Los pensionistas han recibido en enero por primera vez el incremento de las prestaciones aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros, que ahora corre riesgo debido a la falta de acuerdo político
Las pensiones de jubilación en 2025 y su poder adquisitivo auguran un panorama preocupante para nuestros mayores.
El Congreso de los Diputados rechazó hoy la revalorización de las pensiones de 2026, provocando incertidumbre entre jubilados y beneficiarios de ayudas sociales. La propuesta, contenida en un Real Decreto-ley promovido por el Gobierno, suponía un aumento del 2,7% para las pensiones contributivas, con incrementos mayores para las pensiones mínimas y no contributivas, en un esfuerzo por preservar el poder adquisitivo de quienes dependen exclusivamente de esos ingresos. No obstante, la falta de consenso político ha impedido la aprobación de la norma, dejando en suspenso no solo el aumento de las pensiones sino también varias medidas sociales dentro del paquete que el Ejecutivo denomina escudo social.
Aunque la mayoría de pensionistas ya han recibido la actualización correspondiente a enero, la votación en el Congreso ha dejado sin validez legal la medida, lo que podría revocar los incrementos en futuros pagos si no se aprueba una nueva normativa. En la sesión de este martes, la votación parlamentaria se saldó con 173 votos favorables al Gobierno y sus aliados en minoría frente a los 177 votos en contra de PP, Vox y Junts.
Los argumentos de los partidos de oposición para rechazar el aumento se centran en el resto de medidas del paquete, que incluyen el bono social eléctrico, la prohibición de corte de suministros y la extensión de la moratoria de desahucios para familias en situación vulnerable. Este último punto ha sido especialmente polémico para PP y Junts, quienes demandan que el Gobierno presente en el Congreso la revalorización de pensiones de forma independiente y no utilice la propuesta para incorporar otras iniciativas que la oposición no aprobaría por separado. Por su parte, el Ejecutivo insta a los demás partidos a priorizar la defensa del poder adquisitivo de los pensionistas frente a intereses partidistas.
Los pensionistas aguardan un acuerdo para febrero
La negativa de la oposición a vincular el aumento de las pensiones con otras medidas sociales no es novedosa y recuerda lo ocurrido en enero de 2025, cuando PP, Junts y Vox rechazaron el decreto que incluía la revalorización de las prestaciones debido a su desacuerdo con el resto de iniciativas del paquete. Entonces, la presión negativa en la opinión pública llevó a Alberto Núñez Feijóo a rectificar y los populares finalmente apoyaron otro decreto omnibus presentado por el Gobierno semanas después. Esta nueva propuesta retomaba el incremento de las pensiones, descartando algunas de las otras medidas aunque manteniendo varias de las propuestas más controvertidas.
De este modo, el enfrentamiento entre ambos partidos no impactó en las prestaciones de los pensionistas, que recibieron el pago de febrero con el decreto convalidado. El Gobierno podría repetir esta táctica en 2026 y apostar a que el PP modifique su postura en votaciones posteriores sobre el mismo decreto o una versión fragmentada del paquete que combine medidas más aceptables para la oposición. La decisión de no presentar la subida de pensiones de forma independiente al Congreso, pese a contar con apoyos suficientes para convalidarla por separado, podría tener repercusiones para el Ejecutivo, que podría optar por presentar la medida separada del escudo social.
La falta de consenso puede anular la subida
El Gobierno tiene la facultad de aprobar nuevamente un decreto-ley con la revalorización de pensiones sola o acompañada de otras medidas en el Consejo de Ministros, pero la norma debe ser ratificada luego por el Congreso para mantener su validez legal. Por esta razón, se configura un escenario donde la negociación política será crucial y el Ejecutivo socialista puede volver a implementar el aumento en las nóminas hasta que sea rechazado nuevamente en el hemiciclo, salvo que se alcance un acuerdo con el resto de formaciones.
Aunque cualquiera de estos escenarios genera incertidumbre y preocupación entre los pensionistas, la posibilidad que más inquieta a este colectivo es llegar a la fecha del próximo pago, usualmente en los últimos diez días de febrero, sin que haya una subida vigente por decreto ni un acuerdo definitivo de aprobación en el Congreso. Si el Gobierno no consigue una solución en las semanas siguientes, los beneficiarios de pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social recibirán el importe correspondiente a 2025, lo que no contempla la pérdida de poder adquisitivo causada por la inflación acumulada en los últimos doce meses. Esta situación se mantendría hasta que el Ejecutivo consiga el consenso parlamentario; sin embargo, la actualización retroactiva de las cuantías desde enero debería compensarse posteriormente.