La asociación de consumidores denuncia que la normativa actual solo protege a los usuarios en emergencias de protección civil declaradas tras detectar fuertes incrementos en vuelos y trenes
La tragedia ocurrida en Adamuz, donde la colisión de dos trenes ha causado decenas de muertos y heridos.
El desastre ocurrido el domingo por la tarde en Adamuz (Córdoba) ha causado decenas de fallecidos, varios heridos y un caos ferroviario que ha afectado a miles de pasajeros en los días recientes. La asociación de consumidores Facua ha alertado sobre los aumentos de precios detectados en otras alternativas de transporte y ha exigido al Gobierno reforzar la protección de los usuarios mediante legislación ante estos abusos. Rubén Sánchez, portavoz de la organización, ha criticado que algunas compañías se están beneficiando “de manera miserable” para incrementar sus ganancias y pide una reforma normativa que no limite la prohibición de aumentos únicamente a emergencias de protección civil declaradas.
Hasta ahora se han contabilizado 41 muertos y 13 heridos ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI) debido al choque entre un tren de Alvia que circulaba en dirección a Huelva y varios vagones de un convoy de Iryo descarrilado en la vía contigua mientras realizaba el trayecto Málaga-Madrid.
Después de que se conociera la noticia del siniestro, se desató una oleada de retrasos y cancelaciones en líneas ferroviarias de toda España, con especial impacto en Andalucía y sus conexiones con la capital. Muchos usuarios se han visto en la necesidad de modificar sus planes de viaje y buscar alternativas de transporte, provocando un aumento considerable en la demanda de otras rutas ferroviarias, autobuses, vuelos y alquiler de coches. Frente a esta situación, algunas empresas aprovecharon para elevar los precios de los billetes.
La ley excluye accidentes como el del domingo
Desde Facua, exigen al Ministerio de Consumo una reforma en el artículo 20 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el fin de evitar estos aumentos abusivos en situaciones de tragedia, urgencia o necesidad. La asociación denuncia que, desde el pasado domingo, se han detectado subidas significativas en los precios de los servicios de transporte. Sin embargo, estas prácticas no son ilegales bajo la normativa actual, dado que no se ha declarado una emergencia de protección civil.
La regulación vigente se fundamenta en el Real Decreto Legislativo 1/2007, que aprueba el texto consolidado de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Su última modificación fue tras la dana de 2024, cuando se introdujo la prohibición de incrementar precios de forma automatizada en contrataciones online siempre que se declare oficialmente una emergencia de protección civil, según la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta legislación define como tal cualquier “situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos» para evitar que evolucione a una catástrofe, definición que excluye el siniestro de Córdoba.
Facua considera que esta prohibición es insuficiente y demasiado restrictiva, ya que limita la protección al consumidor a escenarios muy específicos. Por ello, la organización propone mejorar y complementar la ley para que la prohibición de incrementos abusivos se aplique no solo ante emergencias de protección civil declaradas, sino que abarque cualquier tipo de contrato, ya sea online o presencial.
Control de precios ante la “especulación”
Otras asociaciones y fuerzas políticas también se han sumado a las reclamaciones de usuarios en redes sociales y han denunciado el aumento de precios en un contexto de gravedad. José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha solicitado establecer “un control de precios”, afirmando que “el libre mercado debe suspenderse en tiempos de catástrofe” y promoviendo sanciones para las empresas que incurran en estas conductas. El candidato a la Presidencia de la Junta de su partido ha señalado incrementos de hasta 300% o 400% en aerolíneas y menciona costes de “300, 400, 500, 600 euros” en alquiler de coches entre Andalucía y Madrid, debido al corte de la línea de alta velocidad, que seguirá vigente al menos hasta el viernes 23 de enero.
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Por su parte, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y candidato de Por Andalucía, ha declarado que su formación buscará combatir esta clase de “especulación en el transporte” mediante una iniciativa parlamentaria.
Varias empresas han comunicado refuerzos en sus servicios para atender el incremento de demanda tras la tragedia, destacándose Renfe, Alsa, Socibús, Air Europa e Iberia. Esta última además se ha comprometido a establecer límites de 99 euros en los precios de sus billetes de clase turista para evitar subidas excesivas.