemalteco había realizado múltiples operativos policiales que resultaron en al menos 25 detenciones de presuntos miembros del Barrio 18 y uno de Mara Salvatrucha 13. Aldo Dupie fue además segregado dentro del sistema carcelario.
Sin embargo, en un hecho poco común en el contexto pandillero centroamericano, el gobierno de Arévalo señala a la esposa de El Lobo como responsable de ordenar y coordinar los ataques.
Se trata de María Marta Castaneda Torres, sobrina directa de la excandidata presidencial y principal opositora política, Sandra Torres.
Castaneda fue arrestada en agosto de 2025 y está vinculada a un proceso judicial por asesinato, tentativa de asesinato y asociación ilícita, presuntamente relacionados con ataques contra una fiscal del Ministerio Público.
El 20 de enero, como parte de las acciones gubernamentales contra Barrio 18, fue trasladada a aislamiento en el centro de detención preventiva de la base militar Mariscal Zavala, conocida como prisión VIP por albergar a reclusos de alto perfil.
Fuente de la imagen, Álex Cruz / EPA
Esta decisión fortaleció la visión del Ejecutivo de que detrás de la masacre policial y la crisis carcelaria existen actores políticos interesados en desestabilizar al gobierno.
Consultado al respecto, el vocero policial Jorge Aguilar respondió que «la policía no abordará temas políticos; eso corresponde a los políticos».
Agregó que la policía se mantiene bajo una premisa más sencilla: «Barrio 18 ataca como forma de presión para que se traslade a su líder, alias El Lobo, quien desde mediados de 2025 está recluido en el penal de máxima seguridad Renovación 1, hacia el preventivo de la zona 18».
Las versiones contrapuestas dentro del propio gobierno de Arévalo reflejan la ausencia de una narrativa unificada sobre los motivos detrás de la masacre.
El ministro de Gobernación declaró el 21 de enero que los ataques respondieron a la recuperación de los penales, afirmación difícil de sostener ya que los asesinatos comenzaron en la mañana, cuando las cárceles aún estaban bajo control pandillero.
Ese mismo día, el presidente Arévalo reiteró su hipótesis sobre la implicación de actores políticos: «Vemos que, efectivamente, hay actores detrás de esto enviando mensajes en el momento en que nos enfrentamos a un proceso para recuperar el sistema de justicia gracias a las elecciones de los próximos días», refiriéndose a la renovación de la fiscalía.
Sandra Torres, respondiendo a estas acusaciones, acudió a la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde responsabilizó al presidente de cualquier atentado contra su persona.
José Inés Castillo, diputado y vocero del partido UNE de Torres, rechazó las imputaciones y defendió a su líder.
«Es cierto que una sobrina de nuestra dirigente Sandra Torres convive con un jefe de un grupo terrorista. Pero Sandra Torres no es responsable por la conducta inapropiada de su sobrina. Además, la responsabilidad penal es estrictamente personal en este país», declaró.
La disputa política entre el Ejecutivo y otros actores estatales se ha convertido en el telón de fondo de la masacre a los policías.
Mientras se debaten responsabilidades en oficinas oficiales y ámbitos políticos, los diez agentes asesinados —dos de ellos mujeres— fueron sepultados por sus familias en distintos cementerios del país.
Las causas últimas de sus muertes continúan siendo tema de disputa.
Cambios en el mundo criminal
Las pandillas en Guatemala tienen su origen en Los Ángeles, ciudad donde surgieron y se organizaron bajo un conjunto de normas internas conocidas como el Sur.
Este código normativo (aún vigente en California) establecía reglas para los enfrentamientos entre pandillas y, en ciertos contextos, promovía una especie de alianza para confrontar a otros grupos criminales.
En Centroamérica, y específicamente en Guatemala, este pacto fue invocado por líderes pandilleros en prisiones a principios de los dos mil para confrontar las estructuras carcelarias dominadas en su mayoría por exmilitares o capos ligados al ámbito militar.
Las pandillas unieron fuerzas y lograron derrotar a esas otras facciones, eliminando a sus líderes emblemáticos y asesinando a decenas de sus seguidores.
Esta alianza llegó a su fin el 15 de agosto de 2005 en el penal de Pavón, cuando la MS13, liderada por Jorge Hair de León Hernández, alias El Diabólico, perpetró una masacre contra miembros del Barrio 18.
Desde entonces, ambos grupos han mantenido un conflicto continuo por el control territorial y venganzas, tanto en barrios urbanos como dentro del sistema carcelario.
Fuente de la imagen, Cristina Chiquin / Reuters
Sin embargo, en esta reciente ofensiva se perciben indicios de una coordinación sin precedentes entre ambos grupos, al menos mediante un pacto tácito de no agresión en medio del desorden.
El funcionario 1 sostiene que Diabólico (MS-13) y El Lobo (Barrio 18) compartieron celdas contiguas durante 2025 donde, según inteligencia estatal, alcanzaron algún entendimiento.
BBC Mundo recorrió diversas áreas de la capital, incluyendo los sitios de los ataques, donde no se constató un ambiente especialmente hostil.
El comercio seguía activo y el transporte público funcionaba con normalidad. Aunque las escuelas y universidades cerraron preventivamente el lunes 19 por orden presidencial, retomaron su actividad al día siguiente.
Durante esa visita el 19 de enero no se observó presencia policial o militar fuera de lo habitual, lo que, según vecinos, genera una sensación de abandono, descoordinación y poca respuesta estatal frente a la ofensiva pandillera.
Además, BBC Mundo constató una expansión sin precedentes del Barrio 18 en Guatemala. Barrios y zonas periféricas de la capital antes bajo control de MS-13 han pasado en meses recientes a su dominio, reconfigurando el mapa criminal nacional.
Fuentes del mundo pandillero indican que, paralelamente, decenas de integrantes del Barrio 18 han sido desplazados a ciudades fronterizas con México, movimiento que podría responder tanto a presiones estatales como a estrategias de expansión regional.
Como dato simbólico, un exmiembro de Barrio 18 señaló que los ataques se realizaron el 18 de enero, una fecha con fuerte significado dentro del imaginario de esta banda criminal.