Los dos millones de solicitudes de nacionalización en proceso, junto con las convocatorias electorales, ocasionan que miembros del cuerpo diplomático deban incluso cancelar sus vacaciones.
Los servicios exteriores españoles afrontan un desafío doble. Por una parte, la red consular lidia con un millón de expedientes de nacionalización en trámite, a los que se suman 1,3 millones pendientes de inicio. Por otra, el personal destacado fuera de los consulados debe hacer frente al trabajo adicional derivado de la sucesión de procesos electorales en España. «La carga laboral sigue aumentando considerablemente en numerosas representaciones en el extranjero, sin que se incrementen los recursos humanos disponibles. Esto implica más tareas para equipos ya saturados», denuncia la junta directiva de la Asociación de Diplomáticos Españoles en un correo enviado a sus socios, al que tuvo acceso EL MUNDO.
Según cuentan, en una reunión con el subsecretario expresaron que «diplomáticos y otros empleados públicos no hallan en las autoridades ministeriales ni comprensión, ni apoyo, ni respuestas favorables que eviten el deterioro de sus condiciones laborales, lo cual afecta tanto a nivel personal como familiar». Como ejemplo, mencionan un caso en el que un diplomático, durante las elecciones en Extremadura, fue obligado a permanecer en su destino a pesar de contar con vacaciones autorizadas y boletos comprados para visitar a su familia en España. «Desde la representación se argumentó que, debido al reducido número de potenciales votantes, el servicio durante la votación era perfectamente asumible por funcionarios y personal laboral presentes. Sin embargo, una interpretación muy restrictiva del concepto de fuerza mayor y la falta de consideración hacia otros argumentos implicaron que la solicitud del funcionario fuera denegada», detallan.
Frente a esta coyuntura, la ADE indica que durante los procesos electorales previstos para 2026 —como en Aragón y Andalucía— el personal de los Consulados generales y secciones consulares de las embajadas, principalmente los diplomáticos, «han sido informados de que no se concederán permisos durante los períodos de votación, salvo motivos de fuerza mayor debidamente justificados».
«Ya en 2024, cuando durante el primer semestre se desarrollaron cuatro procesos electorales, en los Consulados generales y secciones consulares hubo, en consecuencia, una congelación de vacaciones que duró entre tres y cuatro meses», recuerdan. Además, aseguran haber comunicado a la Subsecretaría que consideran «muy grave» la «inflexibilidad mostrada por los Servicios Centrales».